Luis G. Álvarez Tostado

En las últimas semanas se ha reiniciado la discusión respecto a los sueldos de la burocracia, en este sentido es oportuno realizar una serie de consideraciones que generalmente se desconocen por la opinión pública en general, partiendo del hecho que desató la discusión.

El origen de la nueva discusión de la Ley de Salarios Máximos de los Servidores Públicos se dio por la pretensión de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), de igualar su salario a los salarios de los magistrados, que sería pasar de 166 mil pesos mensuales a 330 mil pesos mensuales, es decir, un incremento del 98 por ciento. Si bien es legalmente correcto este incremento, pues el artículo 41 Constitucional dice al hablar de los consejeros electorales que "...La retribución que perciban será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación...", es socialmente una inmoralidad, entendida esta como que pocos trabajadores tienen la posibilidad de definir sus incrementos y el solo importe es una ofensa para más del 90 por ciento de los mexicanos, además, en una época de crisis lo que necesitamos es mantener nuestros empleos y no pensar en aumentos ofensivos.

Los consejeros del IFE no son del todo culpables, sino en general la clase política del país, que en 1994, cuando se iniciaba el fortalecimiento de este órgano autónomo, definieron el artículo 41 Constitucional, al final fue la misma Cámara de Diputados en otros tiempos quien dictaminó este nivel salarial. Este hecho hizo que los que definen la agenda pública y la sociedad en general se indignaran, y pensaran que los tabuladores salariales de todo el Gobierno están en estos niveles.

Esta discusión tampoco la podemos sacar del contexto político de las elecciones de diputados federales a mediados de este año, pues es un tema que interesa y muchas veces ofende a la sociedad, por lo que la tajada de beneficios políticos se los quieren llevar tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dejando mal parado al Partido de Acción Nacional (PAN).

Un documento de trabajo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de 2002, "Los salarios de los altos funcionarios en México desde una perspectiva comparativa" de Laura Carrillo Anaya y Juan Pablo Guerrero Amparan, sugiere que los altos servidores públicos en México son quizás los mejores pagados en el mundo cuantificando las remuneraciones en dólares, solo el Presidente de la República estaría por debajo de los de Estados Unidos, pero los secretarios, subsecretarios y directores generales de entidades serian los mejores pagados en el mundo.

Nuestro razonamiento sugiere que si se realizará el mismo estudio en la actualidad, los resultados cambiarían drásticamente, dado los tres siguientes argumentos, primero desde 2002, durante el segundo año de la Administración Fox, se congelaron los sueldos tabulares de nivel jefe de departamento hasta el del Presidente de la República, es decir, no ha habido un solo incremento en ocho años, segundo; la actual administración ordenó dentro de las medidas de austeridad, disminuir los sueldos de los cinco niveles superiores incluyendo el del Presidente, tercero; la devaluación hace que el poder adquisitivo de los pesos disminuya y al convertir los salarios de pesos a dólares estos son mucho menores. Es un hecho que los burócratas federales han sufrido una disminución en términos reales de sus salarios e inclusive muchos hasta en términos nominales, por lo que la generalización de que los burócratas ganan mucho dinero es arbitraria e irreal, por ejemplo un jefe de departamento gana un mínimo en 2009 de 12 mil 822 pesos, cuando en el 2002 el mínimo era de 14 mil 200, pesos de acuerdo a los tabuladores publicados en el Presupuesto de cada uno de estos años.

Algunas hipótesis que dejó ver el estudio del CIDE, habló de que los salarios son altos por la política de combate a la corrupción, es decir, si los magistrados ganan mas de 300 mil pesos, es para que su costo por ser corruptos sea muy alto y así se intente evitar caer en estas prácticas. Otra hipótesis es que existe una competencia en el mercado laborar entre los sectores publico y privado por llevarse a los mejores hombres a sus filas, lo cual es cierto, pero no justificaría por sí misma los altos salarios y por último la concentración del trabajo y responsabilidades en muy pocas manos. Las conclusiones del documento sugieren que la incertidumbre laboral de la alta función pública y la falta de mecanismos para medir el desempeño son lo que explican los altos salarios. De lo anterior se desprende que un sistema profesional y basado en resultados, permitiría evaluar mejor el costo beneficio de los pagos a la alta burocracia y en este sentido, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y; La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, abonan a tener mejor definida una curva salarial de acuerdo a responsabilidades y resultados.

Por lo anterior si los diputados sacan a los entes autónomos como Poder Judicial, IFE, Banco de México, INEGI, etc., deja de controlar a los que realmente ganan mucho más que el Presidente, que son los que en muchos sentidos pueden autodefinir sus sueldos y prestaciones, en la Administración Pública Federal léase Poder Ejecutivo no hay quien gane más que el Presidente de la República, por lo tanto se cumple con el criterio del tope salarial indicado por el Congreso de la Unión.

gerardo_tostado@yahoo.com.mx