Opinión / Columna
 
CAUCUS  
Alberto Millán 
Graco: El ejemplo
El Sol de Cuernavaca
25 de noviembre de 2014

  *Congreso: Contrariedad

*Diputados: Engañados

?El gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu tiene en sus manos la posibilidad de dar un ejemplo tácito de ser un gobernador honesto y de conducir un gobierno que castiga la corrupción y, sobre todo, que rechaza la impunidad. El tema de la compraventa del terreno donde se construiría la nueva sede del Poder Legislativo debe ser usado para dar ese ejemplo que requiere su administración.

El escándalo de la compraventa de una parte del terreno denominado "Rancho Colorado", que tiene su frente a la avenida "Presidente Adolfo López Mateos" y a la glorieta de retorno del parque, en el Bario Gualupita, resurgió a raíz de una publicación realizada en un medio nacional, dos meses después de que un diario local detonara el escándalo de corrupción.

En la transacción de la compraventa del terreno, producto del escándalo de corrupción, se enumeran tres datos duros importantes: Primero, los actuales dueños de la propiedad, César Alberto Leal Torres, Marlene Leal Torres, Sharon Issamar Leal Torres y Julio César Leal Bobadilla, adquirieron el terreno integrado por 6 mil 884 metros cuadrados en una cantidad de 9 millones de pesos.

Segundo, el Gobierno del estado, interesado en adquirir un terreno en el centro de Cuernavaca para la construcción de la nueva sede del Poder Legislativo, formaliza un contrato de compraventa por una porción del terreno "Rancho Colorado" de 2 mil 415 metros cuadrados, en una cantidad de 20 millones 382 mil pesos.

Tercero, el Gobierno del estado formaliza con los propietarios del terreno el 22 de abril de 2014 un contrato de compraventa en el que se estipulan dos cláusulas importantes: a) Que el Gobierno del Estado paga la cantidad 3 millones de pesos en la firma de dicho contrato. Es decir, el mismo día antes citado. b) Que el Gobierno del estado se compromete a liquidar los 17 millones 382 mil pesos restante producto de la compra del terreno de 2 mil 415 metros cuadrados antes del 11 de junio de 2014 contra la firma de la escritura definitiva de compraventa ante el notario respectivo.

Bajo esos tres datos duros, es evidente que se cometieron varios errores graves en la realización de la transacción de compra y venta de una porción del terreno que constituye "El Rancho Colorado", del que, se supone, por las fachas, el Gobierno del estado ya es legitimo propietario de la parte correspondiente a dicho predio.

De acuerdo con los antecedentes, fue el ex secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, quien realizó las negociaciones con la familia Leal Torres para la compraventa de la porción del "Rancho Colorado" por la excesiva cantidad de 20 millones de pesos; cantidad que evidencia una compraventa sobrevaluada al costo real del inmueble.

Sin embargo, según el mercado inmobiliario de la zona, el metro cuadrado del "Rancho Colorado" oscila en mil 351 pesos. No obstante, el Gobierno lo adquirió a 8 mil 440 pesos, a un costo totalmente irreal y absurdo, que demuestra el acto de corrupción realizado con recursos públicos.

Quienes formalizaron jurídicamente el contrato de compraventa de la porción del terreno del "Rancho Colorado" por parte del Gobierno de Morelos fueron los secretarios de Hacienda, Adriana Flores Garza, y de Administración, Carlos Riva Palacio Than, hijo del ex gobernador priísta Antonio Riva Palacio López (q.e.p.d)

Esta transacción fue atestiguada por Javier Lenin Mejía Grijalva y por Helio Brito Cantú, a la postre Ministerio Público de la actual Fiscalía del Estado de Morelos

Hasta ahí se podría advertir o pensar que los propietarios del predio abusaron, defraudaron o engañaron a los funcionarios del Gobierno estatal, al adquirir el "Rancho Colorado" en una cantidad de 9 millones 300 mil pesos y en vender sólo una porción de éste al gobierno estatal en 20 millones de pesos

Sin embargo, el punto de quiebre de esta transacción corrupta por parte de funcionarios del estado estriba en que en ningún momento notificaron y dieron vista a la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales, como lo exige la propia Ley General de Bienes del Estado de Morelos; tampoco existió un dictamen favorable de compra y venta por parte de la Secretaría de Obras Públicas.

Es decir, se trata de una compraventa "Fast Track" que careció de los requisitos más elementales, pues si se hubiese notificado a la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales, simple y sencillamente el predio en cuestión hubiese tenido un valor de 3 millones 262 mil pesos, que en términos reales fue la cantidad que se pagó como anticipo de la compra y venta.

