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  Uno de los temas que necesariamente se deben privilegiar al momento de conocer propuestas en materia social es el del combate a la pobreza. Dificultad que es efecto de la globalización, el enorme progreso y la desigualdad en el reparto de las oportunidades y de la riqueza y causa de otros problemas centrales como el de la inseguridad.

En la actualidad se estima que alrededor de 80 por ciento de la población mundial vive en condiciones de pobreza; que 840 millones de personas sufren desnutrición (de los cuales 200 millones son niños menores de cinco años); que más de mil 200 millones de seres humanos no tienen acceso al agua potable; que 880 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud; que 2 mil millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales y que mil millones carecen de vivienda. Aunque algunos países, como China, podrán alcanzar la meta del milenio de reducir el hambre y la pobreza en 50 por ciento de 1990 a 2015, este objetivo no podrá ser cumplido por la mayoría de los países en vías de desarrollo, entre ellos México.

De acuerdo con el estudio "La pobreza en México: una evaluación de las condiciones, las tendencias y la estrategia del gobierno", publicado por el Banco Mundial en 2004, en 2002 la mitad de la población mexicana vivía en pobreza y un quinto en pobreza extrema.

Las razones por las que tantas personas no pueden satisfacer sus necesidades fundamentales son complejas, aunque la causa principal de la pobreza es la desigualdad en el reparto de los recursos, de los servicios sociales y del poder.

En el caso concreto de nuestro país, el problema de la pobreza se vincula con la calidad de los servicios, las políticas para el crecimiento de los ingresos, las estrategias para incrementar la productividad de los autoempleados y las empresas informales, las limitaciones del sistema de protección social formal y las carencias en salud, empleo y falta de ingresos en la vejez. Asimismo, la política social nacional enfrenta problemas institucionales como los vinculados con el fortalecimiento de la rendición de cuentas, sobre todo en los gobiernos estatales y municipales, la incorporación social de los grupos excluidos y la vinculación de las evaluaciones rigurosas con una administración basada en resultados.

De ahí que la atención a este flagelo exija una respuesta integral y comunitaria que involucre el apoyo de los organismos internacionales, y sobre todo la revisión de las políticas públicas nacionales en la materia.

De lo que se trata es fundamentalmente de disponer de un Estado activo con instituciones modernas que permitan incrementar los impactos de la política social y garantizar un piso mínimo de oportunidades y bienestar a todos los ciudadanos.

Mínimos sociales insoslayables garantizados a partir de una visión comprensiva e integral de la pobreza, que atienda este problema a partir de todos los ángulos que el mismo involucra: una situación de insatisfacción de necesidades básicas, un estado que limita el desarrollo de las capacidades humanas y una circunstancia de una vulneración de derechos. En efecto, detrás de cada derecho, existe una necesidad que busca ser garantizada en su satisfacción y una capacidad que debe ser resguardada en su desarrollo y potenciación.

A partir de este último enfoque, las personas que viven en situación de pobreza se convertirían progresivamente en titulares de derechos sociales y económicos. Los mínimos sociales se constituirían en una forma de operacionalizarlos y hacerlos exigibles; en umbrales de cobertura, calidad y gestión en materia de oportunidades y bienestar, que las instituciones públicas y privadas estarían obligados a garantizar a través de planes y programas.

Algunos de estos mínimos se relacionan en materia de protección social con una mayor extensión y consolidación del programa Oportunidades, enfocándose en la cobertura de quienes viven en pobreza extrema con una continua y cuidadosa atención al monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas; sumamente inequitativo, y el diseño de opciones para la población no cubierta de quienes viven en pobreza moderada, la calidad de los servicios y el fortalecimiento de la rendición de cuentas de los proveedores (médicos, profesores, etcétera) tanto hacia arriba (enlazando los incentivos con los resultados), como hacia afuera, con los beneficiarios y las comunidades. En educación y salud los cambios se vinculan con la elevación de la calidad y la reducción de los déficits sicosociales que ponen en riesgo el desarrollo de la personalidad, la inteligencia, el lenguaje y la inserción social; así como con el fortalecimiento sustancial en las estructuras de acceso, oportunidad y rendición de cuentas, en especial en los niveles subnacionales, y el establecimiento de instrumentos con los cuales el Gobierno federal pueda influir en recompensar el desempeño de los proveedores de servicios en los niveles estatal y municipal. Y en lo relacionado con la vivienda e infraestructura destacan las medidas relacionadas con el establecimiento de garantías para que la población acceda a viviendas y la expansión del gasto en infraestructura como medio para reducir altos costos e ineficiencias de los servicios de infraestructura.

Dos aspectos adicionales habrían de ser tomados en cuenta para asegurar los buenos resultados de una política social como está orientada a la reducción de la pobreza. El impulso a una reforma tributaria que eleve moderadamente la recaudación de impuestos y permita al Estado cumplir con estas tareas; así como el monitoreo y evaluación permanente para la revisión, la evaluación y el rediseño en curso de los programas de reducción de la pobreza.