Durango
Reformas a la Constitución, una palanca para el desarrollo: EHC
El Sol de Durango
10 de septiembre de 2012

Formada en el siglo pasado, la Constitución Política del Estado de Durango, que actualmente nos rige, debe de ser renovada en sus 131 artículos, con una que sea visionaria, "palanca" para el desarrollo. Hoy se requieren de instituciones y leyes del siglo XXI para resolver problemas de la nueva era, adecuar las leyes y modernizar las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales; esto con la participación de los Tres Poderes, sociedad organizada y de la sociedad en general.

La Constitución vigente promulgada el 6 de octubre de 1917 es un ordenamiento del siglo XX y que durante sus casi 95 años de vida ha sido modificada en el 96% de sus 131 artículos originales, ya no podemos ni es lo correcto, seguir parchando la carta magna en la entidad, destacó Emiliano Hernández Camargo, presidente del Comité para la Reforma del Estado.

Lo que se está realizando con la llamada Reforma del Estado, es una convocatoria de los poderes públicos a las y los duranguenses para emprender una revisión integral de la estructura constitucional y legal del Estado y construir un nuevo marco jurídico que permita fortalecer y adecuar las instituciones jurídicas de la entidad a las condiciones sociales presentes.

Al mencionar algo de la historia de las constituciones, se revocó al año 1825 fecha que se promulgó la primera Constitución para Durango, siendo gobernador: Santiago Baca Ortiz. Para ello se estableció un Congreso bicameral como sucedía en el ámbito federal.

Para el año 1857 el gobernador José de la Bárcena publicó en el periódico oficial "La Enseñanza Republicana" nuestra segunda constitución política, tras una amplia discusión al interior de la legislatura local.

Ya para 1863 en medio de un episodio confuso para la historia nacional como la segunda invasión francesa se promulgó una nueva Constitución Política para el Estado.

Recordó algunas de las reformas constitucionales trascendentales a la Constitución de 1917: en 1973 fue un proceso de innovación constitucional; 1979 Integración plural del Congreso y los Ayuntamientos; 1980 Derechos ciudadanos a las mujeres; 1994 Ciudadanización de los procesos electorales; 1994 Escuelas libres de educación superior; 2000 Derechos Humanos; 2005 Plebiscito, referéndum e iniciativa popular; 2008 Nuevo Sistema de Justicia Penal; 2009 el llamado derecho a la vida; 2011 Planeación estratégica del desarrollo, derechos a la alimentación, el agua, la cultura física y el deporte.

Ahora en pleno siglo XXI es necesario hacer un cambio integral de la constitución de 1917, no por capricho de nadie ni de grupos políticos, esto obedece a las nuevas demandas y exigencias de la entidad, esto sin que se contraponga con la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, destacó Hernández Camargo.

Los retos y desafíos de los duranguenses de hoy son distintos e igual o más complejos a los que hubo que superar en el siglo pasado. La globalización de la economía, el cambio climático y la primacía del conocimiento y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de riqueza para el desarrollo humano, son los principales signos de las nuevas realidades que se viven en el país y en Durango, afirmó.

El entrevistado destacó que en este nuevo escenario social, político y económico necesitamos a nivel local un marco constitucional y legal que no sólo refleje los problemas del presente y las nuevas realidades, sino que mire hacia adelante y que sirva de palanca para el desarrollo.

Tenemos que adecuar las leyes y modernizar las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales. Ello habrá de garantizar mayor justicia, libertad, fraternidad, bienestar y seguridad para todos los duranguenses así como la paz y la prosperidad necesaria para el desarrollo de nuestra entidad, expresó el presidente del Comité para la Reforma del Estado.

Dijo que la Reforma del Estado es convocada por los poderes públicos y son protagonistas centrales los partidos políticos, la sociedad civil organizada, los ayuntamientos que forman parte del Constituyente Permanente, los colegios de profesionistas, organismos empresariales y laborales, instituciones de educación superior y la población en general que se exprese directamente en los foros de consulta pública y a través de los medios de comunicación.

Con respecto de los contenidos y alcances de la nueva Constitución, dijo que el nuevo texto constitucional, nos atendremos a la opinión de los académicos, los abogados constitucionalistas y expertos en derecho parlamentario. Un amplio equipo de asesores locales y nacionales está participando.

Es de mucho interés el ampliar el aspecto de garantías individuales y sociales tuteladas: seguridad pública, acceso a la justicia, libertad de expresión, acceso a la información pública, derechos humanos, acceso a la educación, salud, vivienda y asistencia social.

E incluso -aseguro- vas más allá sin contravenir las consagradas en la Constitución federal, como es el caso de obligar programas gubernamentales más contundentes para enfrentar la creciente pobreza y desigualdad social que nos distingue para mal entre los estados del norte del país.

En el concepto de la nueva Constitución para Durango se trata de preservar principios, consolidar derechos, aquilatar lo que sí funciona, remover obstáculos para el desarrollo y renovar instituciones y prácticas democráticas.

Puntualizó que la reforma que se pretende es transversal por la diversidad y amplitud de temas de que se ocupa.

Destacó entre estos, desarrollo económico, competitividad y empleo, para el cual hay propuestas de incorporar en la nueva Constitución un título o apartado específico. Importan, igualdad, disposiciones constitucionales y legales más precisas con políticas públicas y privada en educación superior, ciencia e innovación tecnológica.

Sólo con la participación de los ciudadanos la Reforma de Estado tendrá éxito. Tendremos un marco jurídico estatal renovado y actualizado, las instituciones públicas serán fortalecidas, y podremos hablar de una nueva relación entre la sociedad y el poder público, finalizó Emiliano Hernández Camargo, presidente del Comité para la Reforma del Estado.