Miguel González Ibarra

Dentro de las medidas que ha dado a conocer el nuevo Gobierno para recuperar la competitividad e impulsar el crecimiento económico y el empleo, comienza a generar una gran discusión entre los especialistas, la decisión de reestructurar la banca de fomento. Al respecto, es necesario señalar que no es la idea de reestructurar lo que genera las discrepancias, sino las acciones que se han comenzado a tomar y la concepción misma de lo que debe ser una banca de desarrollo.

Desde hace más de un década y media, se maniató a la banca de desarrollo con el argumento de que competía inequitativamente con la banca comercial. Al relegarla a operar sólo en el segundo piso, sin contacto directo con los usuarios de los servicios financieros, la hizo depender de un sistema bancario comercial ineficiente y con poco interés en trabajar con la banca de fomento.

De tal manera, la exigencia política que se dio en la primera mitad de la década de los noventa de apoyar a un creciente número de pequeñas y medianas empresas, la llevó a generar intermediarios financieros en forma desmesurada y sin un control adecuado, lo cual condujo a que las más importantes instituciones de fomento económico del país, NAFIN y Bancomext, sufrieran serios quebrantos.

El Gobierno foxista decidió poner ambas instituciones, así como a Banobras, en manos de funcionarios que no contaban con experiencia ni formación en materia de banca de desarrollo. El resultado ha sido que la primera se convirtió en un gran factoraje, mientras que la segunda sirvió, en principio, como agencia de viajes de su primer director y, posteriormente, se sujetó a un estricto programa de saneamiento y reducción de su operación. Por su parte, Banobras fue sólo un reducto de tipo político.

En cambio, en lo que respecta a Banrural; se decidió cerrarlo para dar origen a la Financiera Rural, que, con una nueva visión pretende comenzar a generar una cultura de pago y un sistema financiero rural. Asimismo, se transformó al Patronato del Ahorro Nacional en el Banco de Servicios Financieros que busca impulsar las organizaciones dedicadas al financiamiento popular, mientras que el Fovi, fideicomiso para apoyo de la vivienda que administraba Banco de México, dio pie a la Sociedad hipotecaria federal. Estas tres instituciones marcan los inicios de la reestructuración de la banca de desarrollo del país, con la gran ventaja que han sido manejada por una nueva generación de banqueros comprometidos con el fomento de las actividad que se les encomendó.

Los siguientes pasos en materia de la reestructuración, desgraciadamente, no son tan nítidos como las acciones emprendidas hasta ahora. La idea de fusionar a Nafin y Bancomext, si bien redundaría en una mayor eficiencia operativa y rentabilidad financiera, no deja claro cuales serían los objetivos y metas de desarrollo económico que tendrían asignados.

La preocupación anterior surge por la falta de cumplimiento de sus objetivos originales dado la miope conducción que se les ha dado en los últimos seis años. De tal manera, más que escuchar solamente la opinión sobre la pretendida fusión de los banqueros centrales, sean estos del FMI o de Banxico, así como de la banca comercial, es necesario prestar atención a lo que señalan respetables especialistas en banca de desarrollo, como es el caso de Francisco Suárez Dávila y de Arturo Ortiz Hidalgo.

Para el primero, la solución planteada es un retroceso que va en contra de lo que sucede otros países, incluso en Estado Unidos que cuenta con un banco para atender a Pymes y otro, Eximbank, para apoyar su comercio exterior. Adicionalmente, señala Arturo Ortiz Hidalgo, Nafin no ha desempeñado completamente sus funciones, tales como las de agente financiero y habría que agregar que tampoco las de fomento a nuevos negocios con capital de riesgo. En lugar de ello, el Gobierno foxista se dedicó a crear innumerables fondos y programas que compiten con las funciones que deberían desempeñar, por su parte, cada uno de estos bancos de desarrollo. En virtud de lo anterior, la defensa de la banca de desarrollo debería de fincarse en redefinir claramente las funciones entre ambas instituciones para evitar duplicaciones, concluye Arturo Ortiz Hidalgo.

Así como hasta ahora, el presidente Calderón parece anuente a rectificar en el caso de los recortes planteados en educación y del descalabro que pretendía infringirle a la UNAM, cabría esperar que también se muestre sensible a las opiniones de los que saben sobre banca de desarrollo en el país.

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