Carlos Loeza Manzanero

A La Memoria de Julio Hernández Pérez

El presidente Calderón comienza a mostrar la definición de su estilo de gobernar, hacer más que decir, lo que resulta excelente para las condiciones del país, que no necesita discursos sino acciones. Un ejemplo es el operativo de seguridad instrumentado en el estado de Michoacán donde se concentra a las diversas fuerzas del orden público para hacer frente al narcotráfico, alejándose de la tradicional mecánica de que cada cuerpo de seguridad atiende casos específicos.

Otro ejemplo lo representa la decisión de dar marcha atrás a las disminuciones de presupuesto a la educación superior, lo que denota la convicción de que se identifica a la educación como un instrumento indispensable para mejorar las condiciones de desarrollo del país.

En ese camino las expectativas se convierten en esperanzas fundadas para que se avance en aquellas medidas que resultan indispensables e impostergables para que este país continúe por la ruta de la gobernabilidad y con el objetivo preciso de que tienen que mejorar las condiciones de bienestar de la población.

Son muchos los retos, pero aquel que podrá definir el éxito o el estancamiento de los propósitos de gobierno, de política económica y de la población en su conjunto, es que mejore de manera sustantiva la disponibilidad de recursos para financiar aquellas actividades que resultan de la más alta prioridad para los mexicanos.

Todo ello en un contexto adverso, donde los precios del petróleo serán en 2007 menores a los observados el año previo, la desaceleración de la economía norteamericana, de la cual la nuestra tiene una dependencia excesiva aunado al incremento continuo de presiones de gasto que obligan a reorientarlo bajo el propósito de gastar mejor, pero que resulta insuficiente porque además se requiere también gastar más.

Si a ello le agregamos la enorme dependencia de las finanzas estatales respecto de las transferencias federales, la estrechez presupuestal del nivel federal arrastra consigo el comportamiento de las entidades federativas.

Un ejemplo de ello es que las participaciones federales a entidades se proyecta que registren una disminución en términos reales del 5.8 por ciento en el 2007; asimismo una reducción del 32.4 por ciento en el fondo de aportaciones para seguridad pública, cuando esta es una de las metas prioritarias de la actual administración, así como el estancamiento que está proyectado registren las aportaciones para la educación básica.

Y es en ese contexto donde se hace indispensable que entidades y municipios se sumen al propósito de incrementar de manera significativa los ingresos públicos; fortalecer las haciendas públicas es labor de los tres órdenes de Gobierno, no de uno solo y seguramente que la estrategia para tal objetivo contemplará ese esfuerzo conjunto.

Hace cuatro años se analizó detenidamente entre entidades federativas y el Gobierno federal una posibilidad de rescatar mejor posición para las haciendas públicas locales a través de lo que entonces se denominó el impuesto a las ventas, que implicaba que la tasa del IVA del 15 por ciento se distribuyera en dos partes, 13 o 12 puntos para el Gobierno federal y dos o tres puntos para las entidades que lo recaudarán.

Ello propiciaría un esfuerzo de los gobiernos locales para procurar una mejor y mayor recaudación de ese impuesto, un real y eficaz combate a la evasión en el pago del impuesto al consumo y la discusión se centraba en que el monto equivalente que hasta ese momento dejaría de percibir el ámbito federal sería compensado vía participaciones, lo que daría lugar a que el esfuerzo local más allá de compensar la merma en sus participaciones, alcanzará un ingreso adicional que mejoraría su posición financiera.

Pero la teoría no llegó a la praxis, predominaron intereses más de orden político que técnico y no se pudo concretar. Valdría la pena reflexionar nuevamente ese planteamiento, que más allá del monto que se excede de recursos para las entidades, que plantea ese esquema, en realidad el propósito de fondo era lograr una concertación entre los diferentes niveles de Gobierno para incrementar sustancialmente la recaudación tributaria, lo que es la esencia de la colaboración administrativa entre órdenes de Gobierno.

Avanzar hacia una reforma fiscal no tiene otro camino que la concertación con esos propósitos, de Federación, estados y municipios, donde quede establecido que los tres saldrán beneficiados de manera simultánea y dejar atrás el esquema de que primero la Federación recaude más, con el apoyo de los otros órdenes de Gobierno y después les distribuya una proporción.

Avances reales en la práctica, como es el caso de que hay acciones concretas ya de revisar los regímenes especiales de tributación, un ejemplo es el caso de la revisión del impuesto sobre la renta, que se incrementará en 2007 para el sector primario.

Insisto, acciones y no palabras es el nuevo estilo, se celebra y genera esperanzas. Hagamos lo que corresponde a cada uno de nosotros.

Director de la Revista Economía y Democracia

carlosloeza@economiaydemocracia.com.mx