Opinión / Columna
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Código Bering
Rafael Navarro
Código Bering
El Mexicano
29 de octubre de 2009
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Ley electoral: prohibido pensar, prohibido disentir, prohibido respirar... y César Jáuregui
De confirmarse la autoría intelectual de una carta pública emitida por el ex diputado local César Jáuregui Moreno, también ex precandidato panista al gobierno de ciudad Juárez, el PAN y particularmente el controvertido político, estaría dando un viraje total a la política de apoyo del gobierno de José Reyes Ferriz, a quien le ha guardado un especial respeto y sumisión.
Como legislador, de la mano de Jaime García Chávez, del PRD, sostuvieron con los ojos cerrados la farsa de la terna para elegir (por primera vez en la historia de Juárez) un procurador, en este caso una procuradora, que ahora se convierte en una bofetada para los legisladores que apostaron por su inteligencia y capacidad.
Ahora la versión del político panista, un hábil orador y político afín a las posturas cómodas de la política (un hombre práctico), es contraria a la decisión tomada hace tres años cuando los columnistas políticos, particularmente uno, Mario Héctor Silva, acuño aquella frase que lo describe de cuerpo completo al llamarlo 'el cachorro de palacio' y no le faltó razón para que la conceptualización de su forma de concebir la política y la buena relación con el gobernador, lo convirtieran en un monigote que perdió toda credibilidad.
Ahora emite esta carta que la retomo como un documento válido en la retórica de los políticos de doble discurso.
LA CARTA A LA PROCURADORA
Llegaste con el ánimo de cambiarlo todo. Incluso nos dijiste que te dejaban una Procuraduría "cooptada por la delincuencia".
Luego convenciste al ejecutivo de emprender una reforma penal que sepultara el sistema de los arreglos en lo obscuro en beneficio de un sistema penal moderno, transparente, sujeto al principio de oralidad.
Imprimiste a la Procuraduría, durante un tiempo, un sello apartidista. Gritabas a los cuatro vientos que no "eras política". Muchos te creímos. Pedías a gritos ayuda contra una clase política que sólo veía a la procuración de justicia como una extensión de su poder y sus privilegios de monopolizar el uso de la fuerza legal. Que veían tu actuación como un atentado contra esos privilegios.
Algunos te ayudamos cuando de la propia corporación se te tendieron trampas que buscaban tu salida de ésta, envuelta en el escándalo. No sé qué trocó tus impulsos primeros en lo que hoy se percibe de la procuración de justicia en Chihuahua. La cooptación del crimen organizado a la procuración de justicia en Chihuahua era, cuando llegaste, realidad incipiente. Hoy es realidad institucionalizada. Ya cediste en la contra-reforma al sistema de justicia penal. Los cambios que se vislumbran harán regresar al viejo modelo más fortalecido, después de vencer en la práctica, al nuevo modelo. Tú sabes que lo anterior es producto del complot que contra tu reforma se hizo por parte del Poder Judicial y de elementos de tu propia corporación.
Pero cediste. Entraste al juego de politizar la justicia y disfrutaste el papel de inquisidora de los enemigos de tus enemigos. Y por último has entrado al juego de permanecer en el cargo con independencia de si le sirve a la sociedad o no. Antes no hubieras aceptado la vergüenza de dirigir una Procuraduría como la que hoy tenemos en Chihuahua. Hoy sientes que sin el cargo algo te falta.
¿Para que seguir Patricia? En el último acontecimiento que cimbró a la opinión pública del Estado, frente a todos, de manera impúdica, frente al claro abatimiento de quienes te acompañaban, incluido tu jefe, tú sonreías. Todos lo vieron.
Y todavía proclamaste a los cuatro vientos una línea de investigación que despedazaron prominentes abogados revolucionarios e institucionales.
Sólo tengo una pregunta: ¿de que te reías procuradora, de que te reías?
LA LEY ELECTORAL
A unos días de arrancar el proceso electoral 2010, quizá el evento más importante en lo tiempos modernos de la vida electoral en Chihuahua, el ciudadano ordinario, los periodistas, los activista políticos debemos de estar muy preocupados porque se ha lanzado la voz de alerta y se ha advertido que la ley electoral se puede aplicar, hasta por respirar.
