Opinión
Alto Poder
Manuel Mejido
Organización Editorial Mexicana
16 de agosto de 2008
* La delincuencia no se soluciona con penas más severas
* En 1997, Zedillo calló al pueblo al detener a Arizmendi
* Fox prometió disminuir la delincuencia y no lo logró
* Para Calderón la solución está con el uso de militares
A los 18 años de edad, Eric Harris y su amigo Dylan Klebold, de 17, asesinaron a 13 de sus compañeros e hirieron a 24 en la Universidad Columbine, en Colorado, Estados Unidos, el 20 de abril de 1999. Instantes después, ambos se suicidaron.
De inmediato surgieron voces de repudio por los acontecimientos en la escuela y una preocupación por el incremento de la violencia entre los jóvenes estadunidenses. El gobierno de Bill Clinton trató de responsabilizar de los hechos a cantantes de rock, como Marilyn Manson; otras supuestas causales fueron la desintegración familiar y hasta por la inadaptación social de Eric y Dylan.
Otros argumentos difundidos fueron que había demasiadas armas en el país y la facilidad para comprarlas. Algunos más crédulos afirmaron que se trataba de conflictos raciales o "porque Estados Unidos siempre ha sido una nación violenta".
En la Casa Blanca trataron de hacer creer que todo se había resuelto con la muerte de los dos jóvenes. Pero los frecuentes ataques violentos en escuelas, protagonizados por estudiantes adolescentes, demuestran que lo ocurrido en Columbine es mucho más que un hecho aislado.
Tres años después de los acontecimientos, el documentalista Michael Moore presentó un filme titulado "Masacre en Columbine", recreando lo ocurrido en el estado de Colorado. Los grupos más conservadores y radicales intentaron boicotear la proyección por el contenido de la investigación plasmado en el largometraje, pero al ganar el premio Oscar fue imposible frenar su difusión a nivel mundial.
Moore entrevistó a diversos personajes relacionados con el mercado armamentista. Desde los defensores, hasta los opositores, para demostrar y concluir que el problema de la violencia no es la venta legal de armas, ni la música, sino el comportamiento, la educación, los valores y la moral de los estadunidenses, que parecen inexistentes.
De culpables por los asesinatos, los jóvenes Eric y Dylan se convirtieron en víctimas de un sistema desgastado, injusto y desigual, incapaz de garantizar la aplicación de la ley pronta y expedita. Enfrentarse a las leyes estadunidenses no es garantía de imparcialidad, aunque así lo pregonen por todo el mundo.
Lo ocurrido en 1999 demostró que el problema de la violencia no es la reglamentación ni la aplicación de leyes más severas, sino la falta de valores en la sociedad estadunidense, así como la admiración a los transgresores de la ley.
DEL MOCHAOREJAS A STANLEY
Como si se tratase de algún asunto cíclico, el próximo sábado 30 de agosto el pueblo volverá a tomar las calles de las principales ciudades para manifestarse en contra del gobierno y a favor de la pena de muerte como solución a la ola delincuencial.
A pesar de que durante los últimos diez años se tiene registro de más de 20 mil secuestros en todo el país, bastó que los medios de comunicación difundieran, el pasado 1 de agosto, que había sido encontrado el cuerpo sin vida del niño Fernando Martí, raptado desde el 4 de junio pasado, para que la clase política escuchara la exigencia del pueblo a incrementar las penas en contra de los plagiarios.
El 29 de noviembre de 1997, cuando Daniel Arizmendi, alias El Mochaorejas, era considerado el delincuente más sanguinario, temido principalmente por los acaudalados empresarios, cientos de manifestantes en todo el país salieron a las calles a exigir al entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo, el cumplimiento de las leyes y la garantía del resguardo de sus vidas.
La respuesta fue tardía. Llegó hasta el 19 de agosto de 1998, cuando policías aprehendieron a Arizmendi y desarticularon toda la banda. Se creyó que el problema se había resuelto. Nada más falso. Sólo fue un placebo para calmar el reclamo popular, pero sobre todo las presiones de los hombres del dinero.
