Mario Mora

Aguascalientes, Aguascalientes.-Es inaplazable despresurizar el ambiente que reina en los centros penitenciarios de la entidad, como resultado del hacinamiento, por lo cual debe analizarse si es necesario o no contar con un reclusorio más en esta entidad, expresó el diputado Juan Antonio Martín del Campo-Martín del Campo, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la LX Legislatura.

Como parte del paquete presupuestal 2009 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado de Aguascalientes para su análisis, el legislador local panista apuntó que dentro de los rubros que se contemplan para el presupuesto de seguridad y obra pública entre otros, se debe hacer un estudio a detalle para considerar si es necesario o no, contar con un reclusorio más en la entidad.

Señaló que se debe hacer una valoración de los recursos etiquetados dentro del rubro de seguridad, para ver si se contempla la edificación de más reclusorios, y de ser necesario realizar las adecuaciones, o ampliaciones correspondientes en las instalaciones de las cárceles.

El representante popular indicó que se debe disminuir el número de presos que se encuentran recluidos a falta de recursos económicos para el pago de una fianza y están cumpliendo penas por delitos no dolosos, ya que en muchas ocasiones se trata de personas de escasos recursos.

El constante crecimiento de la población penitenciaria es uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades de los centros de reclusión, ya que el exceso de internos implica mayores compromisos en infraestructura, vigilancia y salubridad.

El número de internos ha tenido un crecimiento continuo que prácticamente ha rebasado cualquier medida de ampliación o modificación carcelaria, expuso el legislador albiceleste en declaraciones a este Diario.

Luego apuntó que realmente no existe la readaptación social en este país y Aguascalientes no es la excepción. Los tradicionales y severos problemas de hacinamiento, sobrepoblación y violencia que se viven en las cárceles estatales y municipales de nuestra nación, se ven agravados por la corrupción y autogobierno que promueven o solapan las mismas autoridades.

La problemática se torna más grave cuando hay tráfico de estupefacientes, ante lo cual se requiere redoblar las medidas de seguridad, con objeto de evitar la introducción de enervantes para el consumo de los internos.

Por otro lado, expuso que dentro del actual presupuesto de Gobierno del Estado, se tiene considerado un presupuesto de un millón de pesos para la Procuraduría General de Justicia, mismo que no se ha ejercido a falta de las normas de operatividad, las cuales deberían ser publicadas para poder hacer uso de éstos recursos para el pago de fianzas.

Por último, el diputado Juan Antonio Martín del Campo, confió en que la Procuraduría emita dicho reglamento, ya que actualmente se gasta un promedio diario de 180 pesos por recluso, situación que resulta muy costosa para el erario público, por lo que consideró que se deben implementar otro tipo de mecanismos para la depuración de reos.