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  * Funcionan perfectamente los medios de difusión de delincuentes

* Fallan las campañas de prevención del delito antidrogas

* Surgió una nueva clase social: los estafadores oportunistas

Cuando policías y militares corruptos e ignorantes pretenden combatir a criminales bien organizados, mejor armados y con un adecuado manejo de la tecnología, es inevitable el fracaso de las autoridades supuestamente garantes de la seguridad pública.

El descrédito de los cuerpos policiacos es mayor si a esas fuerzas anticrimen infiltradas por delincuentes se les destinan más recursos que al combate a la pobreza, a incentivar el pequeño comercio o para la generación de nuevas fuentes formales de trabajo, origen de la desigualdad en el país.

Antes de que Felipe Calderón enviara al Ejército a las calles a combatir el crimen organizado y el narcotráfico, debió formar corporaciones de seguridad efectivas, en las que confiara el pueblo y transparentes en el manejo de los recursos públicos. Pero tenía mucha prisa en apoyarse en los militares.

Resulta sorprendente que los cárteles de la droga, sin gastar un peso en "reconocidos publicistas", difundan por internet mensajes a sus cómplices, amenazas a sus enemigos o advertencias al pueblo y tengan más impacto que las millonarias campañas en radio y televisión para la prevención del delito y consumo de drogas que el Gobierno de la República implementa anualmente sin ningún resultado positivo.

El FBI rastrea los comunicados que Al Qaeda difunde al través de "you tube", "google", "wikipedia" o correos electrónicos. Lo mismo hace el Gobierno español que evita la difusión de avisos de ETA por internet. Los colombianos restringieron la entrada a páginas de acceso libre. También se han desarticulada bandas de pedófilos, tratantes de blancas o de traficantes de drogas.

En México, "La Familia", "Los Zetas", los cárteles de Juárez, de los Arellano Félix y otros delincuentes, utilizan descaradamente los mismos medios sin que nadie (ni el Cisen) registre el uso que se le da a la tecnología.

A diario, los televidentes se enteran de funcionarios públicos asesinados, secuestrados, amenazados, cooptados por el crimen organizado o de grandes golpes delincuenciales. De los cuerpos policiacos y militares, el pueblo únicamente sabe de abusos de autoridad, violaciones, robos y homicidios.

¿Acaso ya fueron encontrados, detenidos, enjuiciados y encarcelados los responsables de lanzar dos bombas molotov la noche del 15 de septiembre de 2008 en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, o de los 16 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez el mes pasado o los ejecutores de los 16 mil 628 acribillados en lo que va de este sexenio?

A pesar de que este año se dispusieron más de 103 mil millones de pesos para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la impunidad con la que operan los delincuentes es vergonzosa. Utilizan el ciberespacio y también las plazas públicas a plena luz del día.

La mañana del viernes pasado en el centro de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, un grupo de personas repartieron un comunicado fechado el 1 de marzo, con el escudo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la rúbrica del general destacamentazo en la zona, Jorge Zermeño Arrichaga, supuestamente dirigido a los gobernadores de ese estado y de Tamaulipas informando de la implementación del toque de queda a partir de esa noche.

El pánico entre los neoleoneses cundió de inmediato. Ni las recomendaciones de la Sedena para hacer caso omiso al documento, que resultó ser apócrifo, calmaron al pueblo. El temor de un posible ataque nocturno prevaleció porque el pueblo sabe de cierto el alcance de las amenazas de los delincuentes y la incapacidad de las autoridades para prevenir agresiones contra la población.

Los comerciantes, empresarios, agricultores y ganaderos son víctimas de extorsiones a cambio de protección. Mensualmente, los criminales pasan por su cuota y, en caso de no cumplir, asesinan a las familias.

Expertos criminalistas aseguran que, si bien es cierto que la delincuencia organizada es un grave flagelo que corrompió las estructuras de Estado y a la sociedad, también surgió un nuevo grupo de oportunistas que abusan del pánico ciudadano, que no pertenecen a ningún cártel de la droga ni banda de secuestradores o sicarios, pero que hicieron del soborno y la extorsión un modo ilícito de vida. Los sociólogos los llaman "oportunistas estafadores".

Por la falta de rumbo económico, la debacle política, la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en sus gobernantes, la desconfianza popular a los cuerpos policiacos, así como la impunidad de los criminales y la inseguridad hicieron de México una Nación en franco retroceso.

Nadie quiere ser fatalista pero tampoco nadie augura un buen desenlace.

mejido@elsoldemexico.com.mx