Los asaltos, secuestros, asesinatos y demás delitos en todo el país prevalecieron tras la detención de Daniel Arizmendi, con lo cual se comprobó que el problema no era El Mochaorejas, sino la impunidad que gozaban las demás bandas delictivas.
De nueva cuenta la crisis y el temor social se acrecentó el 7 de junio de 1999, cuando fuera asesinado el conductor de televisión Paco Stanley. El manejo mediático de la información provocó que el pueblo acrecentara su rechazo a los instancias judiciales y encargadas de garantizar la seguridad pública. Hasta la fecha, siguen sin esclarecerse los hechos.
Cuauhtémoc Cárdenas, entonces primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México electo democráticamente, fue acusado y difamado por las televisoras como responsable de la creciente ola de violencia.
EL PACTO DE SEGURIDAD FOXISTA
Con la llegada de Vicente Fox a Los Pinos, el pueblo confió que se acabarían la impunidad y la violencia en el país. Pero no fue así. Por el contrario, las cifras delictivas se incrementaron, a la par de la iniquidad en la impartición de justicia.
Los secuestros "express", asaltos a casas habitación, robo de vehículos, pero principalmente los asesinatos entre bandas de narcotraficantes registraron un incremento de más del 100 por ciento durante el sexenio foxista y que ha prevalecido durante la actual administración.
De nueva cuenta, una multitud sin precedente en la historia de México, salió a las calles el 27 de junio de 2004. A pesar de ser un llamado ciudadano, los panistas, liderados por Fox, intentaron "sumarse" al reclamo popular. Mientras que el perredismo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, reprobó la marcha, calificando a sus asistentes como "Pirruris" en contra de su forma de gobernar.
Al final de cuentas la magna manifestación sólo sirvió para acrecentar las diferencias entre el expresidente panista y el exjefe de Gobierno capitalino perredista. Nada para atender el reclamo social.
La respuesta por parte del primer gobierno blanquiazul en Los Pinos se produjo cinco días después de la marcha, cuando con toda la parafernalia política discursiva, el entonces primer mandatario Fox anunció un decálogo de buenas intenciones, que de nada sirvieron y menos aún se aplicaron.
Vicente se comprometió a dar una respuesta pronta, en un plazo no mayor a diez días y reportar resultados concretos en seis meses. Afirmó: "Queremos la construcción de un gran acuerdo de seguridad pública que permita al Estado garantizar a todos los ciudadanos su patrimonio y su seguridad personal".
Empresarios, sociedad civil y todos los niveles de gobierno signaron el pacto, aunque jamás entró en vigor. Los alcaldes, gobernadores y los responsables de las instituciones policíacas hicieron caso omiso al llamado de Fox a publicar la lista e historial de los agentes en activo, para conformar una base de datos nacional.
Como es costumbre con todos los acuerdos en el país, el Pacto Nacional de Seguridad se convirtió en letra muerta. Lo único que se cumplió fue el incremento presupuestal para la seguridad pública, que sólo reportó beneficios a las instituciones pero jamás al pueblo.
En las calles, las plazas públicas y lugares concurridos por el pueblo permaneció el reclamo a una mayor seguridad pública, que jamás ha sido atendido por ninguna autoridad.
CAMBIO DE FUNCIONES MILITARES
A la llegada de Felipe Calderón a Los Pinos, la ola de asesinatos vinculados con el narcotráfico se incrementó. Como panacea para garantizar la seguridad pública, el Presidente sacó a los soldados de los cuarteles a las calles. La decisión perjudicó en lugar de ayudar.
Ya no era el secuestro el mayor problema en el país, sino el narcotráfico y los asesinatos a cualquier hora del día y en cualquier lugar.
Las denuncias de la población civil ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de los militares aumentaron, por los excesos y abusos cometidos por los uniformados, que no han podido acabar con los asesinatos entre bandas de narcotraficantes.
Diversos analistas advierten del peligro que representa ocupar al Ejército en tareas que le son ajenas. Un claro ejemplo lo es el hecho de que las policías, corrompidas hasta la médula por la mafia mexicana, han aprendido las tácticas militares, anteriormente sigilosamente guardadas.
Apenas el miércoles pasado, la PGR admitió que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) fue infiltrada por integrantes del cartel de los Beltrán Leyva, a quienes reportaban no sólo los operativos policiales sino todas las acciones del Ejército.
