Laura Elena Rivera

Aguascalientes, Aguascalientes.-Inconformes se encuentran los arquitectos valuadores de Aguascalientes, ante el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, que pretende desconocer la cédula profesional otorgada por la Secretaría de Educación Pública para ejercer como profesionistas en esta área.

La presidenta del Colegio de Arquitectos Valuadores, Norma Herlinda Aguilar Frías, refirió que el antecedente del dictamen involucra a la Federación de Valuadores como participante en el análisis de la propuesta de reforma a la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado que presentan, lo cual desconocieron por no haber participado en el mismo.

En rueda de prensa indicó que se pretende desconocer la Cédula Profesional otorgada por la SEP, provocando tácitamente la mala práctica de una profesión, bajo los argumentos de contar con historial crediticio y honorabilidad para que se pueda ejercer como valuador profesional, lo cual, dijo, resulta absurdo, porque se tiene el reconocimiento de la importancia que en el mismo documento dan al avalúo como elemento.

Así pues, la presidenta de los arquitectos valuadores indicó que se pretende violentar la Ley de Profesiones al dotar de facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que sea ésta la que determine quién puede ser Valuador Profesional, asumiendo facultades que su Ley Orgánica no les confiere, desconociendo a las universidades como entes naturales de la impartición de los estudios y la certificación de los conocimientos aprobados por la SEP.

En cambio, se pretende dotar de beneficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atribuyéndole facultades propias a la Secretaría de Economía, al pretender establecer metodologías para valuar inmuebles, siendo que existe la Norma Mexicana de Valuación, propuesta y publicada por la propia SE.

Ante esta situación, a nivel nacional la Federación de Colegios de Valuadores propone mantener la cédula profesional de postgrado como requisito mínimo para que el valuador ejerza su profesión, la expedición de la referida cédula, corre a cargo de la SEP.

Asimismo, propone crear una Comisión de Responsabilidades Valuatorias, siendo un órgano encargado de dirimir controversias sobre presuntas responsabilidades en que incurrieran los peritos valuadores.

También sugieren suprimir la facultad de la Sociedad Hipotecaria Federal para que emita reglas de carácter general, los términos y condiciones para obtener la autorización de perito valuador profesional, la que se renovaría cada tres años, delegando esa facultad a la Comisión de Responsabilidades Valuatorias y en vez de emitir tales disposiciones de manera unilateral.