Regiones
Conflicto por límites sin solución
ENTRE JALISCO Y COLIMA

El Occidental
7 de abril de 2013

Víctor Chávez Ogazón

Llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de la desaparición del líder nahua de Loma Colorada, Celedonio Monroy Prudencio, desaparecido en el mes de octubre del 2012, que en su momento minimizó el Gobierno de Jalisco en turno, y que hoy atribuyen a cuatro organizaciones civiles a la batalla limítrofe que existe entre Jalisco y Colima, y que ha pasado a afectar a los pobladores de esa zona.

Aseguran que se están violando los derechos humanos de él y su familia, "para nosotros es una víctima más del régimen de segregación racial que el estado de Colima aplica contra los indígenas de esa región jalisciense, y mientras éste no sea desarticulado y desenmascarado totalmente -por violatorio Derechos Humanos- las incursiones violentas seguirán", sostienen la Unión de Pueblos Indios de Manantlán AC, (UPIM), asentada en Cuautitlán, Jalisco; el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco AC, (Fremmar), mismo municipio; el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria OP, AC (CDHFFV), México, DF y la Red Jalisciense de Derechos Humanos AC, (RJDH), en Guadalajara, Jalisco.

Desde noviembre de 2006 las cuatro ONGs presentaron una petición-denuncia en la que señalan cómo es que ese conflicto dejó de ser de límites territoriales y se convirtió en minero, ambiental, social, político, jurídico y humanitario, en el que solamente han ganado las empresas y las autoridades, y casi siempre pierden (hasta la vida) los nahuas de la Sierra de Manantlán y con ellos el pueblo entero de Jalisco.

Como ya EL OCCIDENTAL lo ha dado a conocer, es un conflicto territorial entre los estados de Jalisco y Colima, tiene lugar en la zona limítrofe del río Marabasco, donde -como ahora señala el documento emitido por las cuatro ONGs- predomina la extracción y el aprovechamiento del agua, de la madera y de los ricos yacimientos mineros que forman parte del territorio ancestral de la extinta República de Indios de Ayotitlán (1691), donde aún subsisten una comunidad indígena (Consejo de Mayores de Ayotitlán) y dos ejidos (Ayotitlán y Plan de Méndez).

En el documento en su momento se asentó que de las 446 mil 742 hectáreas de propiedad comunal original, por el saqueo minero y despojo agrario hoy solamente restan 30 mil hectáreas a Ayotitlán y tres mil 193 hectáreas a Méndez, que son la mínima parte del territorio ancestral.

En Ayotitlán el padrón ejidal reporta dos mil campesinos (75% nahuas), y en Méndez reporta 110 beneficiados (38% nahuas). Además del despojo a los nahuas, desde la Presidencia de la República se les impuso en 1963, una modificación al régimen de propiedad comunal, al convertirla en ejidal. Por dicho motivo, el ejido encabezado por Zeferino Padilla interpuso en 1968 un amparo en contra del Presidente de la República y el extinto DAAC, fallado en 1969 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que las tierras "dotadas" a Ayotitlán debían entregarse en su totalidad. Sin embargo, reconocen los denunciantes, sorprende que a 45 años la sentencia de la Corte no ha sido cumplida por las autoridades agrarias. Y menos sucederá ahora, cuando se ha extinguido la Secretaría de la Reforma Agraria.

Con base a los antecedentes de violencia e intentos de desalojar a los indígenas de la zona, la CNDH emitió el 27 de septiembre de 1995 su Recomendación 122/95 sobre el "Caso de los Pobladores del Ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco", donde pidió a los gobernadores de Colima y Jalisco: "Establecer un acuerdo definitivo respecto a los límites territoriales de ambas entidades, sometiéndose a la resolución del Congreso de la Unión. O en caso de prevalecer desacuerdo en la delimitación territorial, acudir ala SCJN para que se dirima en definitiva la controversia".

Al titular de la SRA le exigió: "Se haga un estudio exhaustivo del expediente del ejido, y se contribuya, en el ámbito de la competencia de la propia SRA, a la resolución fundada y motivada sobre el cumplimiento definitivo que se dará a la resolución presidencial del 28 de agosto de 1963".

Los activistas hoy denuncian: "Jalisco aceptó cumplir la recomendación; pero Colima y la SRA lo hicieron a regañadientes en 1996. En diciembre de 1997, Alberto Cárdenas demandó a Colima ante la SCJN, abriéndose el expediente de la Controversia número 3/98, que luego de ocho años a nada condujo. Su relevó en el Gobierno de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, jamás pidió un peso partido por la mitad al Congreso estatal, lo que denota un turbio 'arreglo' alcanzado con el gobernador de Colima, Silverio Cavazos. En octubre de 2005, Colima impone una Reforma Constitucional a los artículos 26, 76 y 105 de la CPEUM, al enterarse que la controversia la tenía ganada Jalisco, gracias a la cual las controversias limítrofes que estaban en la SCJN, pasarían al Senado para un 'arreglo político'. Los ayuntamientos de Cihuatlán, Cuautitlán y un aguerrido grupo de nahuas de Ayotitlán , interpusieron demandas de amparo contra la reforma anticonstitucional y violatoria de los derechos humanos de las casi 10 mil personas que vivían en las zonas 'A' (Cihuatlán) y 'B' (Cuautitlán) de 406.8 kilómetros, dos en disputa. Agotados los amparos en los tribunales federales locales el 17 de noviembre de 2006, las cuatro ONGs ya citadas unimos fuerzas para llevar el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lo hicimos con éxito".

Narran ellos mismos en su reciente informe sobre esta queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "En la Comisión de Límites de las Entidades Federativas de la Cámara de Senadores (CLEF), los expedientes de nada sirvieron, pues muy pocos de ellos conocen asuntos jurídicos y menos dictaminar controversias territoriales, como la de Jalisco que vino a ser y sigue siendo la más antigua y extensa del país. Por ende, seis años sin que la CLEF resolviera un caso, fue otro sexenio perdido".

En el documento narran su constante lucha contra el caso, citas con funcionarios de la CIDH y las constantes visitas a la zona del conflicto, donde no han dejado de aprovechar la oportunidad para informar a la CIDH que acostumbrado el estado a "pelotear los expedientes del conflicto" entre uno u otro poder público, para ganar tiempo en la explotación de los recursos minerales, hídricos y maderables de la zona "B" del diferendo, a costa de la dignidad, territorio y biodiversidad de los nahuas de la Sierra de Manantlán".

En la reciente reforma le volvieron a quitar facultades al Senado para resolver estos casos de conflictos territoriales y se las ha devuelto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que están en desacuerdo.

Le están solicitando entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dos medidas cautelares urgentes, según informó Óscar González Garo, coordinador de la Red Jalisciense de Derechos Humanos: " a) Pedir al estado se suspenda el uso, abuso y dispendio del agua que la minera Peña Colorada toma directamente del cada vez más escaso cauce del río Marabasco, y las aguas profundas del torrente, en virtud de que decenas de familias nahuas sufren de escasez, de contaminación y acaparamiento para fines industriales del vital líquido. Y b) Exigir al estado extreme las medidas de búsqueda y localización del líder nahua de Loma Colorada, Celedonio Monroy Prudencio, desaparecido de octubre del 2012 a la fecha, pues están en riesgo la totalidad de sus derechos humanos y los de su familia. Para nosotros es una víctima más del régimen de segregación racial que el estado de Colima aplica contra los indígenas de esa región jalisciense, y mientras éste no sea desarticulado y desenmascarado totalmente -por violatorio Derechos Humanos- las incursiones violentas seguirán.