Se decía que los únicos cuerpos armados respetados y temidos por la población eran los soldados. Actualmente ya no es así.
Puede advertirse que el resentimiento de los mexicanos es contra los delincuentes, pero sobre todo en contra de los sistemas de impartición y procuración de justicia, así como de los cuerpos policíacos en todos sus niveles.
México, desde su fundación, ha sido un país de desposeídos, de impunidad y de políticos y empresarios corruptos, pero nunca la delincuencia ocupó tantos espacios, ni fue tan "respetada" como ha ocurrido desde el 2000, cuando el PAN y Vicente Fox prometieron el cambio en el país.
MAS ALLA DE LA PENA DE MUERTE
Por enésima vez, la opinión pública cree que la pena de muerte y la cadena perpetua son la solución para frenar los secuestros, el narcotráfico, los asesinatos y asaltos en el país, porque así lo han propalado los políticos y los medios comunicación proclives a Los Pinos. Empero, se trata de una mentira más.
El 9 de diciembre de 2005, la comunidad internacional felicitó al expresidente Vicente Fox por haber decretado la abolición de la pena de muerte, que la Constitución permitía en el caso de traición a la patria.
Apenas el 6 de agosto pasado, pueblo y gobierno mexicano criticaron a las autoridades de Texas, Estados Unidos, por no haber acatado la recomendación emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para suspender la ejecución de José Ernesto Medellín, acusado de secuestro, homicidio y asalto sexual de su prima hermana Mayra Azucena Laguna, de 16 años de edad, en 1993.
Resulta incongruente que una nación sea felicitada por borrar la pena máxima en sus castigos, reclame el respeto a la vida, pero que a la vez promueva la sentencia de muerte como solución a un problema que va más allá de sanciones severas.
Los legisladores están listos a aprobar en el Congreso la cadena perpetua y muerte por inyección letal para secuestradores y violadores. Jamás se han puesto a pensar en la nula imparcialidad de los jueces encargados de impartir justicia, que serían los encargados de determinar si el delincuente vive o muere.
La corrupción alcanzó a todos los niveles y forma parte de las costumbres, principios y valores de todos los mexicanos, por lo cual resultaría peligroso conceder a cualquier autoridad el derecho a imponer la más dura de las penas.
Alejandro Martí, padre del menor secuestrado que despertó la conciencia de los legisladores, ha reiterado la urgencia en reconstruir la estructura social y exigir a los gobernantes, diputados y senadores soluciones prontas, que trasciendan el ámbito legal y se instauren como medidas morales.
Es un hecho que ningún ciudadano confiará en los ministerios públicos, jueces, policías o militares, sabiendo que ahora forman parte de los grupos delictivos o de bandas de capos y secuestradores que aplican la ley en su beneficio.
...Y LOS MALOS FUERON VISTOS COMO MALOS
Las marchas civiles anteriores en demanda de garantía a la seguridad del pueblo jamás fueron atendidas por los expresidentes, legisladores, instituciones judiciales, corporaciones policiales ni por el Ejército. ¿Qué hará a la manifestación del 30 de agosto próximo diferente?
Con la mala intención de alcanzar mayor popularidad, todos los gobernantes expresaron su preocupación porque el Congreso apruebe las reformas necesarias para implantar la pena de muerte a secuestradores. Sólo quieren aparecer en las primeras planas de los diarios, en horario estelar de la televisión y ocupando los espacios radiofónicos para tener una mejor proyección que le garantice un nuevo cargo público.
Colombia, otrora líder en impunidad, rapto y narcotráfico, logró erradicar la comisión de tales delitos, revirtiendo la imagen positiva que la población tenía de los delincuentes. Lo logró gracias al uso adecuado de los medios de comunicación, principalmente la televisión.
Diseñadores, analistas, publicistas y sociólogos colombianos reconocieron que el pueblo fija patrones de conducta buenos y malos al través de la televisión, porque pasan frente al aparato receptor la mayor parte del día.
