Entrevistas de Mario Vázquez Raña
Reformas constitucionales y su Impacto en la seguridad pública (Última parte)
Organización Editorial Mexicana
9 de septiembre de 2011
Tercera y última parte
Mario Vázquez Raña / El Sol de México
Los poderes legislativos, con motivo de las reformas constitucionales en seguridad y justicia penal, derechos humanos y amparo, tienen la obligación de generar los cambios necesarios que la buena marcha del país requiere.
Por su parte, la sociedad debe aplicar, fomentar y fortalecer los valores nacionales y democráticos, así como las libertades individuales al tiempo que las colectivas.
En todo caso los avances legislativos no deben generar contratiempos en los logros alcanzados, porque ello enviaría un mensaje de incongruencia e incluso de contradicción. Cada cambio debe ponderarse en cuanto a sus efectos cotidianos y su impacto en las prioridades nacionales al procurar que sea armónico con la realidad nacional. Al mismo tiempo, es hora de pensar si, por su jerarquía, el proceso de aprobación de un tratado debe seguir el mismo proceso de reforma constitucional para que goce de amplios consensos.
Por otro lado, deben difundirse entre la ciudadanía, de manera sencilla y clara, los derechos previstos en tratados como en leyes y capacitar a los funcionarios públicos en su debida aplicación, precisamente a la vista del nuevo contexto jurídico y social de nuestro país. Encuentro que debe homologarse el listado de tratados internacionales protectores de derechos humanos para que todos estemos alineados a los mismos objetivos. ¿Cómo se puede aspirar a que se cumplan si no los conocen tanto servidores públicos como ciudadanos?
El problema esencial reside en que ante la falta de esa capacitación muchas investigaciones y procesos penales se desestimarán -seguramente- por violación de aquellos derechos, y si bien se va a cumplir con el inculpado, liberándolo o incluso indemnizándolo ¿qué va a suceder con los derechos de las víctimas?, ¿se tendrán que resignar?, ¿o de nuestros impuestos tendrán que salir las ayudas para paliar su afectación por la incapacidad de las instituciones legislativas y de procuración e impartición de justicia?
La lamentable masacre de inocentes en el casino de Monterrey ha generado un renovado reclamo social por una mayor seguridad pública y ataque a la impunidad. Ante ello, los actores políticos se han apresurado a comprometer la emisión de nuevas leyes o reformas, con lo que intentan preservar o incrementar su capital político sin siquiera meditar su procedencia conforme al nuevo texto constitucional y, sobre todo, su viabilidad presupuestaria y operativa.
No deben emitirse leyes al vapor ni traspolarse legislaciones extranjeras a nuestra sistemática jurídica, porque la experiencia demuestra que de nada sirven y mucho afectan. Tampoco los tiempos electorales y de asignación presupuestaria son los mejores consejeros legislativos.
Los gobernados merecen y exigen leyes congruentes y coherentes, accesibles, entendibles y sencillas, pues son los destinatarios, no los expertos en derecho ni actores políticos.
La ciudadanía demanda la certeza jurídica de la ley, la certidumbre en su aplicación, la verdadera baja en la impunidad y el combate efectivo a la corrupción, pero no cifras o estadísticas de origen discutible.
En este sentido, las nuevas leyes que emita el Congreso de la Unión no sólo deben estar alineadas a los tratados internacionales y a la Constitución, sino que deben ser eficientes y eficaces para atender las necesidades sociales actuales.
Desafortunadamente no contamos con los recursos necesarios, con la cultura de la legalidad desarrollada, con sistemas de seguridad y de justicia totalmente maduros, y con amplia participación ciudadana, como para augurar que nuestras instituciones podrán adaptarse de inmediato a las trascendentales reformas constitucionales que se han aprobado y que requieren múltiples y costosos recursos para superar paulatinamente los rezagos ancestrales.
