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  Resulta difícil definir cuántos pobres existen en nuestra nación. Las cifras oficiales señalan que su número varía desde los quince o dieciséis millones hasta los sesenta millones de personas. A pesar del importante margen que existe entre estas cantidades, cualquiera de ellas es aterradora. Ello nos plantea, asimismo, el problema de definir quién es pobre y qué criterios se deben utilizar para considerarlo como sujeto de ayuda y autoayuda. En este esfuerzo es, sin embargo, indispensable partir del supuesto de que éste es un problema sistémico y de que los recursos con que cuenta el gobierno para hacer frente a este mal son limitados.

Hay quienes consideran la pobreza un problema de ingreso y hay quienes la consideran un problema de oportunidades. En el primer caso, se sostiene que incrementando directamente el ingreso se erradica la pobreza. De ahí la justificación a tantos miles de millones de pesos utilizados en subsidios y transferencias directas a la gente de escasos recursos. El inconveniente de este tipo de políticas es, sin embargo, que los recursos gastados no generan más riqueza ya que son utilizados para satisfacer necesidades primarias inaplazables y no para generar inversión productiva, o bien, que en algunos casos estos recursos se desvían hacia grupos menos necesitados. Además, la forma en que se hacen llegar estos recursos a la población genera incentivos negativos, así como un alto costo que puede promover la corrupción o constituirse en un medio de presión política. Sin embargo, su principal beneficio principal de este tipo de apoyos proviene del hecho de que de no hacerse, el grupo al que se dirige mantendría las mismas condiciones de miseria o quizá aún mayores.

La segunda perspectiva desde la cual puede verse el problema de la pobreza es la que considera a ésta como una cuestión de oportunidades. Desde este punto de vista para erradicar la pobreza se requiere elevar la calidad y la cantidad de oportunidades. De lo que se trata es de invertir productivamente en la gente pobre a fin de potenciar sus capacidades y aprovechar sus ventajas comparativas, su experiencia y su visión comunitaria. El problema de esta visión es, sin embargo, en el corto plazo, su alto costo de oportunidad. Bajo este esquema una parte importante de los recursos disponibles que se gastan en generar oportunidades en el mediano y largo plazos se dejan de gastar en subsidios y otro tipo de transferencias directas para satisfacer necesidades inmediatas.

En mi opinión, las políticas de combate a los problemas de pobreza no pueden ni deben renunciar a ninguno de los dos métodos. Eliminar de tajo los subsidios y las transferencias directas implicaría un costo social muy elevado, incluso insostenible. Mientras que, no invertir en elevar las oportunidades condenaría a la gente pobre a una situación de la que nunca podrían salir por falta de elementos para alejarse de la línea de pobreza. Es el momento de crear y abrir nuevas alternativas a este respecto.

Actualmente existen programas y rubros de gasto público que benefician específicamente a los pobres, sin embargo, dichos programas desperdician muchos recursos por problemas de información asimétrica al identificar a su población objetivo, por problemas de administración y porque en términos de costo resultan insostenibles a largo plazo. Las políticas públicas en materia de combate a la pobreza para ser efectivas deben no sólo estar bien orientadas a los grupos escogidos como meta, sino además estar cuidadosamente formuladas para satisfacer sus necesidades específicas. Asimismo, para tener éxito deben considerar la participación independiente e intensa de los beneficiarios tanto en el diseño, como en la ejecución, el control y la evaluación.

En este contexto, el microcrédito resulta una excelente opción para mejorar las condiciones de vida de gran parte de la población pobre. El microcrédito es una forma de financiamiento mediante la cual se colocan montos, menores en relación con los otorgados por bancos y otro tipo de instituciones financieras, a favor de personas en condiciones de pobreza. Préstamos que son asegurados a través de garantías no convencionales, como lo puede ser la autorregulación de la comunidad o el ser mujer, que no son aceptadas por las instituciones tradicionales de crédito.

En casi todo el mundo, por ejemplo, las mujeres se encuentran en una condición económica o social desfavorable. Con frecuencia, en los hogares pobres ellas son las que soportan la mayor carga de trabajo, las que tienen un grado de educación más bajo y las que tienen menos acceso a actividades remuneradoras. Sin embargo, también son el grupo que puede dinamizarse más en términos económicos. Sólo hace falta que encuentren los apoyos necesarios. Para satisfacer las necesidades de ahorro e inversión, sólo hace falta contar con la institución adecuada, políticamente independiente, profesional, con la vocación de ser autosuficiente y con una legislación que le permita desarrollar sus actividades financieras no lucrativas.

Pero veamos el fenómeno un poco más de cerca. El término microcrédito hace referencia a programas que facilitan préstamos pequeños a personas muy pobres para proyectos de autoempleo que generan ingresos, permitiéndoles hacerse cargo de ellos y de sus familias y reduciendo la necesidad de ayudas directas por parte del Estado. Se trata de empresarios demasiado pobres para calificar y obtener un crédito en una institución tradicional. Son préstamos pequeños, con montos y periodos de repago cortos, otorgados por una organización de arraigo local o gremial, con amplia solvencia moral y políticamente independiente. Ahí reside la clave de su éxito. Además, estos microcréditos son en muchos casos catalizadores de otros desarrollos comunitarios facultativos gubernamentales como programas en educación y capacitación laboral. El papel del Estado en estos esquemas es simplemente de estímulo y de liderazgo en la visión de los agregados, pero no de participación, intervención o administración directa.

El microcrédito parece ser una buena opción. Por supuesto no es la cura total a la pobreza, sin embargo, muestra que el reto en materia de gobierno en el siglo xxi es poder ofrecer varias herramientas como ésta e inducir y dirigir su instrumentación para incrementar el nivel de vida de los mexicanos. Es necesario introducir vías innovadoras, nuevas y participativas, y dejar al lado las formas burocráticas y clientelistas ya agotadas. Ésta es la mejor manera de lograr un desarrollo equilibrado, de autoresponsabilidad y autosuficiencia en la lucha contra la pobreza.