Opinión / Columna
 
Felipe de Jesús Garibay Valle 
Defensas rurales = autodefensas de Michoacán
El Occidental
29 de enero de 2014

  Felipe de Jesús Garibay Valle*



El Gobierno Federal, asociado a las autoridades michoacanas, buscan neutralizar la insurgencia ciudadana cuyo movimiento busca encontrar una seguridad que se ha perdido tanto en la entidad tarasca como en el resto del país.

Después de la presencia de los soldados, la Policía Federal y la Policía Estatal, la Tierra Caliente se vio interrumpida en su vida cotidiana porque sus autodefensas movieron a todas las instituciones relacionadas para la búsqueda de soluciones en este inicio de la avalancha revolucionaria.

La solución absoluta no está al alcance de la inmediatez, luego se tenía que buscar una neutralización de esta forma insurrecta de decirle a los gobernantes que los ciudadanos, ante la incapacidad de quien ejerce el poder están expuestos a ser víctimas de los grupos organizados y de los propios agentes de seguridad institucionales, que en combinación con los criminales, hacen su agosto en todos los confines de nuestro México lindo.

Desde luego que el gobernador Vallejo Figueroa tuvo que acudir a la Secretaría de Gobernación, a la Presidencia de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional para estar en condiciones de entrar a un diálogo con los grupos que se autodefienden ante la imposibilidad de ser protegidos por quien tiene el mandato.

Ante esta circunstancia, se convocó a estos ciudadanos autodefensivos y se congregaron representantes de las comunidades de Churumuco, Nueva Italia, Parácuaro, Tancítaro, Cualcomán, La Huacana, Aquila y Coahuayana, a dialogar con el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, con la presencia del gobernador Vallejo y otros funcionarios relacionados con esta temática, llegando a un acuerdo que sitúa ocho formas de que pueda perdurar la unión de voluntades, entre ellos que las autodefensas pueden incorporarse a las defensas rurales, buscando institucionalizar a estos casi rebeldes, siempre y cuando se presente una lista de sus integrantes y poder controlar por la Defensa Nacional a los integrantes de la lista que se presentará ante la Sedena, con la condición de que sea temporal y que estos incorporados queden bajo el mando de la autoridad dentro de lo aplicable.

En segundo lugar, se autoriza para que puedan ser policías municipales estos defensores, siempre y cuando apruebe el Ayuntamiento su incorporación a la policía.

El punto tercero, que creemos es una de las finalidades que el Gobierno busca para el control de estos defensores autónomos, esto es, que registren las armas que actualmente poseen o portan en la Secretaría de la Defensa Nacional, a cambio de que la secretaría respectiva les dote de herramientas para comunicación, operativos y traslados.

La autoridad se compromete en este cuarto punto a celebrar una auditoría de los recursos públicos, con aplicación legal.

Los agentes del Ministerio Público federal y local y la instrumentación de unidades móviles serán materia de rotación en esta área.

Se comprometen, como sexto punto, a mantener comunicación entre la Comisión de Seguridad y las autoridades municipales de la zona, así como el apoyo correspondiente.

Los inculpados que gozan de su libertad provisional por portación de armas de fuego de los defensivos, para que puedan firmar en el estado de Michoacán se harán las gestiones del caso.

Y como remate al convenio se comprometen las autoridades a castigar con todo el peso de la ley a los servidores públicos que tengan responsabilidad penal o administrativa.

Casi seguro que la solución la dio alguien de mayor edad, pues sólo ellos se acuerdan de las defensas rurales que se crearon para que se ejerciera la autoridad en forma correcta fuera de los centros urbanos, y en nuestro concepto no es una mala solución, sólo que los defensivos en comento ya no tendrán la libertad para poder protestar y exigir de los gobernantes el cumplimiento de una correcta administración, ni podrán hacer uso de sus armas en forma libre y espontánea, que desde luego es el problema legal de mayor trascendencia, pues sólo se puede poseer o portar armas que estén autorizadas por la Sedena, especialmente las de calibre mayor, quedando también pendiente resolver cómo podrán adquirir los proyectiles que necesitan para el uso de las armas, así como, no está claro la forma de conseguir los proyectiles ni cuándo podrán disparar en autodefensa.

Como dijo mi compadre "El Pichojos": "¿Será el dedo tan grande que ajuste para dar atole a toda la Tierra Caliente, al Estado de Michoacán, al resto de los estados y a la comunidad internacional?... shin a su mah (en japonés)".



* Catedrático e Investigador de la División de

Estudios Jurídicos de la UdeG

Presidente del Taller Jurídico Interdisciplinario AC

felipe_penal@yahoo.com.mx


 
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