Precisamente por lo expuesto, los juzgadores deben estar conscientes que las autoridades ejecutivas, llámese policías, procuradurías o áreas de reinserción social, pueden tener errores justificables, lo que exige la aplicación racional y de buena fe de la ley, no únicamente criterios rigoristas, pues la sociedad no debe ni merece cargar con las consecuencias de los desatinos, de la incapacidad o de las desavenencias de sus propias autoridades. Lo anterior no exime de fincar eventuales responsabilidades por negligencia.
Al respecto, resulta urgente e inaplazable ejecutar, de forma efectiva, las medidas que faciliten verdaderamente la profesionalización de los operadores de los treinta y tres sistemas de seguridad y justicia en el país. Las cosas no cambian por decreto ni por discurso, de modo que los presupuestos de egresos federal y estatales para el año entrante deberán considerar entre sus prioridades el fortalecimiento real de las instituciones de seguridad pública, particularmente en capital humano y programas de prevención social del delito, ambas estrategias básicas y complementarias. En todo caso, la nación no avanzará si sólo se pone énfasis en proyectos partidistas como la historia lo ha demostrado.
Las reformas constitucionales y la legislación secundaria en materia de seguridad y justicia, derechos humanos y juicio de amparo, deben ser interpretadas en forma armónica y equilibrada, de manera que generen un círculo virtuoso en favor de la seguridad jurídica, el orden, la tranquilidad y la paz sociales.
Ciertamente la ciudadanía debe también participar de manera activa en la ejecución ordenada y efectiva de aquéllas y no dejar esa ardua e importante tarea sólo en manos de los políticos y servidores públicos.
Llevamos más de tres años en la implementación de la reforma en materia de seguridad y de justicia penal. Lo que prometía ser un avance cualitativo en esos ámbitos, tan cuestionados por la opinión pública, a la fecha son sólo logros mínimos.
No cabe duda que las mencionadas reformas constitucionales deben funcionar en beneficio de todos, especialmente de las víctimas de la delincuencia, en aras de fortalecer la unidad nacional. El anuncio presidencial realizado en el quinto informe de gobierno, para crear la Procuraduría Social que dará atención efectiva a las víctimas de los delitos violentos, es una buena señal en ese largo camino en busca de la equidad y justicia que anhelan y merecen los mexicanos.
Los poderes legislativos, con motivo de las reformas constitucionales en seguridad y justicia penal, derechos humanos y amparo, tienen la obligación de generar los cambios necesarios que la buena marcha del país requiere.
Por su parte, la sociedad debe aplicar, fomentar y fortalecer los valores nacionales y democráticos, así como las libertades individuales al tiempo que las colectivas.
En todo caso los avances legislativos no deben generar contratiempos en los logros alcanzados, porque ello enviaría un mensaje de incongruencia e incluso de contradicción. Cada cambio debe ponderarse en cuanto a sus efectos cotidianos y su impacto en las prioridades nacionales al procurar que sea armónico con la realidad nacional. Al mismo tiempo, es hora de pensar si, por su jerarquía, el proceso de aprobación de un tratado debe seguir el mismo proceso de reforma constitucional para que goce de amplios consensos.
Por otro lado, deben difundirse entre la ciudadanía, de manera sencilla y clara, los derechos previstos en tratados como en leyes y capacitar a los funcionarios públicos en su debida aplicación, precisamente a la vista del nuevo contexto jurídico y social de nuestro país. Encuentro que debe homologarse el listado de tratados internacionales protectores de derechos humanos para que todos estemos alineados a los mismos objetivos. ¿Cómo se puede aspirar a que se cumplan si no los conocen tanto servidores públicos como ciudadanos?
El problema esencial reside en que ante la falta de esa capacitación muchas investigaciones y procesos penales se desestimarán -seguramente- por violación de aquellos derechos, y si bien se va a cumplir con el inculpado, liberándolo o incluso indemnizándolo ¿qué va a suceder con los derechos de las víctimas?, ¿se tendrán que resignar?, ¿o de nuestros impuestos tendrán que salir las ayudas para paliar su afectación por la incapacidad de las instituciones legislativas y de procuración e impartición de justicia?
