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  En la última semana del periodo legislativo que terminó hace unos días, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

Ésta tiene como propósito propiciar la construcción de nueva infraestructura, mediante esquemas de financiamiento distintos a los contemplados en la Ley de Obras Públicas y en la Ley de Adquisiciones, en los que se asuman equitativamente los riesgos que implique la ejecución de los proyectos.

Independientemente de las indiscutibles ventajas que presenta la aprobación de esquemas de esta naturaleza, una las pocas cosas en las que han sido capaces de ponerse de acuerdo en la Cámara baja, es conveniente reflexionar en otros significados de la nueva ley.

Estas asociaciones representan dos facetas diversas de la vida de las sociedades actuales: por una parte, son una manera de enfrentar la escasez de recursos públicos y, por la otra, representan una mayor presencia de la sociedad en el quehacer público.

Cuando los requerimientos de una sociedad son mayores a su capacidad económica, el Gobierno debe recurrir a aquellos sectores de la sociedad, cuya capacidad les permita participar en la prestación de los servicios que satisfagan las necesidades sociales.

En este sentido, las necesidades de la sociedad mexicana son muy amplias, particularmente en la generación de infraestructura y en las condiciones para la creación de empleos de calidad en los que puedan emplearse los jóvenes y en general la población, especialmente la que vive en condiciones de pobreza.

En las sociedades avanzadas, la recaudación llega hasta el 25 por ciento del Producto Interno Bruto. En la nuestra, sin considerar la recaudación que produce la exportación petrolera se encuentra sobre el 11 por ciento.

El aumento en la recaudación no debe provenir del incremento de los impuestos que pagan quienes ya están cautivos, sino de aplicar un esquema recaudatorio proporcional y equitativo en el que todos paguen sin condiciones ni distinciones. En otras palabras, quien gane más que pague más y viceversa, sin que existan regímenes especiales que sólo producen distorsiones. Cuando se generen recursos fiscales mayores, estaremos, en términos de país, con capacidad para implementar o ampliar los programas sociales que coadyuven a redistribuir la riqueza y a auxiliar a los segmentos de población en condiciones de pobreza extrema.

La otra perspectiva se refiere al reposicionamiento en la correlación de la sociedad con el poder público. En países como el nuestro, donde la concepción del estado se encuentra arraigada, esta correlación está disminuyendo porque se ha acreditado que, además de no responder a las expectativas originales, las organizaciones políticas y partidos se han encerrado en sí mismos, en detrimento de la permeabilidad y valores democráticos que debieran prevalecer. Al no responder a los intereses de la sociedad, simplemente tienden a ser rebasados.

No es un secreto que los gobiernos se están alejando de los intereses de las mayorías, aun los populistas y los que predican el amor, pues no están cumpliendo con sus ofrecimientos de proporcionar lo que la población requiere para su desarrollo.

Creo que muchos mexicanos deseamos, en verdad, que 2012 represente un parteaguas en la historia de México. Que se perfeccione nuestra democracia y las estructuras económico-gubernamentales, para propiciar las condiciones que generen desarrollo, con mayores espacios y oportunidades para la sociedad en beneficio de todos los mexicanos.

fjzentenob@hotmail.com