A raíz de la publicación en la revista Forbes de los resultados de la aplicación de una metodología para medir la posibilidad de falla de los estados, se ha estado discutiendo en México si somos o estamos en vías de ser un estado fallido. Si bien ubican a México en el lugar 105 de entre 170 países, la discusión se enrareció cuando el exzar antidrogas norteamericano Barry Mc Caffrey equiparó a México con Paquistán.

La discusión pública se ha polarizado, particularmente por las posiciones maximalistas que nada aportan para superar los profundos y delicados problemas de México.

En un extremo están quienes afirman que ya somos un estado fallido, por la dimensión de nuestros problemas y la incapacidad de las autoridades que los enfrentan. Sin duda aquí se encuentran los catastrofistas que gustan de noticias alarmantes y aquellos que piensan obtener una ventaja político electoral.

En el otro se encuentran quienes niegan las deficiencias, lastres y errores que padecemos; quienes aseguran con optimismo infundado que sin complicaciones y riesgos habremos de superar nuestras crisis, y quienes afirman que podemos mejorar el nivel de vida de la sociedad sin modificaciones de fondo.

Ninguno de los extremos es aceptable. México no se encuentra como Afganistán o Zimbawe. Tampoco disfrutamos un ambiente seguro o una democracia electoral y económica consolidada que propicie razonablemente un futuro justo y equitativo.

Simplemente debemos reconocer que estamos en medio de una crisis polifacética en temas tales como seguridad interna; economía; consolidación de la democracia y envejecimiento de las instituciones y prácticas políticas que, además, de impedir el adecuado desarrollo nacional, provocan problemas de gobernabilidad hasta hoy controlados.

En razón de lo anterior es lógico reconocer que enfrentamos fallas, pero que si bien algunas son extraordinarias porque la evolución de las circunstancias y de los problemas es superior a la adaptación y a la reacción, otras, aunque no resueltas, se han mantenido dentro de los márgenes de control y gobernabilidad del país.

Este reconocimiento, desde luego es muy diferente a la expresión "fallido" como imposibilidad de dar los resultados esperados por un colapso del estado mismo, en perjuicio de su objetivo y responsabilidad básica que al decir de Thomas Hobbes y su Leviatán, implicaría el retorno al estado natural al permitir subjetivismos, anarquía y prevalencia de los intereses de los más fuertes.

Es cierto que México es superior a sus problemas, pero es de sentido común considerar que de no darles la atención debida, los márgenes de acción irán inevitablemente reduciéndose hasta el punto de ir generando mayores conflictos de gobernabilidad.

Los temas de fondo y estructura que deben revisarse se encuentran en la agenda nacional; sin embargo, la atención urgente de la cotidianeidad; el privilegiamiento de intereses de grupo o de partido; la inminencia de procesos electorales a nivel federal y estatal que consumen tiempo, energías sociales y recursos en exceso y que subordina a ellos todas las actividades y decisiones; la deficiente formación o insensibilidad de muchos "servidores públicos" en todos los ámbitos; la falta de consensos en cuanto diagnóstico, problemáticas y "proyecto de nación" que permeen en las políticas públicas y en la definición y ejecución de actos en nombre de un genuino interés público son, entre otros, los obstáculos que están convirtiéndose en lastre para la evolución y desarrollo de México como nación.

La superación de los obstáculos y el análisis sustantivo de esta agenda sólo podrá realizarse a partir de la conjunción de las voluntades y participación activa de las diversas instancias gubernamentales, particularmente Federales, sin menoscabo de una mayor participación de la sociedad.

Esta deber ser la primera interesada en cuidar que no fallen en su cometido los elementos integradores del Estado. Para ello, necesitamos encontrar mejores fórmulas para que la participación social activa garantice el cumplimiento de la ley y el funcionamiento gubernamental.

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