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  Nadie en su sano juicio puede estar en contra del combate a la corrupción. La falta de transparencia en la ejecución de los programas públicos, el patrimonialismo presupuestal y la incertidumbre sobre el cumplimiento de la ley durante años delinearon las facciones más crudas de nuestro sistema político. Esto impuso costos de transacción altísimos a toda la sociedad, al grado que algunos países, como en el año 2003 Alemania, establecieron deducciones fiscales en materia de pagos a funcionarios públicos que tuvieran que hacer sus empresas nacionales cuando realizaran inversiones en América Latina, México inclusive.

Al parecer, eso ha terminado o, al menos, existe la determinación para que así sea. Ahora que se está empeñado a llevar el combate a la corrupción hasta sus últimas consecuencias, aún a costa de interpretar la ley a su conveniencia y de pasar por alto un elemento sustancial de la gobernabilidad democrática: el Estado de Derecho.

El combate a la corrupción del pasado, sin embargo, tiene un costo político. Los estudios sobre consolidación de la democracia muestran que las transiciones exitosas son aquellas que han hecho énfasis en la reconciliación nacional, no en la satisfacción del resentimiento de unos cuantos. Ciertamente, los temas delicados crean dificultades y costos. Sin embargo, es necesario tener presente que la posibilidad de excluir del debate público los asuntos problemáticos para la propia existencia de la democracia, ha sido la clave de la consolidación de las transiciones exitosas. El reto de estos procesos es pues, generar consensos sobre un principio de continuidad que permita mantener una visión de largo plazo, y que se convierta en el más sólido fundamento del desarrollo y bienestar de la población. En ello el caso de Chile es paradigmático.

Si consideramos que una de las características esenciales de los regímenes democráticos es la flotación del poder y que ello significa que cualquier partido puede llegar, entonces podemos entender que el combate a la corrupción sea utilizada por algunos para destruir a los rivales políticos, aun sin pruebas fehacientes. Lamentablemente, la sucesión de venganzas recíprocas puede poner en riesgo la estabilidad institucional.

Dado el carácter plural de la democracia, es necesario tener presente que en todo proceso de transición una de las principales dificultades es mantener la civilidad en la convivencia con aquellos que piensan distinto, y en algunos casos, con quien se cree que nos ha hecho daño. Es aquí donde un renovado compromiso con los valores democráticos de la tolerancia, el respeto y el diálogo puede rendir sus mejores frutos. Por ello, desatar una persecución del tipo que se ha desatado tendrá efectos perniciosos en este sentido porque se trata, en el mejor de los casos, de una persecución que violenta el Estado de Derecho y que tiene un cierto olor a venganza.

No faltará, sin embargo, quien opine que se trata de un mero acto de justicia fundado en la certeza de que los involucrados faltaron a la ética. No obstante, como ha hecho notar Ludwig Wittgenstein, la diferencia entre los conceptos "saber" y "estar seguro" no tiene ninguna importancia, salvo cuando "sé", quiere decir no puedo equivocarme. Muchas veces "continúa" no nos damos cuenta de lo especializado que es el uso de "sé". Puesto que "sé" describe un estado de cosas que garantiza como un hecho todo aquello que se sabe, con frecuencia nos olvidamos de la expresión "creía saberlo". Antes que nada "concluye" es preciso demostrar que se sabe; "que no me equivoque en esto, ha de establecerse de un modo objetivo".

Si cualquier partido fuere una amenaza para la conservación o ampliación del Estado democrático, la persecución desatada en su contra podría justificarse ya que constituiría una Razón de Estado. Sin embargo, desde las elecciones del 2000 ha quedado claro que el PRI es una oposición leal a las instituciones democráticas. Por ello, cualquier persecución no pasa de ser un maquiavelismo vulgar, dispuesto a usar sin ética todos los medios de la lucha política. Un maquiavelismo que parece decir "El Estado soy yo" y servir de justificación para que el partido en el poder pueda gobernar plebiscitariamente con apoyo de los medios. Las filtraciones tienen pues, un objetivo político, no judicial, la exoneración seguramente vendrá después de las elecciones a gobernadores en este año, cuando el daño ya esté hecho. Por ello, de ser correcta esta hipótesis, el Estado de Derecho que tanto trabajo ha costado empezar a construir, sería el más lastimado.