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  Hace una semana denunciaba en este espacio que la administración del presidente Obama no metía las manos a favor de nuestros compatriotas. Ahora las cosas han cambiado de alguna manera para bien, o como suele decirse, en la dirección correcta. El lunes 5 de octubre la secretaria de la Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, anunció una reforma integral sobre el sistema penitenciario que se había levantado para oprimir a los inmigrantes indocumentados. Quienes en su gran mayoría son mexicanos calificados abusivamente como delincuentes; cuyas mujeres e hijos en ocasiones se ven obligados a compartir en familia las mismas celdas con un solo inodoro a la vista. Así, de modo lacerante, abundan las mujeres y los niños que sin ser peligrosos se les maltrata y mantiene bajo custodia de extrema seguridad.

Durante la administración de George W. Bush se tomaron medidas de excepción para encarcelar a los indocumentados en vías de ser deportados en centros de reclusión privados que competían con los centros federales, estatales y locales de detención. La revoltura de condiciones carcelarias entre los centros privados y públicos agravó los abusos, las injusticias y la violación de los derechos humanos. Además, son excesivos los costos de un servicio público que se convirtió en gran negocio privado. Pero lo más grave fue la pérdida del control estatal sobre los detenidos y sus condiciones de retención.

Han sido frecuentes los juicios de deportación que se alargan con trampas jurídicas para garantizar la permanencia de los detenidos en las cárceles privadas. Así, numerosos trabajadores detenidos son olvidados en las cárceles privadas por falta de seguimiento de sus procesos legales de deportación. Tanto en las cárceles privadas como en las públicas se observa a los pacíficos detenidos por motivos migratorios coexistir difícilmente con delincuentes del fuero común. Y para mayor agravio los servicios médicos para los migrantes detenidos son deleznables; incluso se cuenta con la muerte de algunos compatriotas por negligencia médica.

Ante la afrenta de esa realidad inobjetable, la secretaria Janet Napolitano y John Morton, director de "la migra" (Immigration and Customs Enforcement, ICE), adoptaron una actitud encomiable al decidir una reforma a fondo de un servicio que debe regresar a manos del Estado. Sin duda la parte más favorable de dicha reforma estriba en que se busca despenalizar a los inmigrantes que por razones documentales son detenidos; quienes deberán ser deportados o no, dependiendo de las atenuantes posibles y de otras consideraciones jurídicas.

Por otro lado, se pretende evitar la separación innecesaria y desgarradora de las familias, lo cual como se recordará había sido una promesa de campaña del presidente Obama. Se comprometen además a proveer los servicios médicos adecuados; lo cual es de fundamental importancia para nuestros connacionales detenidos. De paso limitarán y en su caso desparecerán los servicios subcontratados en centros privados de detención.

También se contempla la posibilidad de habilitar algunos hoteles y guarderías para convertirlas en centros de detención de inmigrantes. Asimismo se prevé la construcción de dos nuevos centros modelo de detención especializados en inmigrantes. Y se utilizarán más a menudo los brazaletes electrónicos de control de movimientos junto con otros recursos para la detención domiciliaria bajo una consideración fundamental: la gran mayoría de los inmigrantes detenidos no son criminales peligrosos y es tiempo de considerar las diferencias. ¿Será acaso una primera aproximación a la reforma migratoria integral? ¿Serán capaces nuestros Consulados de vigilar si tratan mejor a nuestra gente?