El Sol de México

Ciudad de México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la multa de 57 millones impuesta por el IFE, por el megaplantón en Reforma, por la toma de tribuna para impedir el último informe de Vicente Fox y tratar de evitar la toma de posesión de Felipe Calderón.

Entre los argumentos ofrecidos a la máxima autoridad electoral, está la exigencia de que se explique por qué se fijó el monto para tres hechos distintos y por qué no se "individualizó", ya que incluso recordó que en el caso de la toma de Calderón, el PAN tomó la tribuna de San Lázaro y el IFE pudo haber procedido de oficio.

También deslinda de la Convención Nacional Democrática y señalan que se trataba de actos realizados por ciudadanos en el ejercicio de sus garantías de expresión y libre manifestación consagradas por la Constitución.

En ese punto, asegura que existe un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral convertido en tesis, que establece que los miembros de los partidos realizan actos como militantes, que son independientes de los que emiten (aun perteneciendo a dichos institutos políticos), si tienen algún cargo, por ejemplo, de elección popular.

En este caso, subraya, es aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior y que no es factible imputar responsabilidad al PRD por los actos realizados por legisladores en ejercicio de sus funciones y derivado de su propia actividad parlamentaria, o por ciudadanos en ejercicio de sus prerrogativas constitucionales.

Además impugnan la afirmación del IFE en el sentido de que lo realizado por los legisladores no se encontraba "relacionada con el derecho de asociación o de expresión", sino con "actos físicos" con los que, a juicio de la autoridad instructora, se "impidió el funcionamiento regular de los órganos de gobierno", en este caso la Cámara.

"Cuando la Carta Fundamental habla de que los legisladores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, no se refiere únicamente a sus opiniones verbales o escritas, sino a toda manifestación que realicen en ejercicio de su encargo", argumentas.

El PRD advierte que el propio artículo 61 de la Constitución establece que es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el órgano competente para velar por el respeto al fuero y por la inviolabilidad del recinto parlamentario.