Opinión / Columna
 
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José Luis Rojas 
Militares: El deber los...
El Sol de Cuernavaca
2 de junio de 2009

  * Antecesores: Antecedentes...

* Los Retos: Reivindicarse...

Consumatum est.

La militarización, aunque algunos lo niegan, de la Policía Ministerial, Preventiva Estatal y Municipal de Cuernavaca, es prácticamente un hecho, con todo y los pros y los contras de lo que esto pudiera significar para bien o para mal de la ciudadanía que en muchos de los casos ya no sabe de quién cuidarse.

En la historia reciente, al menos la que hemos padecido los morelenses, las experiencias que se han tenido con los militares en las corporaciones policíacas no han sido buenas, habría que recordar de manera muy oportuna el paso de un general Eduardo Aponte Cardoso en la dirección de la Policía Judicial, al inicio del gobierno de Lauro Ortega Martínez, que nada más no pudo poner orden en la corporación y eso que tuvo como su mano derecha a otro militar, el capitán Flavio Armando Rivera, como primer comandante. Habría que remontarse a la hemeroteca para ver los diarios de esa fecha para saber que no dieron buenos resultados.

Con el gobernador Antonio Riva Palacio López desfilaron por la Dirección General de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad Pública estatal otro militar un Luis Miguel Murillo Izásola, quien a consecuencia de la conducta de los nefastos colaboradores de los que se allegó como Óscar Chávez Juárez, que tuvo que salir huyendo cuando lo iban a detener por haber sido identificado como todo un malandrín al igual que un Adrián Carrera, su jefe inmediato, tuvo que dejar el puesto, a éste siguió el Mayor Manuel Leoncio Villegas Reachy, al que su falta total de capacidad y experiencia provocaba incluso las burlas de la tropa.

Posteriormente con el gobernador Jorge Carrillo Olea, militar por cierto, quien fue obligado a dimitir por el escándalo generado en gran parte por otro militar metido a policía "mítico", el capitán Jesús Miyazawa Álvarez, coordinador general de la Policía Judicial, debacle que involucró hasta el procurador Carlos Peredo Merlo al verse relacionados en el homicidio e intento de desaparecer el cadáver del "Moles", presunto secuestrador a manos del comandante del "Grupo Antisecuestros", Armando Martínez Salgado, a punto estuvieron de ponerlos tras las rejas.

Pero antes en la ya Coordinación General de Seguridad Pública, JCO había colocado al capitán José Abraham Mejía, teniendo como su director operativo a otro militar, Cuauhtémoc Torga y en la dirección de la Policía Preventiva estatal al capitán Manuel Ariño, quien se hizo famoso al ser culpado del asesinato de un activista político en el poblado de San Rafael, municipio de Tlaltizapán, cuando un grupo de opositores pretendían manifestarse en una visita presidencial, sin olvidar también el paso sin pena ni gloria por la Policía Preventiva estatal y la Policía Judicial del capitán Camerino Román Bustamante.

La actuación de JCO en la gubernatura y de sus colegas en los puestos de seguridad pública logró unificar el criterio social en su contra, traducido en un rechazo social a que los militares ocuparan este tipo de cargos, ante los por demás negativos resultados que padecieron miles de morelenses.

Todos ellos, sin olvidar el paso de otros militares por la SSP, en la administración de Sergio Estrada Cajigal, Sebastián Isunza Gutiérrez, que fue por demás criticado y descalificado, lo que obligó al entonces gobernador Sergio Estrada Cajigal a substituirlo por el general Emilio Doring y Aburto, conocido por sus cantinflescas declaraciones y su sinceridad, que lo llevó a reconocer que "Morelos, no era sitio de actividad de los capos del crimen organizado, de los narcos, ya que éstos sólo vienen aquí a descansar", lo que le valió ser removido del cargo para que éste fuera ocupado por Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, hoy arraigado por la PGR-SIEDO, por sus presuntos vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Obviamente eran otros tiempos, en que el crimen organizado, el narcotráfico, no estaba tan enraizado en las instituciones públicas ni en la sociedad, sin embargo, estos antecedentes dejan un muy mal sabor de boca a la ciudadanía y es de desearse que la innegable militarización de las policías, hoy sí rindan los resultados que clama y reclama la población, urgida de contar con la elemental seguridad, bienestar y tranquilidad para poder trabajar y contribuir al desarrollo de su terruño.

Hoy no queda otra que desear fervientemente que José Robles Quintana, coronel en retiro a cargo de la Coordinación de la Policía Ministerial; Gastón Menchaca Arias, general retirado quien está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y su recién nombrado subsecretario otro general retirado, Rafael García Aguilar, quien substituyó a Ricardo Fuentes Silverio, así como Manuel Farfán Carriola, por igual general en retiro quien acaba de ser nombrado secretario de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana de Cuernavaca, sí encuentren la forma de responder al delicado deber al que la patria los ha llamado, combatir con eficacia y contundencia a la delincuencia organizada, comenzando por una real y definitiva depuración de las corporaciones a su cargo, misma que hasta el momento no se ha visto, y no se sabe si esto sea porque están en espera del resultado concluyente de la PGR, o porque aún no han podido conformar el equipo de colaboradores de confianza que requieren para comenzar esa limpieza.

Lo más grave y delicado sería que en aras de combatir al crimen organizado siguieran proliferando abusos, atropellos, equivocaciones garrafales, porque si estamos en un Estado de Derecho, no se puede, no se debe combatir a la delincuencia pisoteando la ley, ya que esto es lo que ha acrecentado el temor y el malestar social. ¡Cuidado!
 
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