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  El viernes se celebra el 99 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, movimiento social que para más de la mitad de los mexicanos de las nuevas generaciones parece no significar nada, pero que para muchos sigue constituyendo un importante punto de referencia como mecanismo de transición nacional y ejemplo de la envergadura del cambio social que otrora se produjo y que nuevamente se requiere en el país.

La Revolución de 1910 tuvo como propósito central combatir el régimen porfirista, que cerró toda posibilidad de progreso a las clases trabajadoras y de movilidad política a la incipiente clase media. Un sistema que expropió a los ciudadanos su soberanía, los convirtió en súbditos sin ningún derecho y canceló sus libertades; que fue incapaz de impulsar el cambio que exigía una sociedad con nuevas aspiraciones y ánimos de superación.

Su objetivo fue diáfano: establecer las condiciones para construir gradualmente un país con justicia social, poniendo fin a la herencia de una sociedad explotada, discriminada y humillada desde el siglo XVI. Y vaya que durante los años que transcurrieron de aquella fecha hasta los 80 del siglo pasado se logró impulsar cambios considerables en este sentido.

La Constitución de 1917, su producto más acabado, reconoció por primera vez en el mundo los derechos sociales a la educación y al trabajo. Asimismo, dio pie a la creación de importantes instituciones de carácter social como la SEP, la Conasupo, el Infonavit, así como el IMSS y el ISSSTE, que significaron el compromiso gubernamental de dar al grueso de la población trabajadora el derecho a la salud y a una vejez digna.

Asimismo, se impuso la educación gratuita y obligatoria al nivel elemental. Y, a través del reparto de la tierra, se impulsó una redistribución de la riqueza, que permitió mejorar las condiciones de vida de los campesinos, quienes entonces constituían 85 por ciento de la población.

No obstante, al inicio de los años 80 las cosas empezaron a cambiar en el país. La pérdida de vigencia del modelo revolucionario, por el cumplimiento de algunas de sus demandas o por el cambio de condiciones para alcanzar las aún no resueltas, aunado a las crisis económicas recurrentes y al incipiente proceso de globalización, pusieron en entredicho la vigencia del pacto social revolucionario.

Asimismo, la instauración del neoliberalismo dificultó el aseguramiento de los derechos colectivos orientados a mejorar gradualmente los estándares de vida de los ciudadanos. Meta que hasta la fecha no ha podido cumplirse.

Para algunos, sin embargo, la alternancia en el poder presidencial, producida desde el 2000, representó una bocanada de aire fresco. Muchos consideraron a este hecho como una nueva revolución, sucedánea a la de 1910, que abriría la posibilidad de que surgiera en México un gobierno de amplias bases sociales que fuera capaz de transformar al país. Sin embargo, no sucedió así.

El tan esperado "cambio" nunca llegó y el nuevo gobierno, el de la alternancia, no ha logrado, en nueve años que van de su administración, más que mostrar una absoluta incapacidad para refundar el Estado mexicano.

El gobierno de la alternancia no entendió que lo que nuestro país requería era poner en marcha una nueva revolución que nos permitiera fundar un nuevo régimen y asegurar un nuevo arreglo político que hiciera operable a nuestra naciente democracia presidencialista. Que nuestro país exigía del liderazgo presidencial para promover el abandono definitivo de las viejas reglas del juego e impulsar la definición de nuevas reglas del juego, de nuevos paradigmas y de nuevas metas para el futuro de la nación. Y que el papel del gobierno no era más que responder a la voluntad ciudadana.

No entendió que hace nueve años los mexicanos votaron por un cambio creativo, constitutivo, original, que lamentablemente no fue capaz de concretar.

Necesitamos una revolución que no implique el retorno a las premisas de 1910 ni el uso de la violencia como el medio para conseguir el cambio, sino el ejercicio de nuestros derechos políticos para impulsar, de cara a la nueva realidad nacional e internacional, un proyecto que sea el sustento del pacto social para un Estado moderno, democrático e incluyente. Un proyecto que atienda los planteamientos inconclusos de la Revolución del siglo pasado, pero por una vía distinta, más acorde a la nueva realidad nacional y global. Que asegure las medidas necesarias de corte demócrata social para garantizar igualdad de oportunidades a todos los mexicanos para que todos puedan desarrollar plenamente su potencial humano y sus capacidades propias. Que pavimente finalmente el camino de la revolución a la evolución.

La Revolución de 1910 es la más grande herencia de valor social participativo con la que contamos los mexicanos. Su espíritu es todavía motor de la conciencia colectiva para la transformación. Y la vigencia de sus aspiraciones, el mejor camino para combatir la desigualdad. No olvidemos que la democracia no puede desarrollarse plenamente en sociedades en las que las necesidades sociales más básicas de la mayoría de la población no han sido atendidas.