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  Ley antisecuestro

Ricardo Torres Origel



A raíz de la presentación en el Senado de una iniciativa de ley antisecuestro por parte del Presidente Calderón, la cual se suma a otras que presentamos nosotros desde hace varios meses y no se han dictaminado ni aprobado, se abrió un nuevo episodio en el debate nacional sobre un tema altamente sensible para los mexicanos. El secuestro y la trata de personas.



Esta modalidad es tanto más grave cuanto más frecuente se ha vuelto como un instrumento que financia a la delincuencia a costa de la privación ilegal de la libertad y en muchas ocasiones de la vida de muchas personas que han sido víctimas de este delito al que es urgente ponerle un hasta aquí.



La semana pasada la comisión de justicia del Senado de la República organizó un foro sobre el tema en el que participaron especialistas, criminólogos, legisladores, abogados y ciudadanos, algunos de los cuales han sufrido directamente o a través de un familiar cercano el flagelo del secuestro y sus consecuencias. Unos con más énfasis que otros, pero todos reclaman a los legisladores la necesidad urgente de aprobar una ley específicamente contra este mal donde por una parte, se impongan mayores penas a los delincuentes, inclusive hay quien pidió volver a implantar la pena de muerte y por la otra, se establezcan una serie de medidas para atender a las víctimas.



El justo reclamo de la ciudadanía de agravar las penas para los secuestradores, inclusive hasta la cadena perpetua no bastaría para poner el remedio y escarmiento a este cáncer social que pareciera no tener más remedio que la aplicación de la pena de muerte. Yo mismo, en un primer impulso, creo que la pena de muerte sería viable para acabar con este mal. Puede inclusive ser muy popular ofrecerla para atraer votos en un proceso inmediato y fugaz como lo hizo en su pasada campaña política el partido verde a sabiendas de que es una falacia que sabían perfectamente que no se podría cumplir. Sin embargo, a lo que debemos aspirar es a la verdadera impartición de justicia y no a la satisfacción de la venganza, por tentadora que ésta sea.



Para regresar la pena de muerte a la Ley, se requiere primero cancelar los acuerdos internacionales que hemos suscrito con otros países del planeta y con organismos internacionales de derechos humanos desde hace años y también modificar la Constitución General de la República, para lo cual se requeriría el acuerdo de al menos, las dos terceras partes de los legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión y de más de la mitad de los congresos de los estados y es un tema que no ha logrado consensos ni siquiera minoritarios.



Sin embargo, estamos convencidos de que ni el sistema judicial mexicano está preparado para impartir justica sin riesgos de equivocarse ni que México pueda dar marcha atrás ante los organismos internacionales de derechos humanos en su legislación imponiendo de nuevo la pena de muerte.



El flagelo del secuestro no se acabará solamente por la declaración de algún decreto, lo que se requiere es por una parte la implementación de mejores estrategias de coordinación entre las diferentes autoridades, avanzar en el cumplimiento del olvidado acuerdo nacional por la legalidad, la justicia y la seguridad de agosto del 2008, del cual por cierto sería bueno que nos informaran a los ciudadanos de qué se cumplió y que no, y por la otra un programa integral de protección y prevención a favor de los ciudadanos que incluya el fomento a la cultura del auto cuidado desde las escuelas, de prevención contra las adicciones, de mayor cuidado, vigilancia y atención de los padres respecto de sus hijos a cualquier edad. La seguridad es sin duda una tarea de todos. Independientemente de todo esto, espero que podamos por fin, sacar adelante la ley antisecuestro y que pueda ser un instrumento eficaz que ayude a regresarle la tranquilidad a la gente. ¿Qué estamos esperando?



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