En días recientes el Gobierno federal determinó el sitio en el que se construirá la nueva refinería de Petróleos Mexicanos. La resolución adoptada y el proceso observado para llegar a ella recibieron un buen número de críticas en razón de que se estimó que una decisión que en principio debió ser tomada con base en consideraciones estrictamente técnicas, se vio contaminada por presiones de carácter político ejercidas principalmente por los gobernadores de las entidades federativas con posibilidades de allegarse el proyecto y por los partidos políticos en apoyo a sus mandatarios estatales.

Hay que recordar que la construcción de la nueva refinería resultó un proyecto atractivo para los gobiernos estatales en razón de la inyección de recursos económicos que representa, más de 10 mil millones de dólares, con la consecuente influencia en la reactivación del empleo, la inversión en infraestructura y el impulso del desarrollo local y regional en la entidad federativa beneficiada.

Sin duda, dichas circunstancias redundarán en un beneficio de carácter electoral en el momento oportuno, lo que impulsó a los gobernadores a ejercer mayor presión para obtener del Gobierno Federal una decisión favorable.

No obstante la crítica a esta clase de presiones que privilegian la decisión política sobre la técnica, el proceso de asignación de la refinería permite observar con claridad la posibilidad actual que tienen los gobiernos estatales para gestionar ante el Gobierno federal, y presionar en su caso, la atención de los intereses de sus entidades federativas, consecuencia de la nueva relación surgida entre los distintos órdenes de Gobierno en el marco del proceso de cambio democrático en que nos encontramos. De esta forma los estados pueden ejercer una nueva capacidad de "lobbying".

Durante décadas los principales proyectos de desarrollo se instrumentaron desde el centro, dejando fuera de la toma de decisiones a los órdenes de gobierno más cercanos a la población. Son incontables los casos de obras y proyectos que debidamente planeados en el escritorio, por razones técnicas fueron de imposible ejecución en el terreno; enfrentaron la oposición de los pobladores, o una vez desarrollados, resultaron en un beneficio nulo o mínimo para la población objetivo.

Por ello, la nueva relación entre las entidades federativas y el Gobierno federal implica que en la definición de los proyectos con impacto local o regional, se considere como nunca antes a los gobiernos locales, en un ejercicio de responsabilidad mutua que beneficie a la población. En los hechos hemos podido observar que el Gobierno Federal y los estatales comprenden esta nueva dinámica y conducen sus relaciones conforme a ella.

Ahora bien, en este ejercicio los actores políticos involucrados están obligados a observar ciertos límites. En primer lugar deberán respetarse las atribuciones que les corresponden a cada uno de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, será necesario evitar en la medida de lo posible que se privilegien decisiones de índole política o de grupo por encima de consideraciones técnicas y que mucho menos se ponga en riesgo la seguridad y el desarrollo de la población de las zonas en las que se pretende desplegar los nuevos proyectos.

Por ello es válido que los gobiernos de las entidades federativas promuevan y gestionen ante las instancias que sean competentes los proyectos que estimen convenientes para el bienestar de su población, respetando la obligación que tiene el Gobierno Federal para conducir su actuación y tomar sus decisiones conforme al marco jurídico y a las consideraciones técnicas que aseguren la viabilidad y el éxito de los proyectos, y que por encima de todo, garanticen el beneficio de la población.

Con base en este enfoque podemos advertir que en el futuro los nuevos procesos para la definición de proyectos de infraestructura y desarrollo de gran tamaño serán objeto de presiones similares a las que observamos en el caso de la nueva refinería.

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