La lamentable masacre de inocentes en el casino de Monterrey ha generado un renovado reclamo social por una mayor seguridad pública y ataque a la impunidad. Ante ello, los actores políticos se han apresurado a comprometer la emisión de nuevas leyes o reformas, con lo que intentan preservar o incrementar su capital político sin siquiera meditar su procedencia conforme al nuevo texto constitucional y, sobre todo, su viabilidad presupuestaria y operativa.
No deben emitirse leyes al vapor ni traspolarse legislaciones extranjeras a nuestra sistemática jurídica, porque la experiencia demuestra que de nada sirven y mucho afectan. Tampoco los tiempos electorales y de asignación presupuestaria son los mejores consejeros legislativos.
Los gobernados merecen y exigen leyes congruentes y coherentes, accesibles, entendibles y sencillas, pues son los destinatarios, no los expertos en derecho ni actores políticos.
La ciudadanía demanda la certeza jurídica de la ley, la certidumbre en su aplicación, la verdadera baja en la impunidad y el combate efectivo a la corrupción, pero no cifras o estadísticas de origen discutible.
En este sentido, las nuevas leyes que emita el Congreso de la Unión no sólo deben estar alineadas a los tratados internacionales y a la Constitución, sino que deben ser eficientes y eficaces para atender las necesidades sociales actuales.
Desafortunadamente no contamos con los recursos necesarios, con la cultura de la legalidad desarrollada, con sistemas de seguridad y de justicia totalmente maduros, y con amplia participación ciudadana, como para augurar que nuestras instituciones podrán adaptarse de inmediato a las trascendentales reformas constitucionales que se han aprobado y que requieren múltiples y costosos recursos para superar paulatinamente los rezagos ancestrales.
Precisamente por lo expuesto, los juzgadores deben estar conscientes que las autoridades ejecutivas, llámese policías, procuradurías o áreas de reinserción social, pueden tener errores justificables, lo que exige la aplicación racional y de buena fe de la ley, no únicamente criterios rigoristas, pues la sociedad no debe ni merece cargar con las consecuencias de los desatinos, de la incapacidad o de las desavenencias de sus propias autoridades. Lo anterior no exime de fincar eventuales responsabilidades por negligencia.
Al respecto, resulta urgente e inaplazable ejecutar, de forma efectiva, las medidas que faciliten verdaderamente la profesionalización de los operadores de los treinta y tres sistemas de seguridad y justicia en el país. Las cosas no cambian por decreto ni por discurso, de modo que los presupuestos de egresos federal y estatales para el año entrante deberán considerar entre sus prioridades el fortalecimiento real de las instituciones de seguridad pública, particularmente en capital humano y programas de prevención social del delito, ambas estrategias básicas y complementarias. En todo caso, la nación no avanzará si sólo se pone énfasis en proyectos partidistas como la historia lo ha demostrado.
Las reformas constitucionales y la legislación secundaria en materia de seguridad y justicia, derechos humanos y juicio de amparo, deben ser interpretadas en forma armónica y equilibrada, de manera que generen un círculo virtuoso en favor de la seguridad jurídica, el orden, la tranquilidad y la paz sociales.
Ciertamente la ciudadanía debe también participar de manera activa en la ejecución ordenada y efectiva de aquéllas y no dejar esa ardua e importante tarea sólo en manos de los políticos y servidores públicos.
Llevamos más de tres años en la implementación de la reforma en materia de seguridad y de justicia penal. Lo que prometía ser un avance cualitativo en esos ámbitos, tan cuestionados por la opinión pública, a la fecha son sólo logros mínimos.
No cabe duda que las mencionadas reformas constitucionales deben funcionar en beneficio de todos, especialmente de las víctimas de la delincuencia, en aras de fortalecer la unidad nacional. El anuncio presidencial realizado en el quinto informe de gobierno, para crear la Procuraduría Social que dará atención efectiva a las víctimas de los delitos violentos, es una buena señal en ese largo camino en busca de la equidad y justicia que anhelan y merecen los mexicanos.