Se crearon campañas donde promovían el estigma social contra quienes formaban parte de alguna banda delictiva. Se dejó de enaltecer a narcos y secuestradores. Pero, sobre todo, se garantizó al pueblo un mejor nivel de vida fundado en un trabajo digno y la correcta aplicación de la ley.
Para lograrlo, los legisladores aprobaron una ley que condena a cadena perpetua a todo aquel gobernante o servidor público que cometa cualquier delito en agravio del pueblo. Al principio fueron encarcelados más de cien policías y algunos diputados y senadores más. Ahora, la cifra de corruptos y delitos disminuyó considerablemente.
Para los colombianos, traficar drogas ya no es un buen estatus ni garantía de respeto. Ahora es una manera indigna de ganar dinero, que a final de cuentas, de nada les sirve.
Ser señalado como el primer lugar en secuestros (siete mil sólo en 2007, cuando se han perpetrado 25 mil en todo el mundo), no es un asunto digno para México. Las corporaciones policíacas deben cumplir con su tarea, así como los jueces y ministerios públicos impartir correctamente la justicia.
Pero, indudablemente, la mayor tarea es la de cada madre o padre de familia, que debe formar mejores hombres y ciudadanos. También de los ciudadanos, quienes deben olvidar el soborno y la impunidad, además de aprender que la denuncia es la única manera de acabar con la delincuencia.
De lo contrario, la pena de muerte sólo generará risa.
NOTICIAS EN CORTO
Los buenos resultados reportados por el procurador Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, se deben no sólo a su capacidad y buen desempeño en las labores que le son encomendadas, sino también por la conformación de un equipo de jóvenes emprendedores dispuestos a trabajar por el bien de México. Prueba de ello fue haber designado a Francisco Treviño Cabello como delegado federal en Nuevo León que cuenta con el apoyo de Agustín Malagón, director de Auditoría Ambiental, que ha cumplido con su labor de vigilar las correctas aplicaciones a las normas ambientalistas, sin fallar en ningún momento. Con capacidad de respuesta pronta, espíritu de ayuda y honestidad, Malagón se gana día a día el respeto de quienes colaboran con él. *** Rodolfo Bastida continúa la lucha por lo que considera su legítimo derecho a formar un partido político, tras haber cubierto en tiempo y forma con los requisitos para que el IFE le proporcione el registro. Incumpliendo al mandato del Trife, los consejeros electorales, el lunes pasado, afirmaron que "los magistrados nos pidieron buscar la verdad, mas no encontrarla..." Así se las gastan los garantes de la democracia mexicana. Si el problema es Bastida por formar parte del sindicalismo, que se le exija su renuncia, pero es reprobable que se desconozcan los 350 mil registros presentados y validados por el IFE.
***
En el juzgado tercero civil en Tlalnepantla, Estado de México las autoridades supuestamente encargadas de garantizar la correcta impartición de la justicia no cumplen con su tarea. Hace 20 años, Luis Arturo Mosso Blando encargó a una persona un predio ubicado en la calle Bito Alessio Robles en la colonia Tlalpan, de la Ciudad de México. Firmaron un contrato que vence hasta el 2012, pero Mosso pretende desconocerlo. Aunque la ley favorece al arrendatario, el juez beneficia al propietario. Primero en el juzgado no publicó el acuerdo en el boletín judicial, a lo que está obligado, y lo dio por publicado. Citó al inquilino para tomar su declaración en el juzgado en Tlalnepantla, cuando por ley debe tomársele en el DF por vivir fuera de la jurisdicción del juez. Tercero, el juzgado no abrió periodo de pruebas, pero las admitió al casero y rechazó las del inquilino, entre otras muchas omisiones. Las autoridades competentes deben, por obligación, revisar el 551/08.
***
Rodolfo Torre Cantú, secretario de Salud de Tamaulipas y Sara Edna Carriles Vargas, directora de Centro de Atención a Personas Viviendo con VIH, acudieron a la Conferencia Internacional sobre SIDA realizada la semana pasada en la Ciudad México. De acuerdo con David Rivera, de la Gestión Social Regional Integrada, el gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández Flores está preocupado porque, al día de hoy, se ha reportado mil 800 personas viviendo con VIH/SIDA. Para ayudar a solucionar la epidemia, se creará una sociedad civil que promoverá la prevención y atenderá a los portadores. *** Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
mejido@elsoldemexico.com.mx
* En 1997, Zedillo calló al pueblo al detener a Arizmendi
* Fox prometió disminuir la delincuencia y no lo logró
* Para Calderón la solución está con el uso de militares
A los 18 años de edad, Eric Harris y su amigo Dylan Klebold, de 17, asesinaron a 13 de sus compañeros e hirieron a 24 en la Universidad Columbine, en Colorado, Estados Unidos, el 20 de abril de 1999. Instantes después, ambos se suicidaron.
