Juan Pablo Arroyo Ortiz

Los hechos dicen más que las palabras, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007 se muestran las intenciones del proyecto de gobierno, bajo un discurso que nunca ha dicho mentiras, pero sí, tal vez, verdades a medias. Los incrementos notables, por no decir los únicos, son en seguridad pública y en el Ejército y la Marina. Las reducciones son a todo lo demás, pero de manera especial se ajusta a las grandes universidades públicas, a las comunicaciones y transportes, a las comunidades indígenas y al campo.

El proyecto de reducir la presencia del gobierno pasa por considerar a las universidades públicas como instituciones que son ajenas al Estado. Es conocida la tesis de que la responsabilidad del Estado se acaba en la educación básica. La reducción también significa que la construcción de carreteras no es asunto público, sino responsabilidad de la iniciativa privada, llámese a esto ciudadanos o empresas. La inversión en la producción agrícola, en la productividad y en el desarrollo de localidades rurales también son asuntos a los que no se les deben dedicar recursos públicos. ¡Ah!, y a los indígenas para que más, si eso es populismo.

En la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación se trazan las líneas generales de lo posible que marca el proyecto de lo necesario. Nunca con los ingresos y el presupuesto anual se acaba con los problemas, mas aun si éstos son de carácter estructural que requieren soluciones en un horizonte lejano.

No obstante, se delinean las intenciones en el largo plazo, en la medida que el diseño de un presupuesto es parte de un proyecto más amplio y, como se ha dicho en este caso, se espera una perspectiva hasta el año 2030.

En el fondo falta un acuerdo nacional sobre el papel que las universidades, como el trabajo en el campo, el de la infraestructura y otros temas, en el desarrollo nacional, se confrontan dos concepciones sin decirlo explícitamente, en el caso de la educación superior finalmente se aprovechan algunos porque son "autónomos" y el gobierno teme pedirles rendimiento de cuentas, porque puede descubrir sus intenciones de dejar al mercado la formación de cuadros profesionales.

En todo caso se ven dos asuntos muy claros, las fuerzas armadas reciben estímulos positivos, incrementos de salarios y más equipo y tal vez más tropas. Nadie dice que no sea necesario. En cambio a las universidades públicas estatales apenas se les incrementan en dos por ciento sus recursos, a las grandes de carácter nacional, como son el IPN, la UAM y la UNAM se les hace una rebaja muy fuerte.

La respuesta a los reclamos de insuficiencia y de las ofensas de alguno de diputados incultos es que se constituyen dos comisiones para revisar las formas en el financiamiento y los problemas estructurales de las universidades, que se verán en las perspectivas de la evaluación y la valoración de su eficiencia, en calidad de sus egresados, cantidad de estudiantes que terminan y su grado de calificación en el marco de las competencias profesionales.

Para ello, ¿qué tipo de universidad requiere el que hizo el presupuesto?, ¿cómo se medirán los rangos de eficacia, eficiencia y calidad? Desde hace unos meses la propia Secretaría de Educación acota los proyectos de evaluación educativa y limita la libertad de publicación de información de calidad del sistema de educación secundaria. Si no son las intenciones de la nueva secretaría, deberá deslindarse precisamente de anterior secretario.

Muchos universitarios sabemos que las evaluaciones tan amplias y generales como la del TIMES de Londres, son bastante subjetivas e injustas para comparar los diversos tipos, tamaños y proyectos de universidades de un universo tan complejo como el de la instituciones de educación superior de México.

Antes de recortar presupuestos y condicionar los proyectos, las autoridades federales y estatales deben ser claras al definir cuál es su proyecto y sus intenciones ante las comunidades universitarias. Pero también las autoridades y comunidades universitarias deben definir cómo es que están cumpliendo en cada campo de conocimiento con sus tareas de enseñanza, investigación y desarrollo de la cultura.

Tanto el Gobierno federal como las autoridades universitarias deben rendir cuentas y mostrar intenciones y avances en sus metas de desarrollo, en algunos casos de los más grandes concluirán su período sin mostrar compromisos y responsabilidades con un proyecto de desarrollo.

jparroyo@servidor.unam.mx