Opinión / Columna
 
Editorial 
El estado de derecho, garante de nuestros derechos y obligaciones
El Sol de México
12 de octubre de 2013

  Miguel Romo Medina



El estado de derecho es la única vía para hacer efectivo el goce de nuestras prerrogativas legales y el cumplimiento de nuestras obligaciones; fórmula casi exacta para lograr la confianza y seguridad de nuestros pueblos.

Quienes hoy somos Congresistas tenemos el compromiso y el privilegio de trabajar como obreros legislativos, debemos erradicar toda diferencia entre la norma y la vida cotidiana.

Concentrémonos en adecuar nuestros sistemas legales a la realidad, a las expectativas y condiciones de nuestros tiempos .Debemos, pues, ir tras las trasformaciones. Podríamos definir esta tarea parlamentaria en el contexto Kelseniano de la Teoría Fundamental del Derecho como nuestra obligación y sensibilidad de entender y respetar el Ser para crear el Deber Ser como una consecuencia de ideales.

El estado de derecho persigue que la Ley sea norma de convivencia, que su aplicación genere una cultura de legalidad, de prevención y de acción para mayores y mejores condiciones de vida.

La inseguridad y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, vulneran y atentan contra el Derecho, gestándose así inquietudes y prácticas de corrupción que deterioran el espíritu de un sistema legal.

Cuando el estado de derecho se rompe, surge su inestabilidad, la cual deriva en acciones violentas que atentan contra la integridad de los individuos vulnerando sus garantías; en consecuencia, el camino es aplicar la Ley por encima de toda circunstancia.

Es de proponer y comprometer la homologación de los programas y estrategias para que en todos los espacios educativos se conceptualice y arraigue la cultura de la legalidad; evitando con ello cualquier signo que apunte a la impunidad, pues esta es la puerta y, en ocasiones, la autopista para socavar el estado de derecho, poniendo en riesgo las garantías y valores mediante las cuales se preserva la convivencia pacífica.

El Estado Antiguo se caracterizó por la supremacía del más fuerte, fue evolucionando y transformándose hasta lograr la conformación de los intereses públicos y comunes expresados en exigencias de seguridad y de protección de las poblaciones. Estos cambios, acompañados de la institucionalización, mecanismo a través del cual se gestiona el poder, es donde surge irremediablemente el Estado de Derecho.

La historia de las naciones es pues una historia de trasformaciones; en nuestro planeta han aparecido sistemas feudalistas, hereditarios totalitarios así como caudillos y dictadores con signos siempre de autoritarismo que terminan por ser derrocados gracias a la aparición de movimientos reivindicadores, revolucionarios, que en su insurgencia encausan al final el restablecimiento del orden y la armonía popular al agrupar los intereses particulares en la consolidación de un objetivo superior.

Es por ello que la vocación de los pueblos debe ser enfocada al cumplimiento de la norma, pues resulta ser el único mecanismo que nos permite a los hombres vivir en paz de todos los órdenes y contextos; desde la célula familiar, por la organización de los Estados como el concierto de las naciones.

Como principio, el Estado tiene el deber ineludible de asegurar la vigencia y positividad de la Ley; es decir, provocar en todas las instancias de la vida comunitaria el estado de derecho, que, fortalecido, garantice el pleno ejercicio de las libertades y de los Derechos Humanos que son inherentes a la vida de las personas.

Un Estado donde se aplique la justicia y el trato igual a hombres y mujeres. Con ello no solo se pueden aspirar, sino construir un marco de certidumbre social que sin duda alguna coadyuvará al impulso y logro de los fines y aspiraciones de las naciones; a un ánimo y marco de referencia para el Espíritu y de paz y de Coexistencia Pacífica. *El autor de este artículo es senador por el estado de Aguascalientes y lo expresó en el Parlamento del Consejo de Europa.
 
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