Manuel Carvallo / El Sol de México

Ciudad de México.- Los Ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), evadieron decidir si cortes civiles deben juzgar a militares que cometen delitos, durante sus tareas de seguridad, luego de acordar no atraer, para su resolución, un juicio de amparo que lo decidiría.

El juicio de amparo que solicitaba el enjuiciamiento de militares en un juzgado civil, fue promovido por la esposa de uno de los cuatro jóvenes asesinados en Santiago de los Caballeros, Badiraguato, Sinaloa, a manos de un comando castrense, que los confundió con narcotraficantes a pesar de que no portaban armas y drogas.

La solicitud de la mujer, mediante el amparo que presentó, era que los 12 militares que participaron en el asesinato de su esposo Geovany Araujo Alarcón y los otros tres jóvenes, fueran juzgados por un tribunal civil y no por un militar como actualmente sucede en México, sin embargo, los Ministros de esa primera sala decidieron no intervenir en este juicio.

La demanda de amparo la promovió la joven esposa de Geovany, con el apoyo jurídico del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", así como otras asociaciones civiles.

Las organizaciones civiles y el Centro de Derechos Humanos, habrían fincado sus esperanzas en este caso para que los militares que cometen delitos dentro de sus tareas de seguridad, sean investigados y juzgados por autoridades civiles.

De acuerdo con versiones, estas organizaciones buscan que se declara inconstitucional en que los militares no sean juzgados por autoridades civiles, al cometer delitos durante sus tareas de seguridad.

Y es que según los abogados de la demandante esta medida viola diversas garantías protegidas por la Constitución y porque va en contra de varias decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se determina que los militares deben ser juzgados por militares sólo cuando atenten contra bienes jurídicos castrenses.