De la redacción

Chihuahua, Chihuahua.- A cinco días de aprobarse la creación de la Coordinación para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el mandatario José Reyes Baeza Terrazas solicitó ayer a la legislatura local derogar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al tiempo que en el Congreso se persigue justificar la creación de un total de 72 plazas que se asignarían a un mismo número de nuevos jueces para que asuman la coordinación de los tribunales de Garantía, Juicio Oral y Especializado en Justicia para Adolescentes Infractores, engrosando la nómina del Supremo Tribunal de Justicia.

"... no pasan desapercibidas para el Poder Ejecutivo a mi cargo diversas voces que desde el ámbito de la opinión pública, del académico y algunas desde el Poder Judicial, han manifestado inquietudes en cuanto a la institución de la figura jurídica aludida, toda vez que aprecian, duplica funciones con otras instituciones previamente creadas dentro de la propia administración pública y del mismo poder Judicial", exteriorizó el gobernador.

De ahí que la solicitud sea suprimir los artículos 101, 102 y 103 que fueron reactivados en la citada legislación, resaltando que la duplicidad de funciones radicaría en que la nueva coordinación haría el mismo trabajo que organismos como el Centro Estatal de Implementación del Nuevos Sistema de Justicia Penal y el Centro de Formación y Actualización Judicial.

"... además de que las principales directrices de este sistema deben quedar acrisoladas en la esfera de decisiones directas del pleno del Supremo Tribunal de Justicia, sin intermediaciones adicionales", agrega en el escrito Reyes Baeza.

Expone que la intención primera, presentada ante los legisladores el pasado 26 de agosto, era abonar con una pieza más en la cadena de responsabilidades que los tres Poderes locales tienen dentro de la implementación del nuevo modelo de justicia penal para Chihuahua.

"Sin embargo, en aras de abonar a una mejor transición hacia el nuevo sexenio del Gobierno Estatal, y con él, a los retos que lleva a cuestas la nueva Fiscalía General del Estado (...) consideramos prudente que los artículos que por decreto reciente dan vida a la Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal sean derogados", reitera la iniciativa.

La petición es para que igualmente se derogue el artículo transitorio que le permitiría a la coordinación contar con una partida presupuestal para la realización de las actividades que conforme a lo aprobado por los legisladores serían ordenadas por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, percibiendo un sueldo equivalente al de un magistrado.

Esto último según el artículo 25 de la legislación del poder Judicial, invocado en la propuesta original de Reyes Baeza para que al coordinador obtuviese por sus servicios "la remuneración que les asigne el Presupuesto de Egresos del Estado o en su defecto, la autoridad que determine la ley, con derecho a jubilarse o pensionarse, recibiendo las mismas prestaciones que perciben los magistrados en activo, alrededor de 108 mil pesos al mes.

Legisladores locales, incluido el líder parlamentario Fernando Rodríguez Moreno, defendieron ayer la aprobación de la propuesta enviada por el gobernador, antes de conocerse la decisión de derogar lo referente a la creación de la coordinación.

"El que se diga que la aprobación de dichas reformas fueron en base a una negociación, principalmente para la aprobación de las cuentas públicas que en breve serán dictaminadas: está totalmente fuera de la realidad", mencionó el diputado Ricardo Yáñez.

Esto último, antes de revelarse la intención final del gobernador Reyes Baeza, cuyo cumplimiento tendría que esperar hasta un nuevo próximo periodo extraordinario de sesiones, a menos que se incluya en la sesión que efectuará el pleno del congreso este 9 de septiembre.



72 nuevos jueces para Chihuahua

Al negar que la creación de la Coordinación para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal obedezca a un intercambio de favores políticos, el legislador Fernando Rodríguez Moreno informó ayer que se discute hacia el interior del Congreso la creación de 72 nuevas plazas para el poder Judicial.

Expuso que a propuesta de su presidente Rodolfo Acosta Muñoz, el pasado 2 de agosto se les hizo llegar una iniciativa de decreto cuya finalidad es que la diputación impulse una facultad del pleno de magistrados para designar a un Juez Coordinador para cada Tribunal de Garantía, de Juicio Oral y Especializado en Justicia para Adolescentes Infractores.

Indicó que la iniciativa ya se encuentra bajo el análisis de la Comisión Primera de Gobernación que encabeza su correligionario Jorge Neaves, al que se turnó la justificación de la posible creación de estos puestos que llevarían el nombre de Unidad de Apoyo Administrativo.

Según la propuesta de Acosta Muñoz, la intención es que se disponga de "todas las medidas administrativas que sean necesarias para la buena marcha de los juzgados y tribunales de juicio oral", conforme a lo expuesto en la iniciativa que aprobaron para su presentación los magistrados del Supremo Tribunal del Justicia.

En ese sentido serían 51 nuevos coordinadores para los tribunales de garantía, 7 para los tribunales de juicio oral y 14 para los tribunales encargados de la impartición de justicia a menores infractores, sumando un total de 72 nuevas plazas que pretenden crearse a partir de la propuesta que firma Acosta.

Esto último mientras que para la administración del gobernador electo César Duarte, junto con la creación de la nueva Fiscalía General del Estado, que involucró la desaparición de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de de Seguridad Pública Estatal, se aprobó por parte de los legisladores diversas reformas que redujeron el tamaño del aparato burocrático en Chihuahua.

De aprobarse, las plazas podrán ser creadas inmediatamente después que el decreto se publique en el Periódico Oficial del Estado.