Opinión / Columna
 
CAUCUS  
Alberto Millán 
Congreso: Decisión
El Sol de Cuernavaca
11 de septiembre de 2014

  *Graco: Revés

*PRD: Congruencia

Sin precedentes y de manera histórica, el Congreso del Estado aprobó ayer dos instrumentos legislativos dirigidos en contra del gobernador Graco Ramírez: 1.- La realización de una Auditoría Especial al crédito de 4 mil 184 millones de pesos. 2.- La inmediata transferencia al Poder Legislativo de 500 millones de pesos para la construcción de la nueva sede legislativa.

Ambos acuerdos legislativos representan un revés y un acicate político del Congreso local al gobernador Graco Ramírez, con lo que prácticamente se inicia una fuerte guerra entre los poderes Legislativo y Ejecutivo; guerra en la que se medirán fuerzas y en las que irremediablemente habrá un ganador y un perdedor, obviamente con resultados reservados.

La decisión tomada ayer por consensos entre las ocho fuerzas políticas: PRI, PRD, PAN, PT, PVEM, Convergencia, PSD y PANAL, generará un visible rompimiento entre el Gobernador y la mayoría de los legisladores del PRD y los aliados de la izquierda.

La decisión tomada ayer por el Congreso del Estado, bien podría evidenciar que el gobernador Graco Ramírez subestimó a los diputados locales, a quienes durante dos años no sólo ninguneó, maltrató, ofendió y humilló, sino que también los usó, manipuló y engañó.

La soberbia con la que se gobierna desde el Ejecutivo, tuvo una firme respuesta ayer de parte del Legislativo, específicamente de 27 diputados que aprobaron ambos instrumentos y que pusieron al Gobernador bajo la sospecha de cometer actos de corrupción con el crédito. Esto, incluso, exhibió que Graco Ramírez no tiene operadores políticos que pudieran haber frenado la decisión legislativa.

Así que el Congreso local, y en particular los coordinadores parlamentarios de las ocho fuerzas políticas: Javier Bolaños, Juan Carlos Rivera, Arturo Flores, Héctor Salazar Porcayo, Fernando Guadarrama, Érika Hernández y Roberto Yáñez, metieron en un brete jurídico, político y financiero al Gobernador.

Son dos las hipótesis las que se han generado en torno a las razones por las cuáles el Congreso local, incluyendo a seis de los nueve diputados del PRD, decidieron ordenar una auditoría especial al crédito y reclamarle al Gobernador los 500 millones de pesos para la construcción de la nueva sede legislativa.

La primera hipótesis tiene que ver con las sospechas de corrupción cometidas con el manejo de los recursos del crédito por parte de varios funcionarios estatales de primer nivel.

De hecho, se habla que los del PAN y PRI, léase Javier Bolaños, Matías Nazario e Isaac Pimentel, tenían información confidencial que pretendían reventar sobre un desvío millonario de recursos provenientes del crédito.

El escándalo financiero que se fraguaba generar, fue frenado por los diputados del PRD, Lucía Meza Guzmán, presidenta de la Mesa Directiva y Arturo Flores, coordinador parlamentario perredista, quienes tuvieron que aceptar y respaldar, en un actos incluso de congruencia política, el punto de acuerdo para auditar el crédito y la iniciativa de reforma para reclamar los 500 millones de pesos para la construcción de un nuevo Congreso.

Con ese acuerdo se estaría dando la oportunidad al gobernador Graco Ramírez y específicamente a la secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, de recomponer las supuestas irregularidades financieras en torno al crédito.

La segunda hipótesis tiene que ver con la molestia de los diputados, y hablamos de los 27 legisladores que aprobaron ambos instrumentos legislativos, por el incumplimiento de la construcción de una nueva sede del Congreso del Estado, que fue -por cierto- la condicionante que se estableció para que se le diera luz verde al crédito por 4 mil 184 millones de pesos.

