Patricia Torres / Enviada El Sol de México

Mérida, Yucatán.- Organismos internacionales alertaron de "focos rojos" y una amenaza para la seguridad alimentaría por los efectos del cambio climático los cuales no se pueden soslayar ya que los más afectados serán los países en desarrollo como México puesto que se reducirá la producción de cereales.

Myriam Urzúa y Norman Bellino, representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la FAO respectivamente, coincidieron que ante un panorama ya visible de sequías, inundaciones y huracanes recurrentes se requieren nuevas políticas públicas, legislaciones adecuadas y acciones para mitigar los efectos del cambio climático.

Al participar en la V Reunión Nacional de Magistrados de los Tribunales Agrarios y el Seminario Internacional "Cambio climático, campo y justicia Agraria", los representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), advirtieron que ya no se puede esperar para tomar acciones decisivas, los sistemas agrícolas y forestales tienen que adaptarse ante los nuevos problemas.

Myriam Urzúa representante de la Cepal subrayó que las inundaciones del año anterior en Tabasco son una advertencia de la crisis por la que atraviesa el planeta y que llegó el momento de enfrentar el paradigma más grave de la historia de la humanidad, "o vivimos una tragedia o inventamos una nueva normalidad de desarrollo social".

A su vez el representante de la FAO, Norman Bellino, subrayó que es la permanencia de las tierras agrícolas lo que disminuirá los efectos del cambio climático mientras permanezcan sembradas, lo cual obliga a garantizar la soberanía alimentaría para poder ganar en "sumideros de carbono" (bosques, selvas y mar), los cuales se han disminuidos en 10 por ciento en los últimos 50 años.

Durante la inauguración de la reunión, el magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, alertó que el cambio climático trasciende lo ambiental, amenaza los procesos económicos y es ya, un problema de seguridad estratégica nacional y mundial por sus repercusiones sociales y culturales.

Urgió al Gobierno federal, comunidad científica, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general a incrementar los esfuerzos para enfrentar los efectos de este fenómeno y desarrollar capacidades para sobreponerse a sus efectos e impactos predecibles.

Enumeró las actividades que podrían potenciar el cambio climático: las energías renovables, el carbón limpio, las pilas de energía, la energía nuclear, la eficiencia energética, la gestión del agua, el reciclaje industrial, y la venta de servicios ambientales.

En el ámbito de los llamados servicios ambientales, mencionó que el campo es una fuente para acumular y servir de agua a las poblaciones, que le deberá ser retribuida. Los bosques y selvas son el receptáculo de carbono, por lo que deben conservarse y pagarse a ejidos y comunidades por su conservación.

También propuso un cambio sustantivo en la forma en que se produce y se usa la energía y, en cascada, todos los demás recursos naturales renovables y no renovables y los restantes bienes y servicios de origen agrario, por una parte; y una redefinición más cuidadosa y coherente con la protección del medio, de los objetivos que persiguen los individuos en cuanto a la satisfacción de sus necesidades materiales, además de que traería consigo una revolución cultural, de la cual pueden derivar grandes beneficios económicos, para los núcleos agrarios.

A su vez Myriam Urzúa, mencionó que ante un panorama ya visible de sequías, inundaciones y huracanes recurrentes se requieren nuevas políticas públicas, legislaciones adecuadas y acciones para mitigar los efectos del cambio climático.

Recordó que está en juego el abasto de alimentos, el futuro de nuestras sociedades y el campo debe dejar de ser "víctima sin participación sino participante favorecido". Esto debe estar claro a la hora de legislar en materia agraria, enfatizó.

En tanto Norman Bellino, mencionó que el cambio climático representa una amenaza para la seguridad nacional y advirtió que representa una seria amenaza para la seguridad alimentaría ya que estima que el 30 por ciento de la superficie de la tierra se localiza en áreas bajo producción agrícola que se verán afectadas.

En su oportunidad la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega manifestó que los avances democráticos y la cada vez mayor participación de la sociedad en los asuntos públicos, no han contribuido a la disminución de las desigualdades sociales, ni frenado el deterioro ambiental de nuestro planeta y nuestro campo.

De ahí que la mandataria estatal exigió que todo cambio de políticas públicas camine por la vía de la certeza jurídica y coadyuve a la concertación de alianzas "muy urgentes" entre campesinos y empresarios, lo que se ha frenado por la incertidumbre jurídica.