Juan Cruz / El Sol de México

Ciudad de México.- El ministro Juan Silva Meza propuso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconocer al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y a otros 29 funcionarios, como responsables de las violaciones a las garantías individuales de la escritora Lydia Cacho Ribeiro.

En el dictamen que puso a discusión de sus compañeros advirtió que sí existió una conspiración encabezada por el gobernador para perseguir penalmente a Cacho Ribeiro, a solicitud del empresario Kamel Nacif Borge, quien se sintió agredido por el libro "Los Demonios del Edén".

En opinión del ministro Genaro David Góngora Pimentel, el gobernador Mario Marín renunció a la verdad, a sugerencia de su defensa.

Además, Silva Meza propuso declarar que el Congreso de la Unión es competente para actuar respecto a este caso, sin mencionar qué medidas deben tomarse, debido a que la SCJN no tiene facultades para hacer recomendaciones o sugerencias a otras autoridades.

El dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza establece que las autoridades de Puebla sí violaron los derechos de la periodista, y que, de acuerdo con la opinión del ministro Genaro Góngora, también fue víctima de tortura psicológica.

Silva Meza destacó algunas de las trascripciones de las conversaciones telefónicas que fueron grabadas entre el gobernador Mario Marín y el empresario textilero Kamel Nacif, en las cuales destaca la confabulación que orquestaron para detener a la periodista en Quintana Roo y trasladarla a Puebla en condiciones inapropiadas para generarle un estado de angustia por su integridad física.

También hizo alusión a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para argumentar que la tortura está prohibida en cualquiera de sus formas.

Por "la vinculación que este alto funcionario de la Federación tiene con los hechos denunciados, deriva que fue él quien propició que se diera una acción concertada entre diversas autoridades y funcionarios", Silva propuso declarar que el Congreso de la Unión sea la autoridad para actuar y decidir en contra de Marín Torres.

Explicó que las Legislaturas estatales y otras autoridades locales serían responsables de sancionar a los demás funcionarios, que incluyen a los procuradores de Puebla y Quintana Roo, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del primer estado, así como a la juez que ordenó la aprehensión de Cacho en diciembre de 2005.

Para el ministro Genaro David Góngora Pimentel, la citada grabación sí debe tener valor probatorio, dando lectura a la célebre plática telefónica entre Nacif y Marín en la que el empresario "agradeció" al gobernador su apoyo para detener a Cacho Ribeiro.

"¿Cuántos periodistas se abstendrán de publicar hechos como los que denunció Lydia Cacho, cuando ven que han pasado dos años y los protagonistas siguen impunes?", cuestionó Góngora.