Opinión / Columna
 
Francisco Granados 
Uso legal de la fuerza en las instituciones de Seguridad Pública
El Sol de Hidalgo
25 de marzo de 2010

  PARTE II

Pachuca, Hidalgo.- En la República Mexicana, una de las pocas entidades que yo recuerde que ha elaborado una ley que regule el uso de fuerza de los cuerpos de seguridad pública es el Distrito Federal.

Esta parte, desde las disposiciones generales, la clasificación de armas en el uso de fuerza, sus principios generales, las reglas de detención, las reglas para mantener la paz y la seguridad ciudadana, los informes sobre el uso de fuerza, la capacitación y profesionalización, la coordinación en los cuerpos de seguridad pública. Pero qué creen... aún no hay reglamento, ni mucho menos procedimientos operativos sistematizados que indiquen concretamente cuál es la proporcionalidad en el uso de la fuerza.

En el proyecto de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo se intentó regular el uso de fuerza a propuesta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en donde se contemplaba, de acuerdo con la experiencia de policías antiguos, la escala racional del uso de la fuerza, misma que está en estudio por las comisiones del Congreso; por lo cual únicamente se volvieron políticas institucionales del uso de fuerza policial, es decir, que a criterio de cada institución policial las podía utilizar o no.

En la actualidad, la escala es utilizada por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos cuando un ciudadano interpone una queja en contra del servidor público para calificar el actuar del policía, en caso de haber utilizado éste la fuerza en contra del quejoso.

En la escala racional del uso de la fuerza, se contemplan 6 niveles de resistencia por parte del presunto agresor, y para cada nivel de resistencia existe una técnica a emplear para controlar al sujeto por parte del servidor público, en la forma siguiente:

Al intervenir a una persona que se considera agresiva se deben agotar todos los medios disponibles al alcance del policía, y como último recurso el empleo de su arma de fuego; esto quiere decir que el servidor público deberá convencer por medio de instrucciones verbales al sujeto agresor a que se desista de su agresión, e incluso podrá hacer uso de obstáculos naturales o artificiales para cubrirse y evitar ser atacado, pero si no tiene salida y está en peligro su vida, podrá defenderse e incluso utilizar su arma de fuego.

En la actualidad, la profesionalización de la Policía ha ido en aumento y se cometen menos abusos que en años atrás; esto se puede constatar con el número de quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; la mayoría de quejas son en contra de la Policía Municipal, pues son las instituciones donde requieren mayor capacitación.

De nada sirve capacitar a los policías si esto no está normado en los basamentos jurídicos. Hasta hoy, éstos nos dicen el QUÉ HACER, pero falta por desarrollar el CÓMO HACERLO. Es decir, falta reglamentarse y falta desarrollar los manuales de operación, que no dejen ni a los juzgadores ni a los ministerios públicos, y mucho menos a los policías cómo interpretar el uso racional y proporcional de la fuerza. Hoy por hoy, se hace al criterio de cada uno de éstos.

En EU, por ejemplo, la policía cuenta con sus manuales específicos, que les permiten aplicar paso a paso el uso racional y proporcional de la fuerza. Si nosotros nos propusiéramos hacer nuestra propia ley y manuales, nuestras policías se evitarían muchas recomendaciones y elevarían sus niveles de confianza para con la sociedad. ¿No lo creen así ustedes?

Hasta el próximo jueves.

Mi correo runpaint@hotmail.com
 
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