De inmediato surgieron voces de repudio por los acontecimientos en la escuela y una preocupación por el incremento de la violencia entre los jóvenes estadunidenses. El gobierno de Bill Clinton trató de responsabilizar de los hechos a cantantes de rock, como Marilyn Manson; otras supuestas causales fueron la desintegración familiar y hasta por la inadaptación social de Eric y Dylan.
Otros argumentos difundidos fueron que había demasiadas armas en el país y la facilidad para comprarlas. Algunos más crédulos afirmaron que se trataba de conflictos raciales o "porque Estados Unidos siempre ha sido una nación violenta".
En la Casa Blanca trataron de hacer creer que todo se había resuelto con la muerte de los dos jóvenes. Pero los frecuentes ataques violentos en escuelas, protagonizados por estudiantes adolescentes, demuestran que lo ocurrido en Columbine es mucho más que un hecho aislado.
Tres años después de los acontecimientos, el documentalista Michael Moore presentó un filme titulado "Masacre en Columbine", recreando lo ocurrido en el estado de Colorado. Los grupos más conservadores y radicales intentaron boicotear la proyección por el contenido de la investigación plasmado en el largometraje, pero al ganar el premio Oscar fue imposible frenar su difusión a nivel mundial.
Moore entrevistó a diversos personajes relacionados con el mercado armamentista. Desde los defensores, hasta los opositores, para demostrar y concluir que el problema de la violencia no es la venta legal de armas, ni la música, sino el comportamiento, la educación, los valores y la moral de los estadunidenses, que parecen inexistentes.
De culpables por los asesinatos, los jóvenes Eric y Dylan se convirtieron en víctimas de un sistema desgastado, injusto y desigual, incapaz de garantizar la aplicación de la ley pronta y expedita. Enfrentarse a las leyes estadunidenses no es garantía de imparcialidad, aunque así lo pregonen por todo el mundo.
Lo ocurrido en 1999 demostró que el problema de la violencia no es la reglamentación ni la aplicación de leyes más severas, sino la falta de valores en la sociedad estadunidense, así como la admiración a los transgresores de la ley.
DEL MOCHAOREJAS A STANLEY
Como si se tratase de algún asunto cíclico, el próximo sábado 30 de agosto el pueblo volverá a tomar las calles de las principales ciudades para manifestarse en contra del gobierno y a favor de la pena de muerte como solución a la ola delincuencial.
A pesar de que durante los últimos diez años se tiene registro de más de 20 mil secuestros en todo el país, bastó que los medios de comunicación difundieran, el pasado 1 de agosto, que había sido encontrado el cuerpo sin vida del niño Fernando Martí, raptado desde el 4 de junio pasado, para que la clase política escuchara la exigencia del pueblo a incrementar las penas en contra de los plagiarios.
El 29 de noviembre de 1997, cuando Daniel Arizmendi, alias El Mochaorejas, era considerado el delincuente más sanguinario, temido principalmente por los acaudalados empresarios, cientos de manifestantes en todo el país salieron a las calles a exigir al entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo, el cumplimiento de las leyes y la garantía del resguardo de sus vidas.
La respuesta fue tardía. Llegó hasta el 19 de agosto de 1998, cuando policías aprehendieron a Arizmendi y desarticularon toda la banda. Se creyó que el problema se había resuelto. Nada más falso. Sólo fue un placebo para calmar el reclamo popular, pero sobre todo las presiones de los hombres del dinero.
Los asaltos, secuestros, asesinatos y demás delitos en todo el país prevalecieron tras la detención de Daniel Arizmendi, con lo cual se comprobó que el problema no era El Mochaorejas, sino la impunidad que gozaban las demás bandas delictivas.
