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  A consecuencia de la acción espectacular aplicada en Michoacán, ha vuelto a comentarse el riesgo del uso político y partidario de los instrumentos de procuración de justicia.

No es que haya oposición al combate a la delincuencia organizada y que se incluyan castigos más severos a los funcionarios que se coludan con los criminales, sino que hay sorpresas por los tiempos, métodos y alcances de estas acciones que no parecen estar exentas de cálculo político.

Sobre todo, por la cercanía de las elecciones del próximo 5 de julio, cuyos pronósticos no son nada favorables para el Partido Acción Nacional.

Las sospechas se acrecientan por las notables diferencias en la actuación de las autoridades y en los procedimientos usados para realizar operativos similares en estados distintos, gobernados por partidos políticos diferentes.

Basta con observar los ejemplos de Morelos y Michoacán para encontrar que no se está usando la misma vara para medir y que sí existen distinciones entre adversarios y correligionarios.

En Morelos, entidad bajo el gobierno del panista Marco Antonio Adame Castillo, hubo un trato preferencial; fue informado con mucha anticipación de los operativos, cuyo resultado fue la detención de importantes funcionarios del área de seguridad pública, entre ellos quien fuera titular de la SSP, Luis Ángel Cabeza de Vaca, señalado como protector de narcotraficantes desde la anterior administración de Sergio Estrada Cajigal, también panista.

Tuvo y tiene la protección del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien -sin averiguación judicial de por medio-, aseguró que el gobernador fue "traicionado" por sus colaboradores.

En Michoacán, elementos del Ejército y de la Policía Federal Preventiva capturaron a 10 alcaldes, un juez y a 17 funcionarios del gobierno estatal, en una acción simultánea en diversos puntos de la entidad.

El gobernador perredista Leonel Godoy Rangel no fue advertido del operativo e incluso en un primer momento la Procuraduría General de la República dejó entrever que no estaba excluido de las investigaciones.

La PGR informó que la acción militar-policiaca fue resultado de una investigación iniciada hace seis meses, y determinó que los detenidos forman parte de una presunta red de protección al grupo delincuencial conocido como "La Familia".

El gobernador quedó exhibido y el operativo fue todo un éxito mediático.

Morelos y Michoacán son los ejemplos más recientes, pero parece que ya se olvidó que hace poco más de un año en otro estado gobernado por un panista (José Guadalupe Osuna Millán, de Baja California) se dio una muestra de ese sesgo selectivo en la cruzada antinarcotráfico.

El general Sergio Aponte Polito, comandante de la Segunda Zona Militar en esa entidad, difundió en una carta el contubernio de autoridades estatales con los delincuentes.

En ese documento, el militar reveló la corrupción de las autoridades estatales (22 de abril de 2008), con los nombres de los mandos policíacos asociados al crimen organizado.

El procurador de Justicia bajacaliforniano, Rommel Moreno Manjarrez, pidió pruebas sobre la corrupción de las policías estatales y el general Aponte le mandó un texto con los nombres de los mandos policíacos y judiciales.

El resultado de la denuncia fue la remoción del general, de esa plaza.

Baja California, estado gobernado por el PAN desde 1989, vive uno de los fenómenos más claros de penetración de la delincuencia organizada. Su sociedad vive atemorizada frente al caos y la anarquía, pero...

¿Estas acciones, en vísperas de la jornada electoral, tienen como pretexto hacer creer que Calderón, en verdad, encabeza la lucha en contra del crimen organizado?

¿Realmente Felipe Calderón asumirá el costo de reconocer que en su partido hay gobernantes que no son tan eficientes, ni tan honestos como se pregona?

¿Trata de ocultar la gravedad de otros problemas, tras una "cortina de humo" con una guerra anticrimen?