Pedro I. Oseguera

Cuernavaca, Morelos.- La Asociación de Abogados Penalistas del Estado, expuso la necesidad de crear una figura jurídica que sancione a los políticos mentirosos, y que los electos mediante voto directo, estén obligados a dar respuesta a la sociedad.

El presidente de la Mesa directiva del Congreso, diputado Othón Sánchez Vela, recibió de manos del abogado Cipriano Sotelo Salgado, la propuesta que los abogados penalistas integraron, en la cual señalan que la falta de credibilidad en los políticos mexicanos se genera principalmente en la mentira a la que acuden quienes, en tiempos electorales, buscan convencer al ciudadano para que se emita un voto a su favor haciendo promesas que no habrán de cumplir.

La Asociación de Abogados Penalistas retomaron su petición para que el Congreso de Morelos analice la reforma al articulo 242 del Código Penal, con el que se busca sancionar hasta con 20 años a los políticos que engañen a la población con el incumplimiento de sus promesas de campaña.

El vocero de los abogados, Cipriano Sotelo Salgado, insistió en que la nueva Legislatura LXI, "debe entrarle al estudio de la propuesta que pretende terminar con las promesas incumplidas de los políticos; nosotros insistimos en que se deben tipificar como delitos las mentiras de los políticos, y vamos a insistir en que esto sea una realidad, porque la ciudadanía ya no aguanta más las mentiras de los candidatos".

Este nuevo tipo de penalidad fue presentado desde abril pasado, debe estar considerado dentro del fraude causado a la ciudadanía que emite su voto a favor de algún candidato.

La propuesta de modificación al Código Penal, dijo el especialista en Derecho penal, es que los candidatos que prometan beneficios a la comunidad, y que al asumir el poder no los cumplan, puedan recibir una sanción de entre cinco y 20 años de prisión y una posible inhabilitación.

La organización de juristas penales estima que el 95 por ciento de los candidatos dejan a un lado sus promesas de campaña al llegar a los cargos públicos, lo que afecta directamente en el ánimo de la población sobre la credibilidad en los partidos políticos.

"Los políticos han demeritado la credibilidad de la gente con sus mentiras, y hoy en día, llegar a un cargo público es hacer un negocio personal o de grupo, y la sociedad es la que paga este tipo de situaciones", comentó el abogado.

Los abogados acudieron con calcomanías que repartieron entre los automovilistas que circularon por la zona en donde se ubica el Congreso local, para que se sumaran a la propuesta y con ello, presionar a la Legislatura actual en la aplicación de dichas modificaciones.

Cuando se reunieron con los diputados, les explicaron la intención de esta reforma y la necesidad de que sea analizada por el pleno.

Los penalistas anunciaron el apoyo que se ha buscado en otras organizaciones para que el delito de fraude político sea considerado aplicable en la mayoría de las entidades federativas, "porque ya basta de que con nuestros impuestos estemos manteniendo políticos "saltimbanquis", o sea, los que van de un partido a otro y que han hecho de la política su modo de vida", recalcó Sotelo Salgado.