De nueva cuenta la crisis y el temor social se acrecentó el 7 de junio de 1999, cuando fuera asesinado el conductor de televisión Paco Stanley. El manejo mediático de la información provocó que el pueblo acrecentara su rechazo a los instancias judiciales y encargadas de garantizar la seguridad pública. Hasta la fecha, siguen sin esclarecerse los hechos.
Cuauhtémoc Cárdenas, entonces primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México electo democráticamente, fue acusado y difamado por las televisoras como responsable de la creciente ola de violencia.
EL PACTO DE SEGURIDAD FOXISTA
Con la llegada de Vicente Fox a Los Pinos, el pueblo confió que se acabarían la impunidad y la violencia en el país. Pero no fue así. Por el contrario, las cifras delictivas se incrementaron, a la par de la iniquidad en la impartición de justicia.
Los secuestros "express", asaltos a casas habitación, robo de vehículos, pero principalmente los asesinatos entre bandas de narcotraficantes registraron un incremento de más del 100 por ciento durante el sexenio foxista y que ha prevalecido durante la actual administración.
De nueva cuenta, una multitud sin precedente en la historia de México, salió a las calles el 27 de junio de 2004. A pesar de ser un llamado ciudadano, los panistas, liderados por Fox, intentaron "sumarse" al reclamo popular. Mientras que el perredismo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, reprobó la marcha, calificando a sus asistentes como "Pirruris" en contra de su forma de gobernar.
Al final de cuentas la magna manifestación sólo sirvió para acrecentar las diferencias entre el expresidente panista y el exjefe de Gobierno capitalino perredista. Nada para atender el reclamo social.
La respuesta por parte del primer gobierno blanquiazul en Los Pinos se produjo cinco días después de la marcha, cuando con toda la parafernalia política discursiva, el entonces primer mandatario Fox anunció un decálogo de buenas intenciones, que de nada sirvieron y menos aún se aplicaron.
Vicente se comprometió a dar una respuesta pronta, en un plazo no mayor a diez días y reportar resultados concretos en seis meses. Afirmó: "Queremos la construcción de un gran acuerdo de seguridad pública que permita al Estado garantizar a todos los ciudadanos su patrimonio y su seguridad personal".
Empresarios, sociedad civil y todos los niveles de gobierno signaron el pacto, aunque jamás entró en vigor. Los alcaldes, gobernadores y los responsables de las instituciones policíacas hicieron caso omiso al llamado de Fox a publicar la lista e historial de los agentes en activo, para conformar una base de datos nacional.
Como es costumbre con todos los acuerdos en el país, el Pacto Nacional de Seguridad se convirtió en letra muerta. Lo único que se cumplió fue el incremento presupuestal para la seguridad pública, que sólo reportó beneficios a las instituciones pero jamás al pueblo.
En las calles, las plazas públicas y lugares concurridos por el pueblo permaneció el reclamo a una mayor seguridad pública, que jamás ha sido atendido por ninguna autoridad.
CAMBIO DE FUNCIONES MILITARES
A la llegada de Felipe Calderón a Los Pinos, la ola de asesinatos vinculados con el narcotráfico se incrementó. Como panacea para garantizar la seguridad pública, el Presidente sacó a los soldados de los cuarteles a las calles. La decisión perjudicó en lugar de ayudar.
Ya no era el secuestro el mayor problema en el país, sino el narcotráfico y los asesinatos a cualquier hora del día y en cualquier lugar.
Las denuncias de la población civil ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de los militares aumentaron, por los excesos y abusos cometidos por los uniformados, que no han podido acabar con los asesinatos entre bandas de narcotraficantes.
Diversos analistas advierten del peligro que representa ocupar al Ejército en tareas que le son ajenas. Un claro ejemplo lo es el hecho de que las policías, corrompidas hasta la médula por la mafia mexicana, han aprendido las tácticas militares, anteriormente sigilosamente guardadas.
Apenas el miércoles pasado, la PGR admitió que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) fue infiltrada por integrantes del cartel de los Beltrán Leyva, a quienes reportaban no sólo los operativos policiales sino todas las acciones del Ejército.
