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  El uso electoral de las instituciones de justicia en la docena (trágica) panista, para denostar o implicar con la delincuencia organizada a los adversarios políticos, se ha vuelto habitual y se incrementa conforme se acerca la fecha de alguna jornada electoral.

No podría ser diferente en vísperas de la más importante: la elección presidencial, la cual se antoja, además de complicada y conflictiva, muy escatológica, en el peor sentido del término.

La cadena de "anomalías" para desprestigiar a los opositores de Felipe Calderón y en consecuencia de los candidatos del Partido Acción Nacional empezó durante el "gobierno" de Vicente Fox -marcado por las torpezas y la frivolidad-, en contra del entonces candidato de la coalición "Por el bien de Todos", el tabasqueño Andrés "El Peje" López.

El pretexto que esgrimió el guanajuatense fue que el "candidato de la izquierda a la mexicana" desacató una orden de la Suprema Corte de Justicia, de suspender la construcción de un camino para "beneficiar" el acceso a un hospital privado de lujo, en la zona de Santa Fe.

El evento originó la renuncia del entonces procurador general de la República, el general Rafael Macedo de la Concha, quien por su disciplina castrense, antes de desobedecer la orden del jefe máximo de las Fuerzas Armadas, resolvió presentar su renuncia irrevocable.

"El Peje" fue desaforado y esta circunstancia lo colocó muy cerca de estar tras las rejas, a pesar de su cotidiano caminar al filo de la ley.

Un segundo uso de imputaciones criminales inexistentes, presuntamente de la autoría de Fox, fue cuando horas antes de la jornada electoral para renovar Gobernador en Jalisco, el candidato tricolor Arturo Zamora fue acusado de tener nexos con las bandas de narcotraficantes y algunos negocios no muy claros.

Ninguna de las denuncias fue verídica, pero originaron la derrota de Zamora y favorecieron el triunfo del panista Emilio González Márquez. El uso perverso de la denuncia "chafa" quedó subsanado por una disculpa pública. Pero el mal ya se había hecho, con lo que el propósito se cumplió.

El ejemplo subsiste en la presente administración calderoniana.

Un numeroso grupo de agentes federales fuertemente armados realizó la detención masiva de por lo menos 30 personas, entre alcaldes y funcionarios de diversos municipios de Michoacán, en lo que se conoció como el "michoacanazo".

Los presidentes municipales y sus colaboradores fueron detenidos bajo el cargo de tener ciertos nexos con bandas de la delincuencia organizada.

Al cabo de casi un año, el procurador general de la Republica, Eduardo Medina Mora, reconoció que "no hubo suficientes pruebas" pues se comprobó el uso de testigos falsos.

Lo peor es que la mayoría de los afectados, además de ser exhibidos como delincuentes o cómplices de las bandas de delincuentes, ni siquiera recibieron el consabido "usted dispense".

A mediados del año pasado un grupo de agentes federales, apoyados por soldados, irrumpió sin orden de cateo a la residencia del empresario Jorge Hank Rhon, quien fue aprehendido bajo los cargos de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y Armada de México y de actividades "vinculadas con la delincuencia organizada".

El ridículo de las autoridades -ya bajo el mando de la nueva titular de la PGR, Marisela Morales- fue que el operativo estuvo grabado y en esa cinta se demostró la prepotencia y dolo con que se llevó a cabo el operativo, considerado como inicio de la anunciada guerra sucia preelectoral contra figuras prominentes del PRI.

El presidente municipal de Acapulco, Manuel Añorve Baños, fue acusado de recibir 15 millones de dólares del narcotráfico para su campaña al Gobierno de Guerrero.

La PGR filtró que, de acuerdo con una declaración de un testigo protegido bajo el nombre de "Mateo", le entregó en propia mano a Añorve cinco de esos 15 millones de dólares. El priísta se presentó en las instalaciones de la Procuraduría para aclarar el infundio, que fue profusamente difundido.

Como un libreto bien ensayado, el más reciente "operativo" en contra de los adversarios políticos al panismo fue la amplia divulgación de la mención de tres exgobernadores tamaulipecos bajo la sugerente sospecha de supuestos delitos contra la salud.

Este caso ha sido debidamente aprovechado por los voceros azules, y por las autoridades panistas, que han aplicado una estrategia ambigua y dilatoria antes de emitir una declaración oficial.

¿La difamación para el desprestigio de los opositores es la esencia de las campañas panistas? ¿El abuso de la calumnia exacerbará los ánimos de los partidos de oposición?

¿Las instituciones de justicia (PGR y SSP) son los brazos armados del PAN? ¿Permanecer en el poder, "haiga sido como haiga sido", es la consigna del presidente panista? ¿Los candidatos y funcionarios panistas son totalmente inmaculados?