El día de ayer, en uno de los primeros eventos relacionados con la divulgación de la nueva ley electoral, realizado en la ciudad de Chihuahua, el Instituto Estatal Electoral delineó las bases de la persecución en contra de los ciudadanos.
De acuerdo a la nueva legislación las sanciones irán desde la amonestaciones pública hasta la imposición de una multa máxima de 5 mil salarios mínimos, la cancelación del registro de un candidato, o el de un partido... todo esto espra a los que infrinjan la legislación electoral.
Las amonestaciones o multas se impondrán conforme a la gravedad de las faltas, llegando hasta a reducir el 50% del financiamiento público que recibe un partido, mientras que la evasión en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los recursos podría llevar a suprimir a algún instituto político.
Además de partidos y candidatos, también podrán ser sancionados ciudadanos, afiliados o dirigentes de partidos políticos, así como cualquier otra persona que incurra en una infracción, con multas económicas de hasta 25 mil pesos, o por 250 mil pesos en el caso de empresas que excedan los topes de aportación señalados para apoyar a alguno de los partidos en contienda.
En el caso de los observadores electorales, estos serán sancionados con amonestación pública o la cancelación inmediata de su acreditación y la inhabilitación para fungir como tales en al menos dos procesos electorales estatales consecutivos y una multa de 25 mil pesos.
Si el observador fuera extranjero, será puesto a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que incluso sea deportado a su país de origen, recordando que también la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República estará actuando para procurar la equidad de la contienda.
Asimismo se contempla sancionar a sindicatos laborales o patronales, cultos religiosos u otros terceros, al medirse su impacto en el resultado de la elección, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, para que la autoridad electoral pueda tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma y fije el castigo correspondiente.
Dichas circunstancias son la gravedad de la responsabilidad en que se incurra, el modo, el tiempo y el lugar de los hechos, además de las condiciones socioeconómicas del infractor.
Todo lo anterior dentro del nuevo Procedimiento Administrativo Sancionador, que faculta al órgano electoral para investigar, juzgar y aplicar las medidas correctivas necesarias, que anteriormente correspondían al Ministerio Público Estatal y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre otras autoridades competentes.
TRANSPARENTAR LA VIDA
En otro capítulo de la ley electoral, los partidos políticos están obligados a transparentar nombres y cantidades que reciben como donativos para la manutención de sus actividades ordinarias y de campaña en esta entidad a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que facultó al órgano electoral para acceder al secreto bancario para la fiscalización de los recursos que ejerzan, públicos o privados.
De hecho, el Instituto Estatal Electoral ha nombrado a Perla Nataly Campos como la encargada de la supervisión y control de los trabajos de revisión de los informes que los partidos y agrupaciones políticas presentarán sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios, de precampañas y de campañas, mismos que a lo largo del proceso electoral sumarán un total de mil 256.
Resalta que por vez primera se fiscalizarán los recursos empleados durante la precampaña.
En lo referente a los informes contables de precampañas y de campañas, éstos se revisarán antes de iniciar el periodo de campaña y antes de la toma de posesión de los puestos de elección popular a fin de corroborar que los candidatos y personajes electos cumplan a cabalidad con los requisitos de elegibilidad.
La comisión está facultada entonces para obtener de los partidos y agrupaciones políticas las aclaraciones, datos y comprobaciones que considere convenientes para la adecuada revisión de los informes, aún si debe acceder al secreto bancario, a través del IFE, para corroborar el correcto uso de los recursos, o comprobar que no se hayan utilizados recursos obtenidos ilícitamente.
De encontrarse anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido a fin de que las subsane o haga las aclaraciones necesarias, evitando con ello que se le imponga una sanción que lo llevaría a perder el 50% de su financiamiento público o su registro por no menos de seis meses.
Una vez concluidas las auditorías, estas se publicarán por el Instituto Estatal Electoral y los mismos partidos políticos, conforme a sus obligaciones de transparencia.
Señala la ley que se deberán transparentar los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña; el estado de situación patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios los partidos, la relación de donantes y los montos aportados por cada uno.
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