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  Durango, Durango.- Destacar la importancia de la administración pública, en épocas como la que nos está tocando vivir, tiene como única finalidad el que reconozcamos y revaloremos su importancia amén de que busquemos prestigiar su ejercicio, ya que esta disciplina del conocimiento tiene bajo su responsabilidad velar por los intereses de la vida comunitaria, fortaleciendo para ello su actuación e incrementar las tareas de vigilancia, regulación y rendición de cuentas, a fin de evitar que el desorden se instaure como un modo de vida; más aún en estos momentos que la administración pública se desenvuelve en la intensidad y complejidad de un tiempo caracterizado por acontecimientos, hechos y circunstancias inéditos que transforman su contenido institucional, exige ofrecer a los ciudadanos respuestas que acrediten, ser inteligentes, eficaces y con una amplia visión de futuro.

Por ende velar por la vigencia efectiva del interés general que, incluye desde luego, el combate a las prácticas de corrupción y mala aplicación de los recursos públicos, se desprende como una más de las tareas políticas de la administración pública, la cual deviene de su compromiso con la certidumbre y una mejor calidad de vida, ya que estas premisas dan cuenta de que la sociedad debe tener elementos que favorezcan el desarrollo de las fuerzas productivas y las prácticas que apuntan hacia la construcción de ambientes que favorecen el mejor desenvolvimiento de las capacidades públicas y privadas.

En este sentido la administración pública, debe ser palanca de las acciones constructivas que favorecen a los actores sociales, políticos y económicos, a fin de que su compromiso con lo público sea ininterrumpido, por tanto la coordinación, promoción y desenvolvimiento de la sociedad debe ser una tarea de primer orden la cual debe emprenderse con un sistema de aptitudes institucionales y profesionales que garanticen la gobernación de la incertidumbre y las turbulencias.

Los ámbitos del cambio estructural que debe enfrentar nuestra sociedad, los procesos económicos y sociales que apuntan hacia el establecimiento de nuevas condiciones de vida que inciden en el papel y la responsabilidad que desempeñan las instituciones administrativas; así como la búsqueda de los derroteros que se enlazan con el desempeño institucional tiene ahora más fuerza y proyección que en décadas anteriores.

Se han agotado en el tiempo y el contexto de la globalidad, los patrones de dirección e intervención que garantizaban al Estado un papel protagónico e indiscutible en la definición y el cumplimiento de las agendas de gobierno.

Nada más engañoso que sobrevalorar al Estado como un sistema de capacidades omnipotentes, porque su mejor conservación depende del balance eficaz entre su capacidad de gestión y las demandas que procesa. Cuando se pierde de vista esta situación, sobrevienen las crisis que generan costos desiguales para los diversos sectores de la sociedad contemporánea.

Los tiempos de más Estado y menos sociedad, se han invertido de manera considerable, desde el momento en que las organizaciones no gubernamentales ganan un lugar en el proceso de la gestión pública, sin renunciar a los mismos, es decir, a los sitios que consiguen reivindicar a pesar de los comportamientos que se encaminan a resaltar los núcleos de la estatalidad improductiva; ahora, querámoslo o no admitirlo, la sociedad es más activa, organizada y emprendedora, lo que ocasiona el reacomodo de espacios, atribuciones y formas de responsabilidad, a fin de que la propia sociedad y el Estado tengan mayor claridad en el universo en que deben cumplir las tareas que les concierne, de ahí la importancia que reviste revalorar el ejercicio del quehacer público.

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