Víctor M. Chávez Ogazón

Guadalajara, Jalisco.- Las playas de Jalisco están a la venta al mejor postor, pero son ex gobernadores y ex presidentes de la República quienes se reparten la costa del estado, pisoteando la ley y vulnerando los derechos de campesinos y ejidatarios.

Quedó de manifiesto lo anterior con la postura de dirigentes de partidos políticos y diputados locales y federales, quienes responsabilizaron al Gobierno de Jalisco de la inestabilidad que hay en la zona, pero directamente al secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez-Peláez, por haber ordenado la detención de 13 personas, acusadas presuntamente de despojo.

En medio de la tensión que se vive en las playas de Tenacatita, Chamela, El Negrito y Chalacatepec que ya tienen poseedores y a los verdaderos propietarios no se les está haciendo justicia, dirigentes campesinos y líderes estatales criticaron y repudiaron los excesos cometidos en contra de la población de parte de los uniformados estatales, enviados directamente por el segundo de a bordo del Gobierno del Estado por lo que interpondrán denuncia.

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Desarrolladores turísticos se disputan, vorazmente, la costa de Jalisco y hechos como los de Tenacatita, Jalisco, se replican en la playa de Chamela, El Negrito e incluso Chalacatepec. En uno de los casos, en Chamela, hay 13 personas detenidas y consideran como injusta la acusación que les hicieron por el delito de despojo. Aseguran pobladores que detrás de todo están ex gobernadores y ex presidentes de la República, que se reparten las playas de la entidad.

El reciente caso ha abierto precisamente la "ventana" para las denuncias sobre diversas atrocidades que se vienen cometiendo durante una encarnizada disputa sobre la tenencia de la tierra.

Ya se ha sabido sobre otras acciones en contra de ejidatarios, dueños de palapas o prestadores de servicio, como fueron los desalojos tanto en de Mismaloya, en Puerto Vallarta, o el más reciente de Tencatatita, Jalisco.

Pero, como advierte el presidente de la Pequeña Propiedad, Julián Orozco, esto tenía mucho tiempo que no ocurría y se debe a la razón de que "no se han buscado alternativas respecto a que convivan la tenencia de la tierra y el desarrollo económico de las regiones, que requieren también de inversiones".

LOS DETIENEN

Pero no sólo los hace a un lado, sino también los ponen tras las rejas, como es el caso que denuncia Norma Angélica Gallardo Mejía, secretario general de la Confederación Campesina Cardenista de Occidente.

En su caso el pasado 25 de julio -antes que se diera lo de Tenacatita- se encontraban reunidos en una asamblea ordinaria unas 150 personas, cerca de la playa de El Negrito, cuando aparecieron policías estatales en 18 unidades y policías municipales de Cihuatlán, Jalisco, para llevarse detenidos al ingeniero Saúl Gallardo Méndez, presidente estatal del nuevo Centro de Población Ejidal "Ignacio Zaragoza".

Se dijo que al frente del contingente iba el señor Javier Lechuga, que se ostentó como representante del Gobierno de Jalisco, y que exigió que desistieran de la lucha agraria y de la instauración de ese ejido, a cambio de soltarlo a él y otras 12 personas, y al no aceptar, "fueron violentados y enviados a prisión, donde aún se encuentran, en Cihuatlán". A ellos se les acusa de despojo.

CIHUATLÁN, LA POLICÍA COSTERA

De acuerdo a datos obtenidos también en este caso y en el de Tenacatita, Jalisco, la Policía Municipal de Cihuatlán, con evidente contubernio del Presidente Municipal, se ha convertido en algo así como en "la Policía Costera" de Jalisco.

Actuando siempre en apoyo de la Policía Estatal, sus uniformados se vieron involucrados también en este incidente de Chamela, según lo denuncia la misma Brenda Angélica Gallardo.

"Efectivamente los hechos se dieron donde era la reunión, en La Huerta, y Cihuatlán interviene por que, como se viene diciendo, se presta a todo este tipo de irregularidades", explicó.

Hoy, comentó la denunciante, hay al menos en riesgo unas 300 familias, que pudieran seguir los mismos pasos de los habitantes de Tenacatita.

LA COSTA EN RIESGO: ROBERTO LÓPEZ

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Roberto López, pero además conocedor de la zona en virtud de que en el pasado el municipio de La Huerta perteneció al Distrito XVIII, de donde él fue diputado, asegura que toda la costa de Jalisco está en riesgo. "Hay un interés voraz por parte de los desarrolladores turísticos por generar este tipo de despojos en todo el Estado, no vayamos tan lejos, lo que está pasando en Chalacatepec, es un tipo de despojo donde les pagan a ellos a 1.65 dólares el metro cuadrado y Pensiones dice que tiene una cantidad de inversión muy alta", comentó.

Añadió "este tipo de despojos, que pueden ser despojos legales entre comillas, no cabe duda que afectan el interés y el patrimonio de los ejidatarios".

"El asunto de la tenencia de la tierra es un problema muy añejo que en Jalisco tendrá al menos 50 años y hoy en día todas las playas del estado son asediadas y un fruto de la discordia entre quienes tienen todo el dinero para desarrollar los centros turísticos y el ejidatario que sólo tiene el derecho de tierra, para el sustento de su familia", terminó.