Abigail Cruz / El Sol de México

Ciudad de México.- El Partido Socialdemócrata propone establecer penas de uno a cinco años para aquellos que, conociendo del delito de secuestro, no lo denuncien ante la autoridad correspondiente, sin importar si son familiares de la víctima.

El Partido Socialdemócrata presentó una iniciativa para crear la Ley Antisecuestro en el DF, en la que se contempla la posibilidad de que el Ministerio Público asegure las cuentas bancarias de los familiares de una víctima para evitar que sean pagados rescates.

El Partido Socialdemócrata (PSD) presentó ayer una iniciativa para crear la Ley Antisecuestro en La Ciudad de México, en la que propone establecer penas de uno a cinco años para aquellos que, conociendo de este delito, no lo denuncien ante la autoridad correspondiente, sin importar si son familiares de la víctima.

La propuesta contempla la posibilidad de que el Ministerio Público asegure, de modo precautorio, las cuentas bancarias de los familiares de una víctima de secuestro, para evitar que sean pagados rescates, además de que prevé también como delito la compra de seguros antisecuestro.

En conferencia de prensa, Jorge Carlos Díaz Cuervo, Enrique Pérez Correa, diputados locales de ese partido político, acompañados por Alberto Begné y Luciano Pascoe Rippey, presidente y vicepresidente nacionales del PSD, respectivamente, coincidieron en señalar que su propuesta pretende desincorporar del Código Penal del Distrito Federal las disposiciones relativas al secuestro y a la privación ilegal de la libertad y se coloquen en una legislación especializada.

Es decir, agregaron elementos de la experiencia del Derecho Comparado, o Derecho Internacional en donde la prohibición del pago de rescate es lo que ha permitido darle al corazón a ese negocio ilícito, como ya ocurre en países como Italia y Rusia.

Alberto Begné, presidente del Partido Socialdemócrata, detalló que en el delito del secuestro se registra un gran negocio, mismo que se encuentra bien estructurado, donde hay bandas que se dedican a esos ilícitos con todos los elementos a su favor, existen, también, policías, autoridades y demás que se corrompen para que éste sea uno de los negocios más perfectos, hay corrupción e impunidad por parte de esos funcionarios.

Los legisladores destacaron que el principal objetivo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y se crea la Ley contra el secuestro de la Ciudad de México, es impedir que esa actividad delictiva siga dejando grandes ganancias económicas a los distintos

secuestradores.

"Aquí lo que hay en juego es muchísimo dinero que permite que opere el crimen organizado y que se corrompa la autoridad, hay que pegarle entonces al corazón, por lo que aseguramos que a quien más va a disgustar la propuesta será a los policías corruptos y a los delincuentes", insistió Alberto Begné.

En tanto, Jorge Carlos Díaz Cuervo señaló que en su propuesta se prohíbe que aseguradoras intervengan para pagar los rescates.

El Ministerio Público, inmediatamente que tenga conocimiento de la comisión de un delito de secuestro, previa autorización judicial, podrá disponer además el aseguramiento de los bienes de la víctima y de sus familiares, con el fin de salvaguardar los legítimos intereses de la víctima mientras permanezca privada de su libertad.

Agregó que para los secuestradores que intenten el rapto o lo logren, se les privará de la libertad de 40 a 60 años, así como de 50 a 70 años a quienes secuestren a menores de edad; pero en el caso de los cómplices o secuestradores que den información durante el proceso judicial para poder liberar al plagiado o aprehender a los raptores, quedará exenta de toda pena.