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Jesús Michel Narvaez
¿Eso es justicia?... ¡Pamplinas! Se equivoca la Suprema Corte

El Sol de México
5 de febrero de 2009

Subrepticiamente, en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se divulgó el dictamen que elaboró el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y en el cual se afirma que se cometieron "violaciones graves a las garantías de la población" durante los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México.

Con esta afirmación, uno tiene qué preguntarse: ¿y los pobladores no violaron las garantías de miles de mexicanos con sus machetes?

Nadie discute que las policías del país son ineficientes -de no serlo habrían acabado con los narcotraficantes, los secuestradores, los talamontes, los extorsionadores y muchos otros delincuentes- y que carecen del mínimo sentido común. En eso se tiene que estar de acuerdo.

En lo que difícilmente podría coincidirse con el ministro Gudiño Pelayo es en que solamente mira el problema de San Salvador Atenco de un ángulo y omite voltear hacia el otro.

¿Qué debieron hacer las autoridades federales, estatales y municipales cuando los "pacíficos" habitantes de ese municipio patearon hasta que se cansaron a un agente federal y a otros los golpearon con saña inaudita?

Probablemente el representante del Poder Judicial de la Federación habría preferido que los uniformados se quedaran con los brazos cruzados, pusieran la otra mejilla y les dieran las gracias a los agresores.

Personalmente no concuerdo con la violencia, venga ésta de donde venga. Sin embargo, el Estado y los estados tienen el monopolio de las policías, de las armas, de la ley de su lado en cuanto a enfrentamientos se trate.

No entiendo el criterio del ministro. Quizá no advierta que de haberse dejado crecer más el problema probablemente estaríamos lamentado otro tipo de violencia. Se habría, sin duda alguna, mutilado el estado de derecho y se habría dejado en estado de indefensión a quienes creen que en México hay un marco legal regulatorio de acciones tanto de las personas como de las instituciones.

Cuando en 1994, aquel nefasto primero de enero, el llamado "Ejército Zapatista" se "levantó" en armas y "declaró la guerra al Ejército mexicano", se permitió que el encapuchado elevara a rango de municipios autónomos a diversas poblaciones, se pisoteó el estado de derecho y se permitió que las instituciones dejaran de funcionar en el marco jurídico que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué se ganó con detener a los militares en su lucha contra los "sublevados"?... ¡Nada! Al contrario, se perdió el respeto a la ley.

En San Salvador Atenco no se pueden mirar los hechos de otra manera. Unos cuántos, porque no se llegó al ciento de personas que se oponían, impidieron que el Gobierno federal desarrollara la más importante obra de un sexenio: el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se entiende: hubo falta de negociación o desarreglo en la misma. Sin embargo, ante el hecho de que la obra estaba en puerta, los terrenos fueron elevados de precio y se volvieron incomprables. ¿Acaso el valor de la tierra ha subido desde que se impidió la enorme inversión de 5 mil millones de dólares? ¡Pamplinas!

A Las Margaritas, allá en Chiapas, le siguió Atento, San Salvador, no el otro, San Mateo. Dejar que la ley se violente, permitir la marcha por las calles de la ciudad hasta llegar al Zócalo blandiendo los machetes y afilándolos en el asfalto, aceptar que desconozcan las leyes y secuestren personas -sean éstos o no funcionarios públicos-, parece ser el criterio que aplicó el señor ministro Gudiño Pelayo.

Cuando ocurrieron los hechos de mayo de 2006, me uní a las voces -que fueron muchas- que reconocieron la firmeza con la que actuaron las autoridades tanto federales como estatales. Hoy no se puede pensar de otra manera solamente porque los cuerpos policiales son ineficientes.

Permitir que la ley se violente no solamente va en contra del estado de derecho, sino que ahuyenta inversiones, turistas y deja sembrada la duda de si en México hay leyes o simplemente son instrumentos para contener el poder público.

Por lo pronto, habrá que esperar lo que ocurra en el pleno público del próximo lunes y esperar que el resto de los ministros tenga otro criterio, el que necesita este país: el de respaldar las acciones de las autoridades, no el de condenarlas por rescatar el estado de derecho.

micheljesus@hotmail.com
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