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  JUSTICIA Y DEMOCRACIA

El 22 de diciembre de 1997 ocurrió en el Sureste de nuestro país, una de las infamias más lacerantes a la paz y armonía en la convivencia social de que se tenga memoria. La historia lo recuerda como la Matanza de Acteal. En aquel suceso, miembros del grupo "Máscaras Rojas", agredieron y asesinaron a tzotziles de la comunidad Las Abejas, que estaban al interior de una capilla celebrando actos religiosos.

En la columna de la infamia, se halla el monumento erigido para mantener en la conciencia colectiva, la matanza de personas inocentes incluyendo mujeres embarazadas y niños, por parte de un grupo paramilitar contrario al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Las investigaciones imputaron los lamentables acontecimientos a 26 indígenas identificados por los deudos de los fallecidos como los responsables de los homicidios. Sin embargo, los testimonios de quienes presenciaron los hechos, refieren circunstancias que resultan contradictorias entre las diversas versiones sobre este incidente.

En ese entonces, el juez de la causa determinó procesar y encarcelar a los presuntos responsables. En el año 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso, y luego de una larga deliberación y estudio del mismo, el 12 de agosto pasado decidió conceder el amparo y protección de la justicia federal a los indígenas detenidos, al advertir irregularidades procesales en los expedientes penales, tales como la indebida valoración de pruebas y faltas al debido proceso legal.

En consecuencia, la actitud del gobernador Juan Sabines Guerrero es correcta en cuanto que asume la responsabilidad de acatar la sentencia y proveer lo necesario para no acentuar aún más la polarización entre la sociedad chiapaneca, por este terrible derramamiento de sangre.

En ese sentido, el procedimiento adoptado provisionalmente por el Gobierno del Estado para con los ex reos, fue separarlos de Chenalhó lo más posible, y dotarlos de un medio de subsistencia que les permita rehacer sus vidas al lado de sus respectivas familias, esto independientemente de la responsabilidad patrimonial del Estado para con las víctimas.

En este proceso, es clave la gestión y sensibilidad del secretario general de Gobierno del Estado de Chiapas, Noé Castañón León, sin duda un hombre respetado, de gran trayectoria pública y comprometido con la paz de aquella entidad.

En ese sentido, la labor del doctor Castañón León, como interlocutor eficaz en los trabajos de mediación entre los grupos en conflicto, resulta vital en la búsqueda de soluciones de pacificación y concordia, tanto entre los deudos de los fallecidos, como por lo que ve a los ex reos inculpados, al parecer, injustamente.

Por todo ello, es de reconocerse el liderazgo y asertividad del responsable de la política interna chiapaneca, pues su intervención y sensibilidad política para aislar a los excarcelados de Chenalhó, contribuye a alcanzar un clima de tranquilidad en aquella comunidad, acción que desde luego deberá acompañarse de gestiones ante las instancias correspondientes para que retomen las investigaciones y den con los culpables, sean quienes sean.

Por su parte, organizaciones civiles como Serapaz (Observatorio de Conflictividad Social de la organización civil (Servicios y Asesoría para la Paz) además de otros actores sociales y políticos de Chiapas, han levantado la voz, y exponen, lo que a su decir, es una decisión de Estado que brinda impunidad y encubrimiento a los asesinos de Acteal.

Hay que reconocer que la decisión de la Corte es polémica por el tema tan delicado que trata, sin embargo, es preciso entender que el punto jurídico que resolvió el alto tribunal del país, versó exclusivamente sobre si la sentencia impugnada fue dictada en apego al texto de la Constitución y la ley.

Conviene no olvidarnos de estos temas, pues es necesario que sirvan como antecedente para que la sociedad se involucre más en el quehacer público y así todos juntos prevenir sucesos tan atroces como el ocurrido en Acteal.

* Académico y analista electoral.

analisis@notiemp.com