Especial, José Ernesto Topete Bernal/ El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua.- Con una inversión superior a los 120 millones de pesos, el nuevo sistema de justicia penal acaba de entrar por completo en todo el estado, pero enfrenta ahora otro problema: un déficit de profesionistas en el área de criminología, sicología criminal y terapeutas que no se contemplaron al inicio del proyecto, asegura el juez de Tribunal Oral, Héctor Talamantes Abe.

El juez del sistema tradicional de justicia, a quien le tocó transitar al nuevo sistema de justicia penal, sostiene que ahora los juicios son más rápidos y se otorgan garantías tanto para las víctimas como para el acusado.

"Como en todos los sistemas, esta transición no ha sido fácil, pero sí de gran aprendizaje", señala.

Para Talamantes Abe el sistema ha sido exitoso, pues se pasó de un sistema de 200 años a uno completamente nuevo y que ha sido tomado como modelo a nivel nacional, con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de junio y que entrará en vigor en todo el país durante los próximos años.

Señala que un ejemplo de lo bien que ha funcionado el nuevo sistema de justicia penal es que por medio del procedimiento abreviado se ha logrado atender un total de 350 casos este año.

El procedimiento abreviado lo que busca es evitar el procedimiento de juicio oral, siempre y cuando el imputado o presunto responsable acepte su culpabilidad en el delito, y por ende, la sentencia se reduce a una cuarta parte de lo normal por ley.

"Entonces, tenemos que los procedimientos abreviados reducen mucho la carga de trabajo en cuanto a delitos graves, que son presentados por el Ministerio Público. Esto es de gran ayuda porque en el sistema tradicional todos los detenidos iban de inmediato a prisión y se les iniciaba el proceso penal encerrados, y las sentencias tardaban más tiempo porque todo era escrito", sostiene Talamantes Abe.

* La reinsercion social

De acuerdo con la ley, el aspecto de la reinserción social es la base de nuestro nuevo sistema penal, ya que se busca no castigar al delincuente sino ayudarle a dejar los hábitos que lo llevaron a delinquir y brindarle ayuda para que se transforme en un ser humano que sea de utilidad para la sociedad.

Las obligaciones de los estados constituyen derechos para sus ciudadanos, desde este punto de vista, cuando la Constitución manda a que se creen centros penitenciarios adecuados para promover la readaptación del delincuente, y está prácticamente otorgándoles un derecho a las personas privadas de libertad a que puedan ser sujetos de ayuda y de atenciones para una efectiva reincorporación a la sociedad, reincorporación que debe de traer una formación integral que permita al delincuente alcanzar una vida honrada y digna al momento de dejarlo en libertad.

Sin embargo, Talamantes Abe indica que existe el problema de la reinserción social de aquellos quienes cometen un delito por primera vez, que pagan la reparación del daño y que no pueden ser reinsertados en la sociedad, porque al buscar trabajo les piden una carta de antecedentes no penales y pese a haber cumplido con todo, la autoridad les niega dicha carta.

Un ejemplo de lo anterior, dice, es el caso del joven Luis Raúl Cerros Moriel, quien acompañado de otra persona cometió un delito, purgó su condena y pagó la reparación del daño.

"El y su amigo fueron un modelo de cómo cumplieron con todo lo que se les ordenó, y después que deciden hacer las cosas bien, acuden a la PGJE a solicitar una carta de antecedentes no penales y, claro, en dichos documentos se señala que la persona fue procesada y, por lo tanto, ese papel no le sirve para buscar trabajo, porque se lo niegan con esa carta. Entonces falta efectuar otras reformas que garanticen la verdadera reinserción", sostiene el juzgador.

Señala que los jueces tienen que enfrentar a los empresarios de la iniciativa privada, pues estos últimos se enojan porque los delincuentes que cometen robos menores, de entre 200 y 500 pesos, son dejados en libertad, toda vez que el monto de lo robado no constituye una falta grave para poderlos condenar, y máxime cuando son personas que roban para seguir consumiendo drogas.

"Son adictos que necesitan ayuda de los centros de rehabilitación, pero además, los empresarios no cuidan bien sus centros comerciales. ¿Cómo es posible que una persona que ya les robó una vez les vuelva a robar? Quiere decir que nadie está haciendo su trabajo", refiere.

Héctor Talamantes Abe asegura que son cambios en los que se debe de ir trabajando para permitir la rehabilitación de los adictos y bajar los índices de delincuencia.

* Vicios del pasado

Para los jueces de garantía y del juicio oral aún persisten vicios del sistema anterior.

El coordinador de los jueces de garantía, Alejandro Legarda, sostiene que el sistema de justicia penal que se aplica ahora es mejor y con más garantías para las partes involucradas en un conflicto.

Sin embargo, afirma, el error, como en todos los sistemas, radica en la integración de la carpeta de investigación -anteriormente llamada averiguación previa-, en la que los agentes del Ministerio Público, muchas veces sobrecargados de trabajo, las integran mal y los presuntos responsables quedan en libertad al no poder comprobárseles los delitos que se les imputan.

Lo anterior es secundado por Talamantes Abe, quien sostiene que los agentes del Ministerio Público "están sobrecargados de trabajo".

-Pero ¿cómo se resuelve eso?

-Con más personal. Hace falta personal en la Procuraduría General de Justicia del estado, y mejor capacitado para poder integrar de manera correcta las carpetas de investigación en las que luego no pueden sustentar todos los elementos acusatorios en contra de una persona.

A su vez, Alejandro Legarda asegura que este sistema es de los más eficaces y en los que Chihuahua ha marcado la pauta a nivel nacional.

"Se ha logrado tener a más personas en libertad, sí, pero bajo medidas cautelares; no que antes todo detenido ingresaba a los centros penitenciarios y con ello se provocaba una sobrepoblación. Ahora enfrentan el proceso en libertad, sobre todo cuando se trata de delitos no graves", comenta.

El coordinador de los jueces de garantía asegura que en el caso de los delitos considerados graves o de alto impacto, como secuestro, violación y homicidio, el imputado o presunto responsable debe enfrentar el proceso en su contra en prisión, porque es considerado un reo de alta peligrosidad, pero no así el de robo simple o en aquellos delitos en los que se puede llegar a la reparación del daño.

Tan sólo en lo que va del año se han logrado atender 550 causas penales, de las cuales una tercera parte se ha resuelto por salidas alternas como la reparación del daño y en otras por medio del procedimiento abreviado.

* El sistema es perfectible

Para Jesús Antonio Piñón Jiménez, exprocurador de Justicia del estado y abogado litigante, el nuevo sistema de justicia penal es bueno, pero, como todo, es perfectible.

"Como en todos los sistemas, nos enfrentamos a algo nuevo y, bueno, lo que hay que hacer es capacitarse para poder atender este sistema penal, que en lo general transparenta las acciones de los jueces de garantía y del tribunal oral", señala.

El abogado asegura que el nuevo sistema de justicia penal obliga a los abogados a prepararse para intervenir en los casos que sean necesarios o cuando son contratados por los ahora imputados.

"Los abogados hemos visto bien este proceso pese a que el sistema ha sufrido varios cambios realizados por el Congreso del estado, y eso es porque el sistema de justicia es perfectible y conforme avance el tiempo se hará de una mejor manera", agrega.

Piñón Jiménez señala que el sistema de juicios orales y toda la reforma que implicó han sido tomados como ejemplo para una reforma a nivel nacional.

"Eso habla bien de Chihuahua, porque es referente para este nuevo sistema de justicia penal que operará a nivel nacional", puntualiza.