Lo anterior abre aún más la sospecha de que se cometieron actos de corrupción graves por una cantidad de 17 millones de pesos, que obviamente el gobernador Graco Ramírez está obligado a sancionar, caiga quien caiga, como un ejemplo de ser un gobernador honesto, sin omisiones ni complicidades. Más en estos momentos en que el PRD y los gobiernos emanados de este partido, como el caso Morelos, están sumergidos en un desprestigio político social frente a todo lo ocurrido en el caso Iguala-Ayotzinapa-Guerrero.

A raíz de la publicación en un medio nacional en donde se reactiva el escándalo de corrupción con la compraventa de dicho terreno, el gobernador Graco Ramírez escribió en su cuenta personal de Twitter lo siguiente: "Se enviara documentación que prueba suspensión de la compra de predio".

Para ello, se envió un comunicado al periódico Reforma, en el que la administración de Graco Ramírez establece que se suspendió el contrato de compraventa de dicho terreno porque los dueños no habían cumplido con los requisitos del uso del suelo y la factibilidad de agua potable. Sin embargo, no hicieron mención al sobreevalúo con el que se adquirió el terreno.

Creo que el asunto no debe quedar sólo en la suspensión de la compraventa, que, se supone, estaría finiquitada desde el mes de junio, de acuerdo también con las declaraciones públicas echas por la Secretaria de Hacienda en el mes de julio de este año. En realidad, el Gobernador debería utilizar el tema para mandar un mensaje a nivel nacional de que su gobierno no va a tolerar la corrupción ni la impunidad de ningún funcionario.

Es decir, tiene que demandar y sancionar por la vía penal a los responsables tanto de las negociaciones como de la formalización del contrato de compraventa. Los responsables están a la vista de todos, con nombres y apellidos. Sólo falta que en verdad el gobernador Graco Ramírez dé muestras de honestidad y no de protección ni de complicidad, porque las omisiones también se sancionan.

*Congreso: Contrariedad

El Congreso del Estado cayó en una grave contrariedad político-jurídica con las decisiones contradictorias que ha tomado la Junta Política y de Gobierno, integrada por los coordinadores parlamentarios y dirigida por el panista Javier Bolaños Aguilar.

Como ya lo hemos advertido, al gobernador Graco Ramírez le urge dar un mensaje a nivel nacional de que en Morelos el gobierno no tolerará la impunidad. Sólo que quiere hacerlo con miembros de otro poder distinto al Ejecutivo; prueba de ello es la compraventa corrupta del terreno donde se pretendía construir la nueva sede del Legislativo, que prácticamente quedará en el anecdotario, pero no en una sanción.

Por ello presionó a los diputados para que se procediera a desaforar a los legisladores Manuel Martínez Garrigós y Alfonso Miranda Gallegos en contra de quienes pesan acusaciones penales.

Bajo la presión política, los coordinadores parlamentarios de las ocho fuerzas políticas emitieron fallos contradictorios que serán herramientas jurídicas para que ambos legisladores recurran al recurso del amparo.

Y es que en los casos de las solicitudes de desafuero en contra del magistrado Miguel Ángel Falcón Vega y en contra del diputado Alfonso Miranda Gallegos, la Junta Política y de Gobierno resolvió la improcedencia de las solicitudes del Fiscal del Estado, con base al artículo 136 de la Constitución General de la República, que establece que los diputados locales sólo se les puede separar del cargo por delitos del fuero federal. Es decir, no pueden ser desaforados, porque no tienen fuero para delitos del espacio común.

Sin embargo, en un segundo intento del Fiscal, la Junta Política y de Gobierno deja de observar dicho artículo constitucional que es totalmente claro y contundente; por si fuera poco, viola lo que a su letra dice.

A los diputados se los "chamaquearon" jurídicamente, nadie, mucho menos los integrantes de los tres Poderes, pueden alegar el principio de retroactividad de una norma constitucional local, mucho menos si no contradice a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto, por una simple razón. En el sistema jurídico mexicano existen controles constitucionales. Uno de ellos es el Constituyente permanente de cada estado para aprobar o rechazar las reformas constitucionales; otros más son los recursos de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, mismas que no se hicieron valer en su momento.

Lo cierto es que gobernador Graco Ramírez cumplió con su objetivo: poner en el desprestigio político al Congreso, a sus 30 diputados, a los futuros candidatos a una curul y, de paso, construir una cortina de humo en torno a su administración.


















 
Columnas anteriores
Columnas anteriores
Cartones
Columnas