Se decía que los únicos cuerpos armados respetados y temidos por la población eran los soldados. Actualmente ya no es así.
Puede advertirse que el resentimiento de los mexicanos es contra los delincuentes, pero sobre todo en contra de los sistemas de impartición y procuración de justicia, así como de los cuerpos policíacos en todos sus niveles.
México, desde su fundación, ha sido un país de desposeídos, de impunidad y de políticos y empresarios corruptos, pero nunca la delincuencia ocupó tantos espacios, ni fue tan "respetada" como ha ocurrido desde el 2000, cuando el PAN y Vicente Fox prometieron el cambio en el país.
MAS ALLA DE LA PENA DE MUERTE
Por enésima vez, la opinión pública cree que la pena de muerte y la cadena perpetua son la solución para frenar los secuestros, el narcotráfico, los asesinatos y asaltos en el país, porque así lo han propalado los políticos y los medios comunicación proclives a Los Pinos. Empero, se trata de una mentira más.
El 9 de diciembre de 2005, la comunidad internacional felicitó al expresidente Vicente Fox por haber decretado la abolición de la pena de muerte, que la Constitución permitía en el caso de traición a la patria.
Apenas el 6 de agosto pasado, pueblo y gobierno mexicano criticaron a las autoridades de Texas, Estados Unidos, por no haber acatado la recomendación emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para suspender la ejecución de José Ernesto Medellín, acusado de secuestro, homicidio y asalto sexual de su prima hermana Mayra Azucena Laguna, de 16 años de edad, en 1993.
Resulta incongruente que una nación sea felicitada por borrar la pena máxima en sus castigos, reclame el respeto a la vida, pero que a la vez promueva la sentencia de muerte como solución a un problema que va más allá de sanciones severas.
Los legisladores están listos a aprobar en el Congreso la cadena perpetua y muerte por inyección letal para secuestradores y violadores. Jamás se han puesto a pensar en la nula imparcialidad de los jueces encargados de impartir justicia, que serían los encargados de determinar si el delincuente vive o muere.
La corrupción alcanzó a todos los niveles y forma parte de las costumbres, principios y valores de todos los mexicanos, por lo cual resultaría peligroso conceder a cualquier autoridad el derecho a imponer la más dura de las penas.
Alejandro Martí, padre del menor secuestrado que despertó la conciencia de los legisladores, ha reiterado la urgencia en reconstruir la estructura social y exigir a los gobernantes, diputados y senadores soluciones prontas, que trasciendan el ámbito legal y se instauren como medidas morales.
Es un hecho que ningún ciudadano confiará en los ministerios públicos, jueces, policías o militares, sabiendo que ahora forman parte de los grupos delictivos o de bandas de capos y secuestradores que aplican la ley en su beneficio.
...Y LOS MALOS FUERON VISTOS COMO MALOS
Las marchas civiles anteriores en demanda de garantía a la seguridad del pueblo jamás fueron atendidas por los expresidentes, legisladores, instituciones judiciales, corporaciones policiales ni por el Ejército. ¿Qué hará a la manifestación del 30 de agosto próximo diferente?
Con la mala intención de alcanzar mayor popularidad, todos los gobernantes expresaron su preocupación porque el Congreso apruebe las reformas necesarias para implantar la pena de muerte a secuestradores. Sólo quieren aparecer en las primeras planas de los diarios, en horario estelar de la televisión y ocupando los espacios radiofónicos para tener una mejor proyección que le garantice un nuevo cargo público.
Colombia, otrora líder en impunidad, rapto y narcotráfico, logró erradicar la comisión de tales delitos, revirtiendo la imagen positiva que la población tenía de los delincuentes. Lo logró gracias al uso adecuado de los medios de comunicación, principalmente la televisión.
Diseñadores, analistas, publicistas y sociólogos colombianos reconocieron que el pueblo fija patrones de conducta buenos y malos al través de la televisión, porque pasan frente al aparato receptor la mayor parte del día.
Se crearon campañas donde promovían el estigma social contra quienes formaban parte de alguna banda delictiva. Se dejó de enaltecer a narcos y secuestradores. Pero, sobre todo, se garantizó al pueblo un mejor nivel de vida fundado en un trabajo digno y la correcta aplicación de la ley.
