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  Perfil Político

El asesinato de 15 personas en una colonia de Ciudad Juárez conmocionó a la opinión pública nacional e internacional, sobre todo porque 7 de las víctimas eran estudiantes de preparatoria y universitarios. La fuerte presión mediática motivó que los tres poderes estatales se mudaran a la frontera para que sus titulares atendieran directamente la crítica problemática que ha convertido a esta ciudad en la más violenta del mundo.

El supuesto móvil de esta matanza es un ajuste de cuentas entre pandillas locales por cuestiones de tráfico de drogas. La versión oficial es que una célula de sicarios del Cártel de Juárez, del cual depende la pandilla Los Aztecas, recibió la orden de ejecutar a varios miembros de la pandilla Artistas Anónimos, dependiente a su vez del cártel de Sinaloa. De forma brutal e irracional los matones acribillaron son distingo alguno a los 50 ó 60 asistentes al festejo que se realizaba en un domicilio particular.

La anterior explicación no es justificatoria y menos convincente para los deudos de los jóvenes inocentes que fueron asesinados sin tener algún nexo o relación con organizaciones criminales. Algunas de las víctimas eran estudiantes ejemplares, deportistas y con un buen desempeño académico e incluso trabajadores que ayudaban al sostén de sus familias. La justa indignación popular no sólo juarense, sino nacional evitó la tradicional criminalización de los fallecidos y heridos por parte de las autoridades para intentar minimizar lo que ya es un estigma para toda la sociedad mexicana.

Este lamentable hecho es sin embargo una evidente prueba más de la ausencia de la cultura de la legalidad en este municipio fronterizo y en el resto del país. La misma noche en que ocurrió la masacre juarense en Torreón eran asesinadas 10 personas y heridas otras más en un bar. Tan solo en el mes de enero de este año fueron ejecutados 904 mexicanos, una buena parte de ellos en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua.

La poco exitosa guerra en contra del crimen organizado, que en vista de los últimos sucesos más bien parece desorganizado, no puede continuar sin atacar las raíces del problema mismo que es de índole político, económico, social y cultural. En lo político amerita la depuración de los funcionarios y policías involucrados en actividades ilícitas. En lo económico se requiere la transparencia y decomiso de los bienes de origen ilegal utilizando para ello los mecanismos y sistemas administrativos público. Lo social a su vez necesita un programa integral de atención sobre todo a los jóvenes marginados, así como intensivas campañas preventivas. Y sobre todo se debe fomentar y fortalecer la cultura de la legalidad en todos los integrantes de la comunidad.

La cultura de la legalidad ha sido poco o nada cultivada en la sociedad mexicana por lo que no debe sorprender el alto grado de criminalidad que existe en todo el territorio nacional. Aunada esta carencia a la impunidad se ha creado un peligroso caldo de cultivo de conductas ilícitas sobre todo en la juventud, buena parte de la cual no cuenta con las alternativas tradicionales de trabajar o estudiar. Arrojados a su propia suerte, decenas de miles de jóvenes en Ciudad Juárez son atraídos por los mitos del dinero fácil y se involucran en las organizaciones criminales.

El traslado de los poderes estatales a Ciudad Juárez no deja de ser una reacción improvisada para enfrentar una grave crisis pero por sí mismo este hecho no tendrá mayores efectos. Tampoco la visita del presidente de la República podrá corregir la ingobernabilidad que vive la urbe fronteriza. Solo la combinación de las acciones del estado y la sociedad civil comprometidos en una cruzada común podrá lograr que la cultura de la legalidad impere en el país y no se repitan masacres como la que enlutó una vez más a Ciudad Juárez. Por lo pronto, nuestras sentidas condolencias para los familiares de los jóvenes asesinados y una permanente solidaridad para las miles de víctimas de esta irracional e injustificable violencia.