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  El término "democracia" es una de las pocas palabras positivas que parecen existir hoy en el vocabulario político. No obstante, más allá de lo que ésta es o de cómo funciona, de sus instituciones, de sus sujetos y actores, de los comportamientos a ella asociados y de los condicionamientos objetivos sobre los que opera, existe otra dimensión de la misma que resulta fundamental tener en cuenta si queremos hablar de un verdadero régimen democrático.

Me refiero a los principios, valores e ideales normativos a los que toda democracia debería ajustarse para merecer tal nombre. Desde este punto de vista, la democracia no es entendida simplemente como una forma de gobierno ni un régimen político, sino básicamente como un modo de vida particular, un ideal, en el que subyace la idea de autogobierno, pero, sobre todo, el interés de que éste promueva los intereses de libertad, desarrollo y bienestar de cada ciudadano individualmente considerado.

Esta noción de democracia es la que reconoce nuestro artículo tercero constitucional al considerar a ésta como "un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo".

Así las cosas, parecería que en los países en los que impera una democracia de este tipo correspondería al gobierno asegurar al ciudadano común ciertos niveles mínimos de condiciones de vida y la esperanza de un futuro mejor. Nada más alejado de lo que sucede en la reciente democracia mexicana.

En nuestro país, los poderes fácticos han hecho de la democracia un negocio, los partidos se han convertido en empresas privadas, y el despilfarro de recursos públicos en los comicios, una constante. Y si bien, estoy consciente de que la aspiración de alcanzar la meta de construir una democracia como la descrita antes sólo podrá materializarse en el largo plazo, pienso que el camino hacia la misma debe emprenderse ya. Sobre todo teniendo en cuenta que lo que no se haga ahora será más difícil hacerlo mañana, que la democracia está costando ya mucho en términos financieros a la ciudadanía y que hasta ahora ha generado escasos resultados.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el IFE, el gasto proyectado para este instituto comprende tanto el desembolso para la organización de los comicios como la partida destinada a los partidos políticos, es demasiado ascendente la cantidad que representa poco más de la mitad del presupuesto total de la Secretaría de Desarrollo Social o el de la Secretaría de la Defensa Nacional y que es superior a aquella que se destinará a Oportunidades, el programa de desarrollo social más importante del Gobierno federal.

Este monto resulta más que contrastante si tenemos en cuenta el déficit que vive el país en materia social, específicamente en la atención a los problemas de miseria, marginación, desigualdad, desnutrición, educación, desempleo e inseguridad.

Las cifras dadas a conocer por el Banco Mundial señalan que el número de pobres en las zonas urbanas de México aumentó de 26.6 millones de personas en 2002 a considerablemente en el 2009, lo que implica un gran aumento de pobres. Y lo peor es que se proyecta que, de acuerdo con las tendencias, ésta seguirá creciendo.

Asimismo, según el mismo análisis, si se consideran otros satisfactores básicos como educación, salud, vivienda, vestido y transporte, la pobreza pasó de afectar a 53.8 por ciento de los mexicanos en 2009.

Lo mismo sucede con la inseguridad y la violencia, la cual se ha incrementado exponencialmente en los últimos años como resultado de la propia descomposición social que ha generado la pobreza, pero también de la corrupción, del difícil acceso a la procuración y administración de justicia, de la desorganización de los sistemas de seguridad pública del Gobierno, de la falta de preparación y equipamiento de los policías y un largo etcétera.

De ahí que resulte lógico que miles de mexicanos hoy se cuestionen ¿de qué me sirve costear una democracia formal de las dimensiones anteriormente descritas que no es capaz de terminar con los problemas más lacerantes del país ni enfrentar el poder de los delincuentes y del narcotráfico?, ¿una democracia que tiene prioridades distintas a las mías?, y ¿de la que ha surgido un gobierno que no ha hecho más que mostrar una frivolidad y desinterés de cara a estos problemas centrales? Y ni qué decir de la oposición, la cual no ha estado a la altura de las circunstancias y se ha convertido en simple buscadora de rentas.

Las autoridades, por su parte, insisten en su discurso optimista, negándose con ello la posibilidad de avanzar en la solución de los problemas.

Así, nuestra democracia parece destinada a no avanzar, a mantenerse como hasta ahora en el simple ámbito electoral, renunciando a contribuir con valores, programas e idearios al desarrollo y bienestar de los ciudadanos.

Me pregunto, ¿ésta es la democracia por la que tanto luchamos los mexicanos? Un avance de la respuesta podremos tenerla en este año. Las cifras de abstencionismo habrán de decir mucho al respecto.