Opinión / Columna
 
Juan Ramón Camacho Rodríguez 
Educación, boletines y comparecencias
El Heraldo de Chihuahua
25 de junio de 2015

  Juan Ramón Camacho Rodríguez

Mientras los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaban que la evaluación a los maestros es constitucional y, por lo tanto, los amparos respectivos son improcedentes, una comparecencia estaba por realizarse en el Congreso, la cual fue motivada por un comunicado oficial del Gobierno Federal en materia educativa.

El famoso y breve boletín de 33 palabras sobre la suspensión indefinida del proceso de evaluación a los docentes, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no tiene ni tendrá consecuencias jurídicas, según el titular de la dependencia federal. Y es que, para ciertos legisladores, con dicho boletín se había vulnerado la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

Pero ese comunicado del 29 de mayo pasado era sólo el pretexto para que legisladores de oposición cuestionaran al abogado Emilio Chuayffet y a la consejera presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes, quien dijo que ya se contemplaba la posibilidad de interponer una controversia constitucional a través de los abogados de dicho instituto, pese a la insistencia del secretario de que no existía violación alguna.

No proceden los amparos interpuestos por algunos docentes ante el proceso evaluativo al que serán sometidos. La evaluación docente es constitucional, y ella se enfoca principalmente en los derechos de los niños, anteponiéndolos a los derechos laborales de los maestros. Los niños tienen el derecho primordial a una educación de calidad, y para ello necesitan a los mejores profesionales en las aulas.

Lo sobresaliente en este aspecto de la Reforma Educativa y de la Ley General del Servicio Profesional es el avance en el sentido de que ya no será la lealtad política o el activismo sindical los "méritos" que permitirán al maestro avanzar hacia mejores ingresos en el desempeño de su misión. Serán, sí, las habilidades, destrezas y conocimientos del maestro frente al grupo los que determinen su permanencia y promoción dentro del sistema educativo.

Cierto que merecen mejor salario quienes mejor trabajen, como lo afirmó en su comparecencia el secretario Chuayffet; pero no deja de ser cuestionable el arranque del proceso evaluativo con el cual se piensa determinar quién es el profesor que trabaja mejor. Es cuestionable el inicio de la evaluación no por la suspensión atrabancada en vísperas de las elecciones, sino en su consistencia, en sus indicadores, en sus instrumentos.

Chuayffet, con gesto triunfante, anuncia la muerte del sistema escalafonario magisterial al que muchos hemos considerado como injusto, ciertamente. Y, además, el secretario señala que estos concursos de promoción en el nivel básico están realizándose de acuerdo a lo planeado por la Reforma Educativa; "son los primeros previstos", contestó a los legisladores, a quienes le dijo: "Con estos concursos murió el sistema escalafonario anterior".

El funcionario federal formuló una pregunta cuando se le cuestionó sobre los movimientos magisteriales disidentes en algunas entidades federativas: "¿Quién es el patrón en la educación nacional?". De inmediato contestó él mismo: "Si es la SEP, entonces estamos en un retroceso". Y así se zafó del señalamiento sobre su responsabilidad en esa problemática, complementando que no se puede dar marcha atrás en la descentralización de la educación.

Este tema de la evaluación docente en el marco de una Reforma Educativa traerá más discusiones; el debate apenas comienza y, seguramente, en las siguientes semanas y meses atestiguaremos confrontaciones por el simple hecho de que es sólo el inicio de un proceso inquietante que da para muchas interpretaciones.
 
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