José Carlos Aviña

Ciudad de México.- La reforma al Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) es inconstitucional, antidemocrática y antirrepublicana, coincidieron especialistas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En la mesa de análisis sobre las reformas al Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, investigadores de diversas instituciones como la UNAM, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Info-DF), alertaron sobre los riesgos que implica dicha reforma, misma que considera reservada la información de las averiguaciones previas realizadas por el Ministerio Público Federal, aun cuando hayan concluido, hasta por un periodo de 12 años.

En la primera mesa, moderada por el comisionado ciudadano presidente del Info-DF, Oscar Guerra; el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, descartó que el acceso a la información pública "derrote" la presunción de inocencia o afecte el derecho a un juicio imparcial.

Jacqueline Peschard, comisionada del IFAI, puntualizó que dicha reforma impide conocer el desempeño del Ministerio Público Federal y deja fuera del escrutinio ciudadano a quienes realizan las indagatorias en torno a los delitos del orden federal.

Estimó que las modificaciones planteadas por el Ejecutivo Federal, fueron hechas "a modo", como respuesta al criterio que estaba aplicando el IFAI en materia de transparencia de las averiguaciones previas.

A su vez, José Antonio Caballero, director de la División de Estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que en las averiguaciones previas que se inician y no derivan en el ejercicio de la acción penal puede haber ocultamiento de información y complicidad.

Propuso que para el acceso a la información pública en el caso de las averiguaciones previas se establezcan bases para que se pueda estudiar caso por caso a fin de que se valoren las condiciones y alcances que pudiera tener dicho acceso.

Jorge Islas López, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM , comentó que la reforma es una reacción institucional de actores interesados en defender y proteger los derechos sustantivos relacionados con la transparencia y el acceso a la información, como la intimidad y a la privacidad.