La molestia surgió a partir de las declaraciones públicas de la secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, y secundadas por el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, en el sentido de que el 80 por ciento del crédito, equivalente a 2 mil 300 millones de pesos, ya se había ejercido.

Estas declaraciones, pudieron ser el detonante que molestó a los diputados, quienes nuevamente se vieron usados, engañados y ninguneados por el gobernador Graco Ramírez, que insistimos, subestimó innecesariamente al Congreso local, como si estuviera conformado con políticos de pueblo.

Obviamente, la molestia estriba también en la construcción de obras innecesarias como la remodelación del estadio de fútbol de Zacatepec "Agustín Coruco Díaz", y a la ausencia de obras de impacto social.

Así que, cualquiera de las dos hipótesis en torno a las causas que obligaron a los diputados a decidir auditar el crédito y a reclamar los 500 millones de pesos para una nueva sede legislativa, es evidente que el Congreso dio más allá de un "manotazo en la mesa", pues en realidad sometió al Gobernador a una disyuntiva política que lo dejará mal parado frente al clima electoral que está a la vuelta de la esquina.

Los efectos de las decisiones tomadas ayer en el Congreso local tendrán secuelas, pues ordenar una auditoría especial al ejercicio del crédito de 4 mil 184 millones de pesos, de los cuales 2 mil 800 millones se establecieron para obras públicas y el otro millón 300 mil pesos para el refinanciamiento de la histórica deuda del Gobierno estatal, lleva implícita la sospecha de que existe un mal y oscuro manejo de los recursos obtenidos a través del empréstito.

La exigencia para que se transfieran al Poder Legislativo los 500 millones de pesos para la construcción de su nueva sede, lleva implícita la crisis de credibilidad en la que ha caído el Gobernador, a quien se le ha dejado de creer social y políticamente.

Ahora el Gobernador estará frente a la disyuntiva de rendir cuentas claras del gasto del crédito o nutrir la sospecha de corrupción y opacidad. Estará en la disyuntiva de transferir los 500 millones al Poder Legislativo o violar el decreto 936.

Obviamente el gobernador Graco Ramírez tiene recursos por agotar para frenar o evadir las intensiones del Congreso del Estado. Por un lado, tiene la posibilidad de recurrir a la controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva si es o no procedente auditar el crédito y transferir los recursos al Congreso.

Incluso, tiene la facultad de vetar ambas disposiciones legislativas.

Empero, cualquier decisión que tome será criticable social y políticamente, pues se verá como un gobernador autoritario y opaco. Además, se viene el tema del paquete presupuestal, en donde podría ser acotado con el asunto de las transferencias económicas.



*PRD: Congruencia

Los seis diputados del PRD que votaron en favor de la auditoría y de la transferencia de recursos, Lucía Meza Guzmán, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores, Carlos de la Rosa, Tadeo Nava y Joaquín Carpintero, lo hicieron en un acto de congruencia política, que obviamente tendrá sus propios efectos en las relaciones con el gobernador Graco Ramírez. Es visible una fractura y un rompimiento entre los seis legisladores y el Gobernador, que no ocultó su molestia y enojo.

Obviamente esta posible ruptura afecta más al Gobernador que a los legisladores, tanto a corto como a mediano plazo. No hay que olvidar que esos seis diputados conforman ahora el grupo Demócratas de Izquierda y fueron los que obtuvieron la mayor votación en las elecciones internas del pasado domingo 7 de septiembre, y los que tendrán el mayor número de consejeros.

Los perredistas que no respaldaron los dictámenes fueron los diputados Jordy Messeguer, David Martínez y Teresa Domínguez, quienes no tuvieron los suficientes elementos jurídicos y políticos para debatir y sólo se dedicaron a lanzar vituperios.

El tiempo los ubicará a cada quién. El tiempo definirá a los seis diputados que votaron a favor como congruentes o traidores. Pero también, el tiempo definirá a los tres legisladores que votaron en contra como cómplices o leales.


 
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