Opinión
Carlos Orozco Santillán
El deporte como derecho constitucional

El Occidental
18 de febrero de 2009

De acuerdo a cifras oficiales, entre el año 2000 y el 2006 se registró un aumento del 24% en los casos de hipertensión y diabetes tipo 2, y 31% en enfermedades relacionadas con la obesidad. Estudios de la Secretaría de Salud del Gobierno federal arrojan que casi la mitad de los 110 millones de mexicanos estamos excedidos de peso y uno de cada 10 de nuestros niños son gorditos, lo cual debe ser motivo de alarma y acciones de Estado emergentes al saber que el 35% de la población tiene diabetes sin saberlo, por lo que cada año fallecen 30 mil personas por este mal relacionado, inevitablemente, con una mala nutrición, vida sedentaria y, por supuesto, con el factor genético como detonante.

A nivel internacional somos reconocidos como uno de los pueblos más obesos con 44 millones de víctimas de este padecimiento que demanda recursos públicos en tratamientos médicos, medicamentos, investigación científica, pensiones por incapacidad, ausentismo laboral y, lo más trágico, la muerte prematura de mexicanos hombres y mujeres que dejan a muchos más en la orfandad y el desamparo económico.

Por ello, las acciones para combatir este flagelo deben verse como una inversión estratégica para evitar la reproducción de esta pauta insalubre en la próxima generación y que tiene qué ver con la reconversión hacia una nueva cultura nutricional, desde el hogar mismo; una educación sistematizada para la activación física, desde la escuela primaria y secundaria, y una nueva cultura física en todos los sectores de la población. Política de Estado que requiere recursos públicos, voluntad política, conocimiento y congruencia con los acuerdos firmados ante la comunidad internacional, principalmente en materia de salud pública, educación y deporte.

La Carta Internacional de Educación Física y Deporte, signada por México y aprobada en París por los países miembros de la ONU a través de la UNESCO en 1978, establece los siguientes postulados:

Artículo 1.- El deporte es un derecho fundamental para todos.

Artículo 2.- El deporte constituye un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación.

Artículo 3.- El deporte debe responder a las necesidades individuales y sociales.

Artículo 4.- El deporte debe confiarse a un profesional calificado.

Entre otras disposiciones tendientes a obligar a los poderes públicos y los organismos no gubernamentales a favorecer la promoción y la organización de la actividad física.

Bajo esos preceptos, las legislaciones de los estados deben adecuarse para enfrentar la acelerada descomposición cultural en materia de salud pública y valores deportivos. Incluida la reforma transversal a las leyes relativas hacia una nueva cultura nutricional, activación física y práctica deportiva.

Por lo que promover esos conocimientos, impulsar programas informativos y reactivar físicamente a toda la población debe ser un compromiso previsto en la Ley de Educación en Jalisco tratándose de la formación integral de la niñez escolar y la juventud universitaria, con programas institucionales para la detección y desarrollo de talento a través de la competencia y la práctica selectiva. Y por supuesto con el apoyo de dependencias creadas con ese propósito, como el CODE y el Instituto Jalisciense del Deporte. E incluso en la Ley de Profesiones del Estado, para garantizar el acceso a la responsabilidad de la práctica deportiva y la educación física a instructores formados científicamente para ese ejercicio profesional.

Pero sobre todo, se debe impulsar la visión de Estado que reconozca en la activación física una conquista social que se consagre en la Carta Magna del estado libre y soberano de Jalisco. Es decir, elevar el deporte a derecho constitucional.

* Diputado de la fracción parlamentaria del PRD al Congreso de Jalisco.

carlos.orozco@congresojal.gob.mx
Columnas anteriores
Columnas

Cartones