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  Perfil político

Los gobiernos de México y Estados Unidos volvieron a ratificar recientemente su postura de no legalizar el uso de drogas y continuar adelante con sus campañas en contra del tráfico de estupefacientes. Sin embargo no presentaron argumentos convincentes y menos datos para probar que las estrategias aplicadas en contra del narcotráfico sean más convenientes que el probar otras formas menos costosas en vidas humanas y con menores pérdidas económicas.

La guerra del presidente Felipe Calderón en contra de los cárteles de la droga tiene poco más de tres años con resultados poco favorables para los ciudadanos mexicanos. A pesar del aparatoso despliegue nacional de decenas de miles de militares y policías federales, el tráfico y consumo de drogas no ha disminuido y en cambio ha aumentado exponencialmente la violencia con su trágico saldo para miles de familias.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó hace poco que alrededor de medio millón de mexicanos estaban involucrados en el negocio de las drogas. ¿Se tendrá que arrestar a tal cantidad para eliminar este problema? La respuesta es obvia pues de poco o nada sirve aprehender a varios traficantes, pues inmediatamente son reemplazados y menos efectivo lo es cuando la mayoría de los detenidos son humildes campesinos o narcomenudistas de poca monta. En cambio los que lavan millonarias cantidades de dólares y las invierten en empresas legales no son molestados y continúan con su lucrativo negocio al igual que los altos funcionarios públicos y jefes policiacos que protegen a las bandas criminales.

La raíz del problema del narcotráfico no se erradicará con acciones tipo Rambo o militarizando a las poblaciones en el país. Se requieren acciones concertadas entre el estado y la sociedad que combatan a la drogadicción como lo es, una enfermedad individual y social. Criminalizar al drogadicto no evita que éste continúe con su vicio y lo único que se logra es su involucramiento en actividades criminales. En algunos países europeos se les permite a los drogadictos aplicarse su dosis en establecimientos oficiales y se les ayuda con programas de empleo para que no se conviertan en delincuentes.

Las millones de personas que son adictas a las drogas en México y los Estados Unidos no dejarán de serlo sólo porque incurren en un delito y menos lo harán sus proveedores para los cuales es un jugoso y lucrativo negocio. Tampoco los funcionarios públicos y agentes policiacos dejarán de corromperse y dejarán de simular que combaten al narcotráfico a la vez que protegen a los narcotraficantes a cambio de grandes sumas de dinero.

Si la realidad demuestra que las acciones emprendidas durante décadas por los gobiernos mexicanos y estadounidense han tenido pobres resultados, ¿Por qué no debatir sobre la posibilidad de legalizar las drogas en ambos países? Legalizar no es sinónimo de fomentar el consumo como erróneamente se maneja, sino algo tan sencillo como que el estado asuma el control del tráfico de drogas por ahora en manos del crimen organizado.

Asumir la responsabilidad y actuar en consecuencia es el primer paso que deben dar las autoridades y la sociedad para en realidad poder enfrentar el grave problema del narcotráfico más allá del enfoque policíaco y político, pues este complejo problema ante todo es social, económico y cultural.