Manrique Gandaria / El Sol de México

Ciudad de México.- Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmaron que la comisión investigadora del caso Lydia Cacho extralimitó sus atribuciones y cometió un agravio a la soberanía del estado de Puebla, al otorgar un valor probatorio a las grabaciones telefónicas -obtenidas ilegalmente- entre el gobernador Mario Marín y Kamel Nacif, según las cuales se habría fraguado una conspiración contra la periodista.

Los ministros indicaron que no se les puede dar ningún valor probatorio a las grabaciones telefónicas entre el mandatario estatal y el empresario textilero, toda vez que fueron obtenidas en contra de la ley.

El ministro Salvador Aguirre Anguiano acotó que la intervención de llamadas telefónicas que hizo la comisión investigadora no fue la adecuada, ya que el artículo 16 constitucional sólo prevé esto cuando se trata de delincuencia organizada y como no se tuvo el menor indicio de que se tratara de este delito, entonces hubo un salto monumental en las atribuciones de los comisionados.

Criticó duramente la labor de la comisión, encabezada por el ministro Juan Silva Meza, al indicar que los registros que Telmex y otras empresas aportaron para demostrar las llamadas del gobernador poblano, sólo fue un "revoltillo" que no prueba nada, posición que fue apoyada por el ministro Mariano Azuela.

No hay pruebas para demostrar que las conversaciones sucedieron realmente en la forma en que fueron difundidas, "yo repruebo el método, es un mal manejo de la prueba de inferencias, la res probatum quedó hecha polvo", acotó el ministro.

Ante el pleno, Aguirre dijo que la Suprema Corte esta obligada por los mandatos de la Constitución y la ley, y aquí se infringieron preceptos.

En este contexto, sostuvo que apegándose al artículo 16 de la Constitución, el dictamen del ministro Juan Silva Meza se "desmorona en su médula", y quita todo valor probatorio a las intervenciones de comunicaciones privadas obtenidas contra la ley.

Por su parte, el ministro Cossío Díaz, enfatizó que el proyecto del ministro Juan Silva es contradictorio, y es el apartado de las llamadas telefónicas donde hay más cuestionamientos; las intervenciones telefónicas no muestran nada y carecen de todo valor porque fueron hechas sin lograr o sin satisfacer los requisitos que se requieren para un acto de esta importancia" indicó.

En la sesión de ayer, los ministros José de Jesús Aguirre Anguiano, Juan Ramón Cossío Díaz y Mariano Azuela manifestaron su desacuerdo en el dictamen de la comisión investigadora, encabezada por el ministro Juan Silva Meza y dos de sus compañeros, toda vez que interpretaron de manera errónea sus atribuciones; "pensaron que podían actuar como autoridad jurisdiccional, cuando no son una autoridad jurisdiccional y por tanto no tenían atribuciones para solicitar intervenciones telefónicas, como lo hicieron".

El ministro Aguirre Anguiano formuló una pregunta: ¿Debemos prestar oídos sordos a la voz de la Constitución y damos oídos ligeros a nuestras sospechas porque lo escuchamos en la radio o televisión?

"No puedo aceptar ni que el registro de llamadas produce convicción, ni que las intervenciones de llamadas producen fe y crédito y por supuesto que la crónica de las llamadas televisivas y radiofónicas puede producirnos sospechas, pero mal haríamos en juzgar por sospechas", concluyó.