Por Guillermo Ríos / El Sol de México

Ciudad de México.- Desde la década de los 90, cuando inició una escalada de privatizaciones de empresas y servicios públicos tradicionalmente a cargo del Estado, en la actualidad este fenómeno se ha incrementado porque existen algunos empresarios que lo único que les interesa es la ganancia indiscriminada de dinero.

Así lo indicó el doctor en derecho Daniel Márquez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien dijo que si bien el Estado se reserva algunos aspectos de orden normativo o de carácter tarifario, también es verdad que estos servicios quedan en manos de particulares, sobre todo en algunos estados y municipios del país.

"Ahora bien, qué está sucediendo en el municipio mexicano a partir de esta experiencia. Esta reforma constitucional al 115 ha permitido, por un lado, que el municipio devenga en una instancia significativamente autónoma de decisiones, que sus ayuntamientos efectivamente empiecen a generar procesos efectivos de gobierno, pero también trae la otra consecuencia, que derivado de esto, en los municipios empiecen a derivar abusos".

El más conocido, precisó, es el vinculado con los sueldos excesivos que algunos presidentes municipales se fueron otorgando a través del tiempo.

Algunos llegaron a cobrar hasta la friolera de 400 mil pesos mensuales por su labor, como si efectivamente su trabajo fuera tan significativo. No despreciamos la complejidad de ejercer la función de gobierno, pero llegaron a ganar, en algunos casos, incluso más que el propio presidente de la República. Ése es el primer caso.

En este contexto, citó el caso reciente del Estado de México, en donde se aprobó una reforma al artículo 126 de su Constitución, para permitir que los municipios se asocien en la prestación de servicios públicos de limpia, recolección de basura, agua potable, alumbrado público, mercados y panteones a través del esquema de concesiones.

"Tenemos casos como en Durango donde en 2006 se entrega a la empresa Recolección y Disposición de Desechos, la concesión para operar el servicio de limpieza en Gómez Palacio por 15 años. Otro caso es en San Luis Potosí, donde una empresa opera también el sistema de recolección de basura, y en Puerto Vallarta, se otorga a una empresa privada el relleno sanitario de este espacio de recolección de basura", informó.

En entrevista con este rotativo, el doctor Daniel Márquez comentó que si analizamos lo que sucede en los municipios a partir de la década de los 90, "hay un movimiento significativo de privatización de servicios públicos".

En Aguascalientes, por ejemplo, el agua potable está en manos de empresas privadas. Este proceso de privatizaciones se vuelve más significativo a partir de la llegada de gobiernos vinculados al PAN a las comunas municipales.

Ahora bien, aseveró, este proceso de privatizaciones en el ámbito de los municipios que involucra aspectos como eficiencia, costo-beneficio y calidad, como que se olvida en esos debates al administrado, al gobernado, el ciudadano, el habitante del municipio, del estado o de la federación, que ya no tiene intervención en esta clase de mecanismos.

"Ahora lo que se hace básicamente es incorporar a empresas que supuestamente operan a través de certificaciones. Sobre todo es muy común acudir a la certificación ISO 9000 en materia de servicios y a la ISO 114000 en materia ambiental, y a partir de ahí decir que prestan un servicio de calidad, y la problemática sustantiva es que ese servicio de calidad genera una situación de desplazamiento del gobernado del ciudadano o del administrado".

Y es que a través de este mecanismo, explicó el académico de la UNAM, ¿cómo el gobernado deja de ser sujeto de derechos y se transforma básicamente en un cliente?

"Con el desplazamiento que hay ahora, el gobernado se transforma en cliente. Como cliente tiene derecho a las prestaciones involucradas en el servicio público, si y sólo si está dispuesto o tiene los recursos para pagar la tarifa que se le pida para acceder al servicio público", manifestó.

Pero resulta que hay un debate que no se ha dado. Toda vez que el ciudadano es titular de derechos, habría que ver, por ejemplo, el caso del agua, que está vinculada sustantivamente con la vida, es un derecho fundamental del ciudadano. Y poner en esquemas de concesión o de privatización el servicio de distribución de agua potable lleva sustantivamente a negar al ciudadano este derecho al agua.

¿Esto tiene que ver con un debate político-ideológico?

-Sí, por supuesto. Tiene que ver con un debate que se debe dar, si el derecho a la vida involucra una serie de derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho fundamental al agua; el derecho fundamental a que me recolecten mi basura para tener calidad de vida; el derecho fundamental a que se me dé un servicio de desahogo de agua de desecho y no provocar inundaciones como las que ocurrieron en Iztapalapa, por ejemplo; el derecho fundamental a contar con carne de calidad, por ejemplo, o servicios de distribución de alimentos adecuados, porque a final de cuentas todo esto está vinculado con la vida. Si las legislaciones en términos generales en el nivel constitucional dicen que uno de los bienes jurídicos que se tutela es el de la vida, pues lo correcto sería generar una serie de interacciones bastantes eficaces, eficientes, de manera tal que los bienes vinculados con la vida efectivamente se hagan asequibles a todo ciudadano.

Aunado a todo esto, afirmó, hoy en día se está dando un problema muy fuerte: la presencia de ciudadanos de diferentes calidades.

"Quien vive en las Lomas y puede acceder a mecanismos de distribución de alimentos y de servicios de primera necesidad, pues tiene una calidad de vida envidiable; en cambio, el que vive, por ejemplo, en una ciudad perdida en Iztapalapa, pues difícilmente tiene acceso a servicios básicos como recolección de basura, agua potable, alcantarillado, alumbrado, vigilancia y por el toro lado carece a su vez de mecanismos de distribución de bienes que le permitan una vida digna, o sea, no hay mercados, los productos que le llegan no son de la calidad suficiente", exteriorizó.

Y habemos, mencionó, franjas de ciudadanos intermedios que podemos medio acceder a algunas cosas de cierta calidad, a otras no de tan buena calidad, etc., con lo cual la pretensión antigua del derecho de igualdad simplemente se ha transformado en una utopía, en una quimera.

El Estado ha dejado de ser un mecanismo que servía para igualar la desigualdad, y se ha transformado en un esquema en donde el que tiene mayor cantidad de recursos es quien, en alguna medida, puede acceder a mejor calidad de satisfactores, concluyó.