Sixto Roman

Culiacán, Sinaloa.- El Consejo Estatal de Seguridad Pública lanzó un pronunciamiento que contiene el diagnóstico que hacen los órganos sociales y del sector productivo sobre la violencia y la inseguridad, donde concluye en siete propuestas básicas y de necesario cumplimiento por parte de los niveles gubernamentales que aparecen al frente de estas acciones. Plantea, entre otras medidas, una reestructuración integral y a fondo de las instituciones de la cadena de Seguridad en Sinaloa.

Carlos Morán Dosta, y Alfredo Higuera Bernal, coordinador y secretario ejecutivo, respectivamente, del Consejo Estatal de Seguridad Pública, hablaron sobre el tema, acompañados de dirigentes de organismos empresariales, de abogados y ejecutivos de ventas en el centro del Estado.

La solución es de todos y en función del análisis hecho en forma colectiva, alcanzaron una serie de conclusiones ante la imperiosa necesidad de que las instituciones asuman conciencia de la responsabilidad que les alcanza, por el estado delicado en materia de seguridad y que "desde fines de abril de este año se han agudizado, no obstante los esfuerzos institucionales muy importantes pero no han arrojado los resultados deseados", dijo Higuera Bernal.

A su vez, planteó la urgencia de tender una base de unidad social para fortalecer ese frente único y sólido que se debe construir. El fenómeno de la delincuencia no es irrefrenable y como fenómeno social, tiene vías de solución.

Los puntos del pronunciamiento ya fueron emitidos a la Coordinación General, donde participan las autoridades y la parte ciudadana, de modo que ya se ha pulsado la respuesta.

Va dirigido a las regiones del Estado a donde han alcanzado los efectos de la violencia, incluido Mazatlán y Guamúchil, a donde ha alcanzado la ola delictiva y sus secuelas han producido impacto más allá de los territorios propios.

Se compone de puntos muy precisos: El primero indica que "a dos meses de iniciado el Operativo Culiacán-Navolato, si bien ha habido resultados en decomisos de armas y drogas y aprehensiones (sic.) de presuntos delincuentes, los homicidios dolosos se han multiplicado en una proporción nunca antes vista, incrementando la percepción de inseguridad que impera entre nosotros".

El segundo punto solicita que las autoridades responsables revisen de inmediato las estrategias y las acciones del Operativo, y que apliquen de inmediato medidas para mejorar su efectividad y celeridad de respuesta, además atender el equipamiento y entrenamiento de los policías. Reconocen en el documento que el combate a la delincuencia organizada es sumamente complejo, pero no impide encontrar alternativas de operación que permitan restablecer la tranquilidad ciudadana.

En el punto tres, eleva el total rechazo a los criminales, "responsables directos de los numerosos asesinatos que enlutan a las familias y sobrecogen a la sociedad..." Enseguida lanzan la invitación a la sociedad para mantenerse unida frente a los retos de la delincuencia y "a rechazar de plano todas aquellas actividades que nos desunen o conllevan riesgo y daño para la población y para la vida social".

El quinto punto plantea una coincidencia "con los planteamientos de la sociedad en su exigencia a las autoridades del mayor respeto a los derechos humanos y la protección de los ciudadanos y de sus bienes".

Reiteran su respaldo a las instituciones, a los integrantes de las fuerzas del orden y muy especialmente al Ejército Nacional. "La crítica de la ciudadanía a los errores en el Operativo no implica un rechazo generalizado al mismo, sino nuestro deseo de que se supere, se profundice y se haga más efectivo contra los delincuentes y más protector de los ciudadanos, de los policías y de la ley".

Concluye con la urgente necesidad expuesta, de que se reestructure integralmente y a fondo, las instituciones de la cadena de seguridad en Sinaloa.

Luego desglosa de manera general "el programa de las Diez Acciones para la Seguridad en Sinaloa, cuya implementación debe acatarse":

Habla primero de la exigencia de orden y respeto a nivel municipal, que todos los ayuntamientos operen en esa dirección. Cita programas preventivos y pondera el "Programa Suma, con cobertura de cincuenta mil personas. También plantea renovar a la Policía Estatal Preventiva; el mejoramiento de la seguridad y reordenamiento del sistema penitenciario; renovar el instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública; el sexto punto es la transformación de la Policía Ministerial en la Agencia Estatal de Investigaciones, a nivel de sus tres unidades especiales, que son la de Investigación de Homicidios Dolosos, la de Delitos Patrimoniales y la Unidad de Asuntos Internos; también mejorar la Red Estatal de telecomunicaciones; otro es la atención al Poder Judicial; el noveno punto es el Marco Legal y al final, la cooperación con el nivel federal.

Dijo Morán Dosta que estos puntos ya fueron expuestos al Consejo de Seguridad y sólo se pide acelerar y cumplir en los aspectos de su mejor aprovechamiento.