Para lograrlo, los legisladores aprobaron una ley que condena a cadena perpetua a todo aquel gobernante o servidor público que cometa cualquier delito en agravio del pueblo. Al principio fueron encarcelados más de cien policías y algunos diputados y senadores más. Ahora, la cifra de corruptos y delitos disminuyó considerablemente.
Para los colombianos, traficar drogas ya no es un buen estatus ni garantía de respeto. Ahora es una manera indigna de ganar dinero, que a final de cuentas, de nada les sirve.
Ser señalado como el primer lugar en secuestros (siete mil sólo en 2007, cuando se han perpetrado 25 mil en todo el mundo), no es un asunto digno para México. Las corporaciones policíacas deben cumplir con su tarea, así como los jueces y ministerios públicos impartir correctamente la justicia.
Pero, indudablemente, la mayor tarea es la de cada madre o padre de familia, que debe formar mejores hombres y ciudadanos. También de los ciudadanos, quienes deben olvidar el soborno y la impunidad, además de aprender que la denuncia es la única manera de acabar con la delincuencia.
De lo contrario, la pena de muerte sólo generará risa.
NOTICIAS EN CORTO
Los buenos resultados reportados por el procurador Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, se deben no sólo a su capacidad y buen desempeño en las labores que le son encomendadas, sino también por la conformación de un equipo de jóvenes emprendedores dispuestos a trabajar por el bien de México. Prueba de ello fue haber designado a Francisco Treviño Cabello como delegado federal en Nuevo León que cuenta con el apoyo de Agustín Malagón, director de Auditoría Ambiental, que ha cumplido con su labor de vigilar las correctas aplicaciones a las normas ambientalistas, sin fallar en ningún momento. Con capacidad de respuesta pronta, espíritu de ayuda y honestidad, Malagón se gana día a día el respeto de quienes colaboran con él. *** Rodolfo Bastida continúa la lucha por lo que considera su legítimo derecho a formar un partido político, tras haber cubierto en tiempo y forma con los requisitos para que el IFE le proporcione el registro. Incumpliendo al mandato del Trife, los consejeros electorales, el lunes pasado, afirmaron que "los magistrados nos pidieron buscar la verdad, mas no encontrarla..." Así se las gastan los garantes de la democracia mexicana. Si el problema es Bastida por formar parte del sindicalismo, que se le exija su renuncia, pero es reprobable que se desconozcan los 350 mil registros presentados y validados por el IFE.
***
En el juzgado tercero civil en Tlalnepantla, Estado de México las autoridades supuestamente encargadas de garantizar la correcta impartición de la justicia no cumplen con su tarea. Hace 20 años, Luis Arturo Mosso Blando encargó a una persona un predio ubicado en la calle Bito Alessio Robles en la colonia Tlalpan, de la Ciudad de México. Firmaron un contrato que vence hasta el 2012, pero Mosso pretende desconocerlo. Aunque la ley favorece al arrendatario, el juez beneficia al propietario. Primero en el juzgado no publicó el acuerdo en el boletín judicial, a lo que está obligado, y lo dio por publicado. Citó al inquilino para tomar su declaración en el juzgado en Tlalnepantla, cuando por ley debe tomársele en el DF por vivir fuera de la jurisdicción del juez. Tercero, el juzgado no abrió periodo de pruebas, pero las admitió al casero y rechazó las del inquilino, entre otras muchas omisiones. Las autoridades competentes deben, por obligación, revisar el 551/08.
***
Rodolfo Torre Cantú, secretario de Salud de Tamaulipas y Sara Edna Carriles Vargas, directora de Centro de Atención a Personas Viviendo con VIH, acudieron a la Conferencia Internacional sobre SIDA realizada la semana pasada en la Ciudad México. De acuerdo con David Rivera, de la Gestión Social Regional Integrada, el gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández Flores está preocupado porque, al día de hoy, se ha reportado mil 800 personas viviendo con VIH/SIDA. Para ayudar a solucionar la epidemia, se creará una sociedad civil que promoverá la prevención y atenderá a los portadores. *** Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
mejido@elsoldemexico.com.mx
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