Jesús Francisco Sánchez

Durango, Durango.- La CONDUSEF demandó a las instituciones financieras y las empresas comerciales, deban transparentar la información de los despachos de cobranza externos que les auxilien en la recuperación del crédito o en las negociaciones de quitas y reestructuras, con objeto de dar certeza al usuario de que el despacho y la persona con la que acuerda la negociación tiene las facultades suficientes para la celebración del acuerdo de voluntades correspondiente, este acuerdo se recomienda se haga por escrito.

El organismo de Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, consignó que las reestructuras y negociaciones, son un "Acuerdo de Voluntades" entre la institución con su cliente para modificar las condiciones originales del crédito.

Por tal motivo, si hay quitas o reducciones de tasas y el usuario liquida su adeudo, no debe persistir una clave 9 que afecta negativamente su historial crediticio, lo que le impide incorporarse a la actividad comercial y financiera, independientemente la causa principal que lo originó, ya sea la pérdida de empleo, el sobreendeudamiento o derivado de una catástrofe natural, entre otros.

Apuntó que no obstante que el artículo 40 de la Ley en la materia, señala que las sociedades deben poner junto con cada Reporte de Crédito Especial de forma fácil y accesible un resumen de derechos, procedimientos y el significado de las Claves, es necesario, hacer un mayor esfuerzo para que el citado resumen sea todavía aún más amigable y sencillo de interpretar para la población en general, a fin de que se conozca antes de la celebración de los contratos de servicios financieros.

Que las Sociedades de Información Crediticia realicen dos campañas anuales masivas de comunicación, sobre los alcances de tener un buen historial crediticio y sobre las ventajas de que existan los llamados Burós de Crédito.

Se resalta la conveniencia de privilegiar el uso del Score de Crédito de forma masiva, a precios accesibles al usuario, con objeto de facilitar una evaluación objetiva de la experiencia de pago del usuario y que ello resulte en un peso específico en la valoración de los reportes de crédito.