Opinión / Columna
 
CAUCUS  
Alberto Millán 
Congreso: Brete jurídico
El Sol de Cuernavaca
13 de noviembre de 2014

  *PGR: Investigación

El Congreso del Estado se encuentra sumergido en un verdadero brete jurídico frente a las solicitudes de desafuero que el fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, planteó en contra de los legisladores Alfonso Miranda Gallegos y Manuel Martínez Garrigós. Al mismo tiempo está ya bajo la disyuntiva de fomentar o atajar la impunidad.

En estos momentos, los 30 diputados están entrampados sobre el polémico tema del fuero constitucional, Para unos, los diputados lo siguen teniendo frente a delitos del fuero común. Para otros, sólo se limita a delitos del fuero federal, pero para los delitos del fuero común no tienen ninguna protección.

En el Título Cuarto de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y que habla de las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, no se establece en ninguno de sus artículos que los diputados locales tengan fuero constitucional por delitos del fuero común. Empero, sí les otorga la protección frente a delitos del fuero federal.

De hecho, en el artículo 111 de la Carta Magna se establece: "Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda".

Esto significa que en el supuesto de que un legislador sea acusado de cometer delitos del fuero federal, la PGR tendría que solicitar el desafuero al Congreso de la Unión, que tendría que comunicar al Congreso local para que proceda como corresponde en las leyes secundarias en la materia.

Ahora bien, el artículo 136 de la Constitución del Estado establece textualmente lo siguiente: "Para proceder penalmente en contra de los diputados al Congreso del Estado, el Gobernador, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los Consejeros de la Judicatura Estatal, por la comisión de delitos federales durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta del total de sus miembros, (16 votos) previo audiencia del acusado por sí, por su defensor, o por ambos, si ha lugar o no a la formación de causa. En caso negativo, cesará todo procedimiento en contra del servidor público, sin perjuicio de que la acusación continúe cuando éste termine su cargo. En caso afirmativo, quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y a disposición de los Tribunales comunes, para la instrucción del proceso respectivo".

Con lo anterior, los legisladores locales no tienen fuero constitucional por la comisión de delitos del fuero común; sólo tienen la protección por delitos del orden federal. Es decir, dicho artículo de la Constitución local refuerza lo que precisa la Constitución federal.

Tan es así, que la Procuraduría General de la República no observó ni ejerció su facultad de recurrir a la controversia constitucional, cuando fue reformado dicho artículo a propuesta del diputado Javier Bolaños Aguilar. Esto significa que la Constitución local no contraviene lo establecido por la Constitución federal.

Sin embargo, en el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del Estado de Morelos se establece: "Para proceder en contra de los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Auditor Superior Gubernamental, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Estatal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Estatales Electorales del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y los Presidentes Municipales y Síndicos, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, por la probable responsabilidad penal en que hubieren incurrido, el Congreso del Estado, por mayoría absoluta de los diputados, deberá declarar la procedencia o improcedencia de acuerdo al siguiente procedimiento:"

Aunque dicho artículo no precisa en qué tipo de delitos, federales o comunes, se tiene que proceder contra algún legislador, sí deja abierta a la interpretación de que se refiere a cualquier delito, ya sea federal o común. Por lo tanto, dicho artículo les otorgaría el fuero y en consecuencia obligará al pleno del Congreso a proceder a desaforarlo.

Sin embargo, y por tratarse de una ley secundaria, que por cierto sólo regula el procedimiento que se debe desarrollar en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en un delito por acción u omisión, no contradice a la Constitución Política Estado ni a la General de los Estados Unidos Mexicanos. Por si fuera poco, no podría estar por encima de ambas Constituciones.

Es decir, cuando la norma secundaría habla de delito cometido por un servidor público, tendría que remitirse a la Constitución para determinar primero, si el diputado se encuentra en el supuesto de los servidores públicos que establece la Constitución, y posteriormente, sobre si la conducta está prevista en esa misma norma general del Estado.

Si la Constitución habla que sólo los diputados pueden ser desaforados por delitos del fuero federal, entonces la ley secundaria tiene que atender únicamente a esos delitos. Por lo tanto, el Fiscal del Estado sí puede proceder en contra de los legisladores que hayan cometido delitos del fuero federal sin solicitar el desafuero al Congreso.

Frente a lo establecido por las normas y a la jerarquía de leyes, en términos reales, el Poder Judicial del Estado de Morelos tendría que permitirle al Fiscal del Estado ejercitar la acción penal en contra de los diputados Alfonso Miranda Gallegos y Manuel Martínez Garrigós, quienes por cierto, gozan de otras garantías constitucionales, en el caso de que se malinterpreten las normas y se establezcan que efectivamente los legisladores tienen fuero.

En el supuesto de que ambos diputados tengan que ser desaforados de sus cargos, podrían alegar garantías constitucionales en su favor para evitar que el Congreso del Estado proceda a separarlos del cargo.

En el caso de Manuel Martínez Garrigós, acusado de cometer delitos cuando fungía como alcalde de Cuernavaca, la Constitución local, la federal y la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, es muy clara al establecer que se procederá en contra de los diputados locales por los delitos que cometan durante el ejercicio de su encargo.

Es decir, Martínez Garrigós podría alegar o incluso recurrir al amparo, por el sólo hecho de que se le pretende juzgar por delitos cometidos como ex alcalde, pero no como legislador, como lo establece de manera precisa nuestras constituciones.

Respecto al caso de Alfonso Miranda Gallegos, él podría invocar violaciones a sus garantías, porque se le pretende juzgar por delitos del fuero común insubsistentes en el Código Penal.

La Junta Política ya dio un primer paso y fue precisamente el de aprobar, mediante voto ponderado, que los diputados locales no tienen fuero. Por lo tanto, del análisis que se realice sobre la procedencia o no del desafuero solicitada por el Fiscal del Estado en contra de ambos legisladores y que ayer les fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva, entonces tendrán que declararlas improcedentes.

De lo contrario, caerían en serias contradicciones que bien podrían ser utilizadas por los diputados bajo proceso penal, para promover amparos en su favor y evadir entonces la justicia.

Los diputados están en serios problemas jurídicos y un paso en falso podría exhibirlos no sólo como ignorantes de la Ley, sino como violadores del Estado de Derecho. Deben tener en cuenta que violar una ley, es ya un delito que se